La nueva ley y las ingenierías gallegas
MERCADOS
La nueva ley de contratos ha satisfecho medianamente nuestras expectativas. La compra de servicios de ingeniería y arquitectura según criterios de calidad no solo era una imperiosa necesidad del sistema, sino una imposición de las directivas europeas. Por tanto, una situación que obligatoriamente debía plasmar un texto legal. Con ello hemos logrado aproximarnos a los beneficios que provocan sistemas de licitación de países avanzados en materia de contratación pública, que primando la calidad consiguen reducir incidencias y optimizar la inversión. Debemos aprovechar el impulso del cambio normativo, para situarnos al nivel de los grandes organismos internacionales (Comisión Europea, Banco Mundial) que puntúan las ofertas otorgado un 80 % a la calidad y un 20 % a la oferta económica y seguir avanzado en el sistema de contratación, aproximándonos a otros modelos europeos que apuesten por la calidad; buscando así modelos más eficaces y transparentes.
Al sector le preocupa especialmente que no se ofrezcan las mismas condiciones de igualdad a todos los operadores económicos intervinientes, de manera que en un mercado liberalizado como el actual «juegan con las cartas marcadas» las universidades, los centros tecnológicos y las ingenierías públicas (Ineco). Es el empresariado privado, quien contribuye al PIB de España y genera puestos de trabajo, pero son estos agentes quienes ostentan mayores privilegios en la contratación pública. Urge una solución a estas situaciones de competencia desleal, que el marco legal contempla pero no aplica.
La ley define el esquema básico del sistema de contratación, pero faltan por definir las reglas de juego a través de los pliegos de contratación y de su reglamento, de gran importancia ante tanta generalidad.
Esperamos que este cambio de modelo contribuya a valorar adecuadamente los servicios de ingeniería y arquitectura, llevándonos a estándares de otros países como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido.