Saltarse al juez, ¿el fin de la piratería?

PP, PSOE y Ciudadanos registran una enmienda en el Congreso para cerrar webs reincidentes de descargas ilegales sin autorización judicial; los críticos alertan sobre la pérdida de libertades


Redacción / La Voz

Comienza a remitir -el último Observatorio de la Coalición de Creadores registró un descenso del 6 % en el acceso ilegal a contenidos-, pero la piratería continúa aquí bien vivita y coleando, con España anclada en los puestos más altos del ránking europeo. Los controles se han reforzado, pero ¿son suficientes? ¿Es un problema de cantidad o de calidad? ¿Es el correcto, el más eficaz, el camino que se está tomando para luchar contra las descargas clandestinas, para erradicar la difusión de lo ajeno, sin permiso, a través de Internet? En el 2011, cuando se tramitó la polémica Ley Sinde, el PSOE, instalado (también) entonces en el poder, garantizó que ninguna web sería cerrada sin autorización judicial, limitando así, de cierta forma, el poder de «censura» del Ejecutivo. Los años han pasado y las cifras, aunque menguantes, siguen siendo motivo de alarma: 21.899 millones de contenidos obtenidos de forma ilegal el año pasado. Películas, series, videojuegos, libros, canciones. 1.875 millones que la industria ha dejado de ganar, según el citado informe.

Tras la aprobación del Europarlamento, a principios de mes, de la controvertida reforma de los derechos de autor, PP, PSOE y Ciudadanos registraron esta misma semana una enmienda conjunta a la Ley de Propiedad Intelectual -Ley Sinde- en el Congreso que propone la posibilidad de cerrar de forma directa páginas que hayan incumplido la norma de forma reiterada, sin previo paso por el juzgado. La clave está, explican los tres grupos, en la reincidencia. El objetivo es, señalan, agilizar el proceso.

Si una web incurre hoy en un delito de propiedad intelectual, por ejemplo, colgando una película sobre la que no tiene derechos, solo podría ser clausurada con una resolución judicial en la mano. Lo mismo sucede si, al cabo de un año, la sanción se levanta y ese mismo portal, atrevido, con el mismo contenido, vuelve a funcionar. Lo que contempla el nuevo texto es la posibilidad de que la Administración actuase ya, en casos con «antecedentes», sin autorización de los jueces. Debe, por tanto, haber varias denuncias (y resoluciones) antes de que un órgano ejecutivo tuviese poder para mover ficha. Además, desde el PSOE precisan que existe un control judicial posterior: la web puede recurrir su cierre ante los tribunales.

Los críticos resoplan mientras Cultura insiste en que solo se suprimiría el paso por el juzgado en casos de webs con denuncias acumuladas, un trámite «innecesario que retrasa los tiempos de la Justicia y empeora la tutela efectiva». Podemos ya ha avanzado que no votará a favor de los cambios en un texto «ya de por sí muy delicado» y organizaciones de consumidores, como Facua, se llevan las manos a la cabeza, alertando sobre la pérdida de libertades que esto podría suponer.

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