La despoblación, una espada de Damocles sobre la planta municipal

Más de la mitad de los municipios españoles están en riesgo de extinción demográfica a medio plazo; el sentimiento de identidad y pertenencia convierte las fusiones en una excepción

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Redacción / La Voz

Cuando el Gobierno de Rajoy aprobó en el 2013 la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, se pensó que existía un riesgo de que se promoviera por decreto la fusión de municipios, como una medida de ahorro que algunos expertos cuestionan. En aquel momento, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales elaboró un manifiesto preventivo en el que se criticaba el eventual fomento de la fusión de municipios «sin tener criterios de identidad, sino económicos, y sin tener en cuenta la voluntad del vecindario que los habita».

El debate sobre la planta municipal española, que cuenta con un número de entidades locales muy superior a la media europea, sigue estando en la agenda, aunque quizás no de la manera acuciante con la que entró en el debate político de la mano de la crisis económica. La propia realidad demográfica del país está, poco a poco, condicionando el futuro de unos municipios que se quedan sin gente, apenas tienen servicios y se mantienen al margen de los grandes cambios económicos y tecnológicos del país.

Un reciente informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre el problema demográfico que atenaza al sistema municipal español, cuyo origen se sitúa en el primer tercio del siglo XIX, adelantaba un futuro infausto. Unos 4.000 municipios, más de la mitad de los que hay en todo el Estado, «se encuentran actualmente en un riesgo más o menos severo de extinción a medio o largo plazo». Poniendo la lupa sobre el problema, en el 2000 había 928 ayuntamientos con menos de 100 habitantes. Ahora son más de 1.300. ¿Qué pasará con estos municipios que van a acabar despoblados? ¿Serán absorbidos por los concellos circundantes? ¿Simplemente desaparecerán sin dejar rastro? ¿O se mantendrán hasta que se vaya el último vecino?

Mientras esto sucede -solo el 3,15 % de la población vive en el 61 % de los municipios-, organismos colegiados como la FEMP reclaman políticas de dinamización del medio rural, donde en buena medida residen las esencias de las distintas culturas españolas y que corren el riesgo de extinguirse. «Es una cuestión de Estado, un problema de primer orden», aseguran.

«La verdad es que no tengo una solución para el problema de la despoblación en las zonas rurales», asegura Alfredo García, alcalde socialista de O Barco de Valdeorras y presidente de la Federación Galega de Municipios (Fegamp). «Y he intentado múltiples iniciativas en las aldeas, pero con efectos muy escasos», admite. «Y efectivamente, si no hay población no hay municipios». García cree que la diferencia en número y calidad de servicios entre la ciudad y el campo sigue impulsando esta emigración interior hacia las ciudades y sus áreas metropolitanas. Pero también matiza que la situación en Galicia es diferente. «Aquí tenemos 313 concellos y solo en la provincia de Burgos hay más de 400, y muchos de ellos con menos de 1.000 habitantes, algo que tampoco sucede aquí. El minifundismo es mayor en otras comunidades», explica.

Los datos dan la razón a Alfredo García. En Galicia apenas hay municipios con menos de 1.000 habitantes en las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra . En Ourense suponen el 26 % del total, nada que ver con provincias como Salamanca, Ávila, Teruel, Zamora o Burgos, todas por encima del 90 %.

Así, la brecha entre la España rural y la urbana cada vez es mayor, también en la representación política. Los nuevos partidos -Ciudadanos y Podemos- se hacen fuertes en los ámbitos urbanos, mientras que en los pueblos y villas medias aún reina el bipartidismo, a veces aderezado con clientelismo. Un estudio del Colegio de Economistas sobre el futuro de los municipios, con valiosas aportaciones de los profesores de Hacienda Pública gallegos Luis Caramés Viéitez y María Cadaval Sampedro, realizaba esta interesante reflexión sobre el arraigo del municipio en el subconsciente colectivo y el peligro de recetar la fusión sin tener en cuenta esta realidad. «Ignorar el anclaje del tejido local en la tradición está fuera de propósito. Y así sucede cuando de manera harto superficial se afirma, en un tono relativamente dogmático, que el redimensionamiento de los entes locales por la vía de fusión es imprescindible. Se trata, en definitiva, del error de asumir una concepción simple y ahistórica del problema». Un párrafo que es un verdadero manifiesto para empezar a hablar de la planta municipal española.

Parcelación excesiva

En este contexto de deriva hacia la extinción, el Colegio de Economistas alerta en su informe de una parcelación institucional «que se antoja excesiva y cara», pero que sobrevive precisamente por la fuerza que tiene el «apego identitario» de los vecinos con sus municipios, lo que descartaría en principio una reforma vertical y radical de la planta municipal, por su elevado coste social y político. Solo las políticas de mutuo acuerdo parecen ser las óptimas ante esta situación, quizás propiciadas desde el poder autonómico, como sucedió con los procesos de fusión que se dieron en Galicia en los últimos años, los únicos de este tipo que se han dado en España. De hecho, el trámite contrario es más común, pues ahora hay un centenar de municipios más que en las primeras elecciones municipales de la democracia, en 1979.

Según el dictamen de los economistas españoles, el debate sobre la reducción del número de municipios que propició la crisis económica ahogó también lo que se ha bautizado como «segunda descentralización», con graves problemas de financiación y discrepancias de fondo sobre la prestación de servicios, pues los concellos asumen muchas competencias de las que las comunidades autónomas se desentienden, o porque la proximidad es el mejor ecosistema para aplicar ciertas políticas.

Consorcios

Quizás la opción intermedia sean los instrumentos de colaboración entre municipios. Aunque parezca increíble, el modelo inicialmente más extendido en España, la mancomunidad, nació gracias a una ley aprobada nada menos que en 1870, y en todo este tiempo han servido, con resultados desiguales -más negativos que positivos-, para paliar las dificultades de los municipios más pequeños a la hora de prestar determinados servicios, como la recogida de residuos, depuración de aguas residuales... Es decir, los servicios que exigen infraestructuras más caras que los concellos más pequeños no pueden permitirse. Alfredo García, desde su posición como presidente de la Fegamp, cree que lo ideal «es fortalecer las estructuras comarcales y los consorcios de servicios».

¿Cómo lo ven los expertos en población y territorio? Carlos Ferrás Sexto, profesor de Geografía Humana de la USC, tiene claro que es necesaria una reforma profunda. «Es preciso simplificar, jerarquizar y organizar un mapa político administrativo que en España no ha cambiado en dos siglos. Por ejemplo, Portugal tiene más de 10 millones de habitantes, 90.000 kilómetros cuadrados de extensión y 308 municipios sin nada parecido a diputaciones. En Galicia tenemos 2,7 millones de habitantes, 30.000 kilómetros cuadrados y 313 municipios con 4 diputaciones provinciales».

La Unión Europea recomienda municipios con más de 10.000 habitantes. «No podemos tener 1.200 municipios con menos de 100 habitantes y no tiene sentido conservar una estructura creada en una sociedad rural tradicional como era la española en el siglo XIX», explica Ferrás Sexto, que defiende una reorganización municipal «en clave urbana». «Es preciso promover la concentración demográfica a partir de las ciudades y villas, cabeceras de comarca que agrupen municipios rurales. Es preciso promover centralidades en todo el territorio potenciando ciudades capaces de prestar servicios públicos bien desarrollados y organizados», añade.

Balance positivo de las dos fusiones municipales en Galicia

P. González

Oza-Cesuras y Cerdedo-Cotobade accedieron a una mejor financiación gracias a los incentivos por unirse; sus alcaldes apuestan por una reforma radical con fusiones obligatorias

«E que vai pasar coa festa?» Esta era la preocupación fundamental de muchos vecinos de Oza-Cesuras y Cerdedo-Cotobade, coinciden en relatar sus dos alcaldes, Pablo González Cacheiro y Jorge Cubela, ambos del PP, cuando iban puerta a puerta explicando el proceso de fusión. También coinciden en otro aspecto que diferencia a Galicia del resto de España: «Aquí la identidad, el sentimiento de pertenencia, es la parroquia, no el concello», explica González Cacheiro, como dando a entender que los procesos de fusión serían más fáciles aquí que en el resto del Estado. Y otra coincidencia más: las dos fusiones (la de Oza y Cesuras en el 2013 y la de Cerdedo y Cotobade en el 2016) han sido «positivas» para los vecinos. Han logrado más financiación gracias a los incentivos que promocionan los matrimonios entre municipios -especialmente de la Xunta, pero también del Estado- y, como efecto secundario, se ha producido -o se producirá- una optimización de las necesidades de personal laboral duplicado, especialmente el subvencionado por otras administraciones, para poder destinar este dinero a otros asuntos.

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