El informe recientemente presentado al Gobierno sobre la transición energética es claro en cuanto a conclusiones y plazos: descarbonización total de la economía, mantenimiento a medio plazo de las plantas nucleares y de ciclo combinado de gas y apoyo decidido a las energías renovables. Por fin se pretende aplicar el refrán que dice que quien contamina paga, porque las centrales de generación eléctrica y los vehículos contaminantes serán inviables por la penalización de emisiones, y se fomentará la electrificación final del transporte, climatización y otros consumos energéticos que actualmente funcionan mediante combustibles fósiles.
Galicia posee gran parte de la cadena de valor de los aerogeneradores y componentes eólicos, gracias a la implantación de empresas a partir de 1995, debido al excelente recurso, la mano de obra cualificada por la diversificación del sector naval y las ventajas de exportación por transporte marítimo. Galicia llegó a ser la cuarta potencia europea y sexta del mundo en este ámbito.
Y ahora que la cuarta revolución industrial ha llegado para quedarse, Galicia ha de marcarse el objetivo de conseguir el 100 % del consumo mediante generación eléctrica de origen renovable en la próxima década, en la que la energía eólica ha de ser su gran prioridad. Para ello, ha de duplicar su potencia instalada y número de empleos, así como hacer una apuesta en I+D en materia de turbinas de última generación y una gestión eficiente de la energía producida. Para ello es necesario alcanzar un consenso entre todas las fuerzas políticas, porque las modificaciones legislativas han de adaptarse a la velocidad de los cambios tecnológicos, que no esperan.
El Gobierno gallego ha puesto una primera piedra con la ley de fomento empresarial, mediante una actualización de la del 2009. El sector y la Administración deben crear un grupo de trabajo sectorial que permita adelantarnos a las imposiciones de la ONU y el Parlamento Europeo, con el fin de crear un tejido industrial moderno que mejore la calidad de vida y el empleo de las nuevas generaciones. Los departamentos de Industria y Medio Ambiente tendrán que ir de la mano como corresponde a un desarrollo sostenible y ordenado de dicha transición. Asimismo, han de revisarse las políticas fiscales. No es posible que el mayor impuesto ambiental de nuestra comunidad sea el que corresponde al canon eólico, cuyo importe multiplica por cuatro la cifra recaudada por contaminación atmosférica.