Sin noticias de la recuperación o aporofobia económica

Entre los años 2007 y 2016, el 10 % más pobre de la sociedad española vio disminuir su participación en la renta nacional en un 17 % mientras el 10 % más rico la elevaba en un 5 %. Los últimos informes de oenegés reclaman medidas activas para atenuar estas desigualdades, una brecha que se acentúa especialmente cuando se trata de jóvenes y mujeres. El sistema tributario, la precariedad de los nuevos empleos y el alza del precio de la vivienda figuran en el corazón de todas estas propuestas.


Experto en desigualdad y pobreza

Es oficial. La crisis ha quedado atrás y la recuperación económica es un hecho. Es incluso antipatriota no reconocerlo así, aunque no sea cierto. Mientras no se supere una concepción aporofóbica de la economía y en las previsiones macroeconómicas no figuren objetivos y datos de reducción de pobreza y desigualdad, se agradecen informes como el reciente de Oxfam Intermon: La recuperación económica, en manos de una minoría.

España es el país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad desde el año 2007. Tanto la crisis económica como la pretendida recuperación la han pagado y la siguen pagando las personas más pobres. Y de una forma nunca vista en los últimos 40 años.

Entre el 2007 y el 2016, mientras que el 10 % más pobre vio disminuir su participación en la renta nacional en un 17 %, el 10 % más rico la incrementó en un 5 %.

Entre el 2013 y el 2016, 29 de cada cien euros provenientes del crecimiento económico fueron a parar al 10 % con rentas más altas, mientras que tan solo 8 de cada cien terminaron en manos del 10 % más pobre. Cuatro veces más. Una brecha de desigualdad que se agranda si ponemos el foco en mujeres y jóvenes.

Seis grandes factores motivan el desplome de las rentas más bajas. Afrontarlos debería ser la base de cualquier política económica no aporofóbica que asegure el desarrollo del país.

Tener empleo no es suficiente para reducir la pobreza. La reducción del desempleo se está realizando a costa de la precarización de las condiciones laborales. Desde el 2009, el peso de la remuneración salarial en la distribución del PIB ha caído en cuatro puntos. Mientras los beneficios empresariales crecieron un 200,7 % en el 2016, el coste laboral por trabajador está estancado desde el 2012.

España es la economía europea con mayor número de oligopolios y cárteles. Esta falta de competencia, además de suponer una barrera de entrada notable para pequeñas y medianas empresas, provoca que los precios de muchos bienes y servicios sean más elevados, detrayendo renta de los hogares e inutilizando políticas sociales.

Aumento del precio de la vivienda. El 43,3 % de los arrendatarios destinan más del 40 % de sus ingresos a pagar el alquiler, cuando la media europea es del 27 %. España es uno de los países europeos con menor porcentaje de vivienda social: un 1,1 % frente al 32 % de Holanda o el 17 % de Francia.

Un sistema fiscal que recauda mal y de manera injusta: las familias soportan un peso desproporcionado de los impuestos, sobre todo indirectos, y perciben muchas menos transferencias sociales. En el 2014, el 20 % de la población más pobre pagó un 29 % de su renta en impuestos, una cifra solo superada por el 10 % más rico.

La pobreza y la desigualdad se heredan. El techo de cristal, o mejor el suelo pegajoso, que paralizará el ascensor social para los niños y niñas más vulnerables se muestra en múltiples detalles. Nacer pobre implica hipotecar la vida y probablemente también la del 80 % de hijos y nietos.

España es junto a Italia el país en el que las prestaciones menos ayudan a las rentas bajas, según la Comisión Europea y el que menos porcentaje de su PIB dedica a la protección social de familia e infancia: el 0,5 % frente al 1,6 % de media (Unicef, 2015). El 20,4 % de las transferencias públicas va a parar al 10 % más rico de la población, mientras que el 10 % más pobre solo percibe el 4 % (OCDE).

Más allá de pensiones o prestación por desempleo, no existe una política estatal de protección de rentas o garantía de ingresos. El último recurso para los hogares en pobreza severa son las rentas mínimas de inserción, una red de protección fragmentada por comunidades, con bajas cuantías y requisitos burocráticos extremos y basados en la sospecha.

Y no será por modelos de éxito. Sin las pensiones de jubilación, ocho de cada diez personas mayores de 64 años estarían en la pobreza. Con ellas, esta cifra se reduce al 11 %.

Oxfam Intermon propone más de 40 medidas para un plan nacional de reducción de la desigualdad. Quizá habría que empezar por menos apelaciones a la patria y más al Estado social y de derecho.

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