El futuro energético vuelve otra vez con las renovables bajo el brazo

MERCADOS

MABEL RODRIGUEZ

El giro hacia las energías limpias centrará la política del Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera. Diesel, carbón o centrales nucleares tienen los días contados

30 jul 2018 . Actualizado a las 19:12 h.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, responsable de las áreas de energía, cambio climático, medio ambiente y agua en el Gobierno socialista, ha aterrizado con un ambiciosa agenda de cambios bajo el brazo. Su objetivo, en esta legislatura reducida y atípica de alianzas frágiles en extremo, es sentar las bases para, como el propio nombre de su cartera ministerial recoge, cambiar el modelo energético y que, sin lastrar la competitividad de la economía, deje de ser una amenaza para el medio ambiente, revirtiendo el avance del cambio climático. «Hay que dejar de aplicar la política de la avestruz» y abordar el «imprescindible cambio de modelo energético», avanzando en la dirección que marca la UE, con la innovación y la modernización como claves. Los ejes principales se analizan a continuación:

LEY CONTRA EL CAMBI CLIMÁTICO. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética que Ribera avanzó en su primera comparecencia ante el Congreso este mismo mes será el eje vertebrador de la política del ministerio. La ministra afirmó que «España no puede terminar esta legislatura sin esta ley», con la que el país debería cumplir los compromisos internacionales suscritos contra el calentamiento global, como el Acuerdo de París. Esta normativa, para la que el Ejecutivo necesita aglutinar el respaldo de los diferentes grupos políticos en el hemiciclo, incluirá, entre otras medidas, la obligación de que las empresas cotizadas publiquen un informe anual de evaluación del riesgo climático y de carbono de su actividad. Ribera explicó que estos reportes permitirán testar cómo de bien se hacen los deberes en materia climática, además de impactar en el diseño de las estrategias de negocio del las compañías.

Pero las cotizadas no serán las únicas que deberán repensar cómo su funcionamiento incide en el entorno. Igualmente se pretende modificar la Ley de Contratación Pública para que incluya los nuevos requisitos ambientales y climáticos para todos los proveedores y contratistas de la administración.