Que no nos engañen


Vicepresidente del Club Financiero Atlántico

El miércoles por la tarde, el presidente Sánchez afirma: «Vamos a modificar la ley que regula el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para que sea la banca, y nunca más el cliente, quien pague el impuesto». A mí, este postureo me puede, en serio que me puede, pero el que ya me desborda definitivamente es el de Pablo Iglesias, que en la estrategia de yo más, afirma: «No es suficiente, la banca tiene que devolver el dinero a las familias». Pero, vamos a ver, el dinero, ¿dónde está? En las arcas autonómicas, ¿no? Y el marco legal, ¿quién lo elaboró? El Estado ¿no? Pues será este, en última instancia, el culpable. ¿O acaso lo tienen los bancos en sus cuentas? Ah, no, el Estado no va a poner un duro. ¡Por Dios! ¡El Estado! Esto sí que es una herencia de la dictadura. Llevamos cuarenta años de franquismo y otros cuarenta de democracia pensando que el Estado nunca se equivoca, que si algo le sale mal es por culpa de las manos sucias que se aproximan a él. Tanto lo hemos sacralizado que vivimos en un perfecto síndrome de Estocolmo. ¿Cuándo romperemos las cadenas?

Vamos a por la banca, a por ella, otra vez. Este es el grito. Se lo merecen, les hemos dado miles de millones. Bueno, a las entidades financieras sí, a la banca, no. El rescate fue a la banca pública, las cajas de ahorro, esas entidades cargadas de nepotismo y con un ejército de políticos serviles a sus pies. «¿Que su esposa está en el paro? No se preocupe, ahora se la ubicamos en una oficina cerca de casa. ¿Que a la empresa de su cuñado le cuesta obtener crédito? Tranquilo, algo se hará». Es a ese tipo de entidades financieras a las que se rescató y, al hacerlo, no se le dio oxígeno a sus dirigentes, que se lo pregunten a los carceleros de Gayoso. No, se rescató a los impositores, a los depositantes, a ellos les salvamos sus ahorros. Y sí, porque en otro país se hubiera pagado el agujero con el saldo de la clientela y después, saldamos y hablamos. ¿Quién pagó el rescate del Popular? ¿El Estado? Pues eso.

El impuesto de actos jurídicos documentados tiene entre sus objetivos gravar la compra de un inmueble. Ese es su fin principal y, si lo redactaron mal o regular, no deja de ser más que un problema de redacción, la finalidad del Estado era clara. Así que si Pablo Iglesias considera una injusticia que lo abonemos, ya sabe, que aproveche la barra libre de Sánchez y le exija que lo retire del mapa de tributos. ¡Ah, no! Que lo pagará la banca y no el pueblo. Me duele el oído solo de escucharlo. A la banca hay que decirle que compre el dinero y después nos lo venda, y punto. Así sabremos realmente cuánto nos está cargando por nuestro crédito. Si le decimos que asuma carga fiscal, lo que va a hacer es encarecer el crédito. Y entraremos en lo de siempre, el cliente informado y con capacidad de negociación será capaz de neutralizar el efecto, pero el resto, que es la inmensidad del país, verá cómo se encarece la compra de su vivienda, y todo, ¿por qué? ¿Por unos titulares oportunos en un momento oportuno? Lo que no podemos es estar permanentemente engañando a la población con discursos fáciles. El pueblo español no es estúpido, no puede serlo, no debe serlo.

El problema del alquiler es un ejemplo de ello. Se estigmatizó al propietario, se ninguneó su seguridad jurídica y, en paralelo, se dificultó la promoción de viviendas. Resultado, ya lo sabe. Lo puede ver en Madrid, Pamplona, Málaga, Mallorca… Y en breve lo verá en A Coruña y en Vigo. Antes de dos años estará ocurriendo en las grandes capitales gallegas. Pero este país es así, ya no queda ideología, solo políticos de botellón, de esos que creen que el éxito se basa en dar el trago más largo. Por Dios, que haya elecciones ya.

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