La incertidumbre política ralentiza la reforma de los subsidios por desempleo

Es la otra cara de la moneda, la más amarga. La de aquellos que no solo han perdido su empleo y no encuentran otro por más que buscan, sino que llevan tanto en desempleo que ya se han quedado sin ingresos. Y no son pocos. Según los últimos datos, referidos al mes de marzo, casi 1,6 de los más de 3,4 millones de desempleados registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal ya no tienen prestación o subsidio al que agarrarse para subsistir. Un desamparo que afecta a 95.000 gallegos en esa misma situación (de los 185.000 parados que había en ese mes en la comunidad).

La situación provocó que durante la crisis se habilitaran nuevos subsidios de último recurso, pensados para atender a los desempleados que se quedaban sin ingresos. El Prepara primero, y luego el PAE, garantizaban una pequeña ayuda económica a los parados durante un corto período de tiempo (420 euros durante seis meses), así como un itinerario personalizado de inserción.

Ambos programas se fueron renovando de forma automática hasta que el Tribunal Constitucional sentenció, el año pasado, que el sistema de gestión de estos subsidios invadía competencias autonómicas, obligando al Gobierno a reformar estas ayudas.

En octubre, cuando el Consejo de Ministros aprobó la prórroga final del Prepara, anunció también que aprovecharía esos últimos ocho meses y medio de vida del programa para reformular el complejo entramado de subsidios y ayudas que existe actualmente.

Pero el plazo que se dio para ello venció el pasado 30 de abril sin que, de momento, se haya llegado a una solución, por la imposibilidad de pactar un nuevo modelo de ayudas con los agentes sociales y con las comunidades autónomas, actores protagonistas de la negociación tras el fallo del Tribunal Constitucional.

La propuesta formulada sobre la campana por el Ministerio de Empleo preveía la creación de una nueva ayuda, bautizada como renta complementaria de desempleo (RED) y que, con un importe de 430 euros al mes, fusionaba el PAE, el Prepara y la renta activa de inserción.

Pero ni los agentes sociales ni la mayoría de los gobiernos regionales le dieron el visto bueno, al entender que el nuevo programa de protección a los desempleados que agotan su prestación contributiva suponía una pérdida de cobertura respecto a los subsidios que ahora, aunque enmarañados entre sí, tienen disponibles. Según las estimaciones de Comisiones Obreras, solo uno de cada cuatro futuros beneficiarios potenciales se verían favorecidos por el nuevo esquema de ayudas. Los otros tres verían reducido el plazo durante el cual pueden acceder a un subsidio.

Precisamente, serían los parados de más de 45 años los más perjudicados, ya que perderían hasta 42 meses (tres años y medio) de cobertura.

La oposición de sindicatos y comunidades obligó al Gobierno a retirar la propuesta para reformularla, lo que ha dejado a los potenciales beneficiarios del Prepara y el PAE en el limbo desde el pasado 1 de mayo. El Gobierno intentó solventar la situación y ganar tiempo para renegociar la RED a través de una enmienda a los Presupuestos en la que regula un nuevo «subsidio por desempleo extraordinario» para los parados de larga duración sin ingresos, que tendrá una cuantía de 430 euros durante seis meses y que estará vigente (siempre que las cuentas salgan adelante) hasta que el paro baje del 15 % o se apruebe el nuevo modelo de ayudas.

Un objetivo que se ha complicado en las últimas semanas, en las que la incertidumbre política ha dejado este asunto, como muchos otros (la reforma de las pensiones es otro ejemplo), en un segundo plano del que no parece que vaya a salir a corto plazo.

El nuevo programa de protección del Servicio de Empleo está en el aire. | ó. Vázquez

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