Eliminar el tope en la cotización social recortaría el sueldo a 48.000 gallegos

La medida permitiría recaudar unos 4.500 millones adicionales al año para mejorar la financiación del sistema de pensiones; la carga se repartiría entre los trabajadores con sueldos superiores a 3.800 euros brutos y sus empleadores, que verían disparado el coste laboral

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Redacción / La Voz

Durante meses, no se habló de otra cosa. Las protestas de los jubilados, indignados por la pérdida de poder adquisitivo de sus pensiones, copó titulares y conversaciones y generó tal presión social que el anterior Gobierno tuvo que dar su brazo a torcer y volver a vincular -en teoría solo temporalmente- las pensiones al IPC. Dinamitaba así uno de los pilares de la reforma que el mismo Rajoy había impulsado solo cinco años antes, en su primera legislatura, con el objetivo de contener el déficit de la Seguridad Social, que crecía (y crece) desbocado.

Solo el pasado ejercicio, el desfase presupuestario del organismo superó de largo los 18.000 millones de euros, y la subida del 1,6 % aprobada en los Presupuestos, que tendrá carácter retroactivo desde enero, podría elevar aún más la cifra. La cuestión más urgente es, pues, encontrar la manera de incrementar los ingresos para contener los números rojos.

Y la primera propuesta que puso sobre la mesa el nuevo presidente del Gobierno no tardó en generar controversia. En la entrevista con la que se estrenó en el cargo, Pedro Sánchez anunció su intención de eliminar los topes en las bases de cotización. Una idea que lleva años sobre la mesa, pero sobre la que nunca se ha conseguido el consenso necesario para llevarla a la práctica. La propuesta es sencilla: hasta ahora, la Seguridad Social no grava la totalidad del salario si este supera los 3.751,2 euros brutos al mes (un límite que se elevará a 3.803,7 a partir de agosto, tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado). Hasta esa cantidad (que, multiplicada por doce pagas, alcanza los 45.644 euros anuales), se aplica el tipo de cotización estándar del 28,3 %, del que la empresa asume un 23,6 y el trabajador el 4,7 restante. Pero si la nómina excede esa cuantía, la parte sobrante queda exenta.

La idea que plantea el Gobierno es eliminar esa base máxima y que todo el salario quede sometido a cotización. Una medida que, según un estudio del antiguo Ministerio de Empleo (en la época en que estaba al frente Fátima Báñez), permitiría al erario ingresar 4.470 millones adicionales al año, carga que recaería principalmente en las empresas, puesto que son las que soportan el grueso de las cotizaciones sociales. Su aportación aumentaría en unos 3.728 millones, según el documento, mientras que los otros 742 millones recaerían sobre los trabajadores afectados por la medida, que rondan el millón, según varias estimaciones.

Una estimación conservadora si se compara con los cálculos de los sindicatos, que son los que más han presionado para que se destopen las cotizaciones y mejorar así los ingresos de la Seguridad Social. Según un informe de Comisiones Obreras, la medida podría inyectar en el sistema unos 8.626 millones adicionales al año, casi el doble de lo que estimaba el anterior Gobierno.

Pese al baile de cifras, lo único claro es que el destope de las cotizaciones daría un mordisco a las nóminas de los trabajadores mejor pagados. En el caso de Galicia, serían unos 48.000 los asalariados afectados, que son los que, según los datos de la Agencia Tributaria, tienen sueldos que superan la base máxima, que menguarían en caso de tener que tributar más.

Y lo mismo ocurre con las empresas, que verían cómo se dispara el coste laboral de estos empleados. Pongamos un caso práctico. Un trabajador que cobra 55.000 euros brutos al año, ahora (de acuerdo a la base máxima que regirá a partir del 1 de agosto) solo paga a la Seguridad Social por los primeros 45.644,4, lo que se traduce en un coste de 2.145 euros anuales para el asalariado. A esto hay que sumar los más de 10.770 euros que tributa su empresa por las contingencias comunes, por lo que el coste real para la compañía de mantener ese puesto de trabajo rozaría los 66.000 euros (en realidad es mayor, si se suman las cotizaciones por otros conceptos, como desempleo o Fogasa).

Si se destopasen las cotizaciones, ese mismo asalariado vería cómo su aportación a la Seguridad Social aumenta hasta los 2.585 euros al año, un 20 % más. O, lo que es lo mismo, su sueldo bajaría en 440 euros (casi 37 al mes). Para la empresa, el coste se dispararía hasta los 12.980 euros anuales, a razón de unos 184 más al mes.

Con estas cifras, es fácil entender por qué la patronal ha manifestado ya su oposición total a una medida que, según su versión, «restaría productividad a las empresas» y, como consecuencia, podría amenazar una de las patas del acuerdo salarial firmado con los sindicatos, que abría la puerta a aumentar los sueldos un 1 % adicional (a los dos puntos de incremento lineal recomendado) en caso de que los resultados de la compañía lo permitan. En la misma línea se manifiestan desde la Confederación de Empresarios de Galicia, donde dicen que «la medida incrementa los costes al factor trabajo y las cargas de las empresas, constituyendo un desincentivo a la hora de atraer inversión y retener el capital humano».

Incluso en los sindicatos, que han sido los que más han presionado para que se destopen las cotizaciones, hay alguna discrepancia interna sobre la medida, contestada por los trabajadores de sectores que, por sus condiciones, se verían más afectados (por ejemplo los de banca). Por eso, desde Comisiones Obreras-Galicia apuntan que el destope de las cotizaciones debe venir acompañado de un incremento de la pensión máxima, para que ese esfuerzo extra de los trabajadores mejor remunerados se traduzca en el futuro en una mejor paga de jubilación. Eso sí, esta última no subiría en la misma proporción, sino de forma progresiva, en un horizonte de varios años.

Esto es, no habría un destope de la pensión, que es lo que piden otros expertos, que recuerdan que el sentido de que haya una base de cotización máxima es que también existe un límite en la prestación que se recibe del Estado, por lo que eliminar los topes a una sin hacer lo propio con la otra sería «confiscatorio». Además, recuerdan que los trabajadores que cotizan por la base más alta son, en proporción, los que menos retorno obtienen del sistema en el momento del retiro, ya que la brecha entre la cotización y la pensión máxima se ha ido ampliando en los últimos años, cuando la primera se ha incrementado sensiblemente más que la segunda.

Sin embargo, apuntan otros expertos laboralistas, aceptar un destope de la pensión máxima a cambio de mejorar los ingresos a corto plazo solo sería una huida hacia delante, ya que el problema de la financiación resurgiría con fuerza en unos años, cuando los trabajadores que ahora aumentaran sensiblemente sus cotizaciones reclamasen prestaciones proporcionales a lo aportado.

Los otros afectados

Además de la justicia contributiva o los efectos en la competitividad empresarial, los que se oponen a la medida plantean otra salvedad al destope. Y es que, aunque en la práctica solo afectaría a los trabajadores mejor remunerados, en la práctica los castigados podrían ser otros. Argumentan que las empresas, ante el incremento de los costes laborales, podría preferir priorizar a los empleados con mejores sueldos (generalmente cargos directivos o cuadros intermedios) y realizar ajustes en los salarios del resto de la plantilla. Pero, hasta que el destope sea una realidad, son solo hipótesis.

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