Un nuevo paisaje político se ha dibujado inesperadamente en España. Lo que parecía un escenario propicio solo para ir tirando como se pudiera hasta el fin de la legislatura (es decir, puro tiempo perdido), se ha convertido en un panorama complejo, lleno de incertidumbre y acaso también de conflictividad, pero también interesante en alto grado. De hecho, se han abierto algunas oportunidades que hace bien poco eran casi impensables. Tienen que ver con aspectos de la política general que el Gobierno anterior descuidó de un modo manifiesto, y que por eso mismo al nuevo Ejecutivo se le ofrecen como resquicios por donde dejar su huella.
Es obvio que para cualquier cosa que pretenda hacer, el Gobierno de Pedro Sánchez debe superar tanto el lastre que supone su debilidad parlamentaria como el hecho de partir de un presupuesto elaborado por otros. Por eso, por bien que lo haga, sus cambios solo podrán ser incipientes, y no conformar políticas completamente nuevas. Pero en los meses que tenga podrá emitir un conjunto de señales que abran un tiempo renovado en materias que el país necesita tanto como -dejando ahora al margen la cuestión más difícil, la territorial- las políticas sociales para combatir la desigualdad, la mejora institucional y el impulso, de una vez por todas, de la innovación; entendida esta última en sentido amplio, para incluir no solo a un sistema científico y tecnológico ahora al borde del colapso, sino también la necesidad de tomarse en serio los problemas energéticos o el cambio climático. No se trata ahora de que al propio partido le pueden venir muy bien esas señales como etiqueta electoral (lo que probablemente ocurra); es que el país realmente necesita un cambio de rumbo en esos aspectos, que por ahí puede abrirse camino.
Hay un aspecto importante de la política general (y de la económica en particular) para el que se abre una gran oportunidad de mejora: la política exterior. Porque la presencia del país en el mundo ha declinado mucho en los últimos años, estando nuestra diplomacia prácticamente desaparecida en todos los escenarios importantes. La personalidad y solvencia del ministro Borrell anima a pensar que al menos se intentará recuperar algunas de las posiciones perdidas. En este punto es fundamental el papel a jugar en la UE, un papel que en los últimos años ha sido de creciente irrelevancia.
Y es que el Gobierno de Mariano Rajoy pudo acertar o no al comienzo de su gestión pegándose estrictamente a la canciller alemana y su política (a más bien, antipolítica) europea; después de todo, la gran debilidad económica y financiera del país dejaban pocos márgenes para arriesgar buscando otro tipo de socios. Pero la insistencia en mantener esa posición ha acabado por llevar a España a la inanidad, sin capacidad apenas para combatir al frente manifiestamente insolidario que, desde el norte del continente, y liderado ahora más por Holanda que por Alemania, amenaza con bloquear cualquier reforma efectiva del euro.
Sin embargo, para la economía española constituye una necesidad objetiva avanzar en un acuerdo que impulse la solidaridad financiera y refuerce los mecanismos comunes de estabilidad. Y para eso es obligado buscar la complicidad de otros países -los del sur- cuyos intereses van por el mismo camino. Pues bien, se presenta ahora una oportunidad de oro para que el Gobierno se vuelque en defender esa idea reformadora: el próximo Consejo Europeo tratará de ello. Bastará con hacer lo que el Ejecutivo de Rajoy ya había anunciado que no haría: adherirse con fuerza a la posición que defenderá allí el presidente francés. De esa batalla, si se da con acierto, solo puede salir un refuerzo de la, ahora tan débil y resignada, posición española.