La utópica transición energética

Ni el apagón nuclear ni la «descarbonización» del país parecen factibles. Mientras, ciudadanos y empresas pagan más cara la factura de la electricidad


Tras la catástrofe de la central japonesa de Fukushima, en el 2011, el Gobierno alemán pactó el cierre progresivo de todas las plantas nucleares del país, así como el apagón definitivo a más tardar en el 2022. Con la reciente firma del Acuerdo Climático de París, el Ejecutivo de Angela Merkel se ha comprometido además a «descarbonizar» Alemania hasta el 2050. Para ello ha aprobado una ambiciosa agenda, según la cual tanto la electricidad, como el transporte, la calefacción y los procesos industriales deben ser 100 % verdes.

«Cuando nació la ley de las energías renovables en el año 2000, el kilovatio de las centrales fotovoltaicas costaba 46 céntimos. A día de hoy algunas producen el kilovatio por apenas 6», se jacta Rainer Baake, secretario de Estado del ramo, que está convencido de que la locomotora europea cumplirá su objetivo con creces. De hecho, los ministerios de Economía e Investigación acaban de dar el visto bueno a una inyección de 100 millones de euros para diseñar innovadores proyectos de aprovisionamiento sostenible de las ciudades, donde calculan que viven dos tercios de la población alemana y teniendo en cuenta que los hogares consumen más de una cuarta parte de la energía total del país.

Sin embargo, a nadie le cabe ya duda de que ni el apagón nuclear ni la «descarbonización» completa de Alemania son factibles, como empiezan a reconocer incluso las propias autoridades. En una entrevista reciente con la revista Merkur, el director de la gestión de servicios de Fürstenfeldbruck confiesa que, aunque el municipio consume desde hace poco energía limpia, solo el 16,6 % es de producción propia. «Si la combinamos con la que generan las empresas privadas, llegamos al 40 %», explica Enno Steffens. Ni siquiera cuadruplicando la eólica, el país tendría suficiente para «descarbonizarse», según un documento del Ministerio de Economía.

Un debate en el que los ciudadanos de a pie ni entran, pues su principal preocupación es pagar a final de mes la factura de la electricidad, que se ha encarecido en los últimos años debido al impuesto para el apagón nuclear. Una tasa que supone un incremento de hasta 6,88 céntimos de euro por cada kilovatio consumido, y que fue creada por el Gobierno para remunerar a los consorcios independientemente de lo que produzcan, que siempre dependerá de que brille el sol y sople el viento. Solo en lo que va de año, los alemanes han desembolsado 14.000 millones de euros, y en el caso de las pequeñas y medianas empresas la cifra puede alcanzar los seis dígitos.

Así, una humilde panadería destina más de 15.000 euros anuales a las eléctricas por un consumo que ronda los 220.000 kilovatios, mientras que una con 200 empleados y una veintena de locales paga hoy casi 90.000, frente a los 5.000 de hace una década. La presión se deja notar en todos los sectores. Por eso, la Federación Alemana de Artesanos (ZDH) acaba de publicar un documento de diez páginas publicado por Die Welt, en el que exige que sea el Ministerio de Finanzas el que corra con los gastos. De esa forma, la progresión tributaria evitaría una distribución desigual de la carga, que «ahora recae en los hogares y las empresas medios».

Paralelamente, los grandes consorcios energéticos se anotaron un tanto el pasado 7 de junio, cuando el TC alemán declaró ilegal el impuesto con el que el Ejecutivo gravó los elementos combustibles usados por las centrales nucleares entre el 2011 y el 2016 y que le reportó un total de 6.285 millones de euros. Quizás por ello, las cinco compañías con plantas atómicas accedieron el 26 de junio a firmar un contrato con el Gobierno para repartir los costes del apagón. Eso sí, solo en lo que atañe a la basura. Las arcas se encargarán de los cementerios de residuos radiactivos, mientras que las eléctricas abonaron unos 24.000 millones a un nuevo fondo creado a esos efectos.

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