Crisis, mercado laboral e inmigrantes

La crisis económica se puede dar por finalizada. A estas alturas del 2017 ya hemos recuperado el volumen de PIB que teníamos en el 2008 y la economía española presenta una solidez que, en términos de largo plazo, refleja la superación de algunos condicionantes que, hasta ahora, habían limitado nuestro crecimiento.


En estos últimos años, el PIB español crece a un ritmo superior al 3 % y en unas condiciones excepcionales. Es un incremento sin una inflación significativa, al calor de unos precios mundiales de las materias primas estables y a una moderación salarial doméstica muy notable. Al mismo tiempo, este crecimiento suma otra anomalía virtuosa: un sector exterior que nos ofrece un saldo positivo. La balanza por cuenta corriente presenta unos remanentes importantes, resultado de unos déficits en mercancías muy discretos, diferencias que se compensan, y más, con los excedentes voluminosos de un sector turístico que año tras año alcanza un máximo tras otro: las previsiones para este ejercicio superan los 80.000 millones de euros, más que en el 2016 y probablemente menos que en el 2018. Una tercera anomalía virtuosa tiene que ver con la creación de empleo. Desde el 2014, la economía española ha generado 1,5 millones de empleos nuevos, reduciendo la tasa de paro en ocho puntos, desde un 26 %, hasta un 18 % en la actualidad.

Lo anómalo de esta situación es que el crecimiento del PIB, la ausencia de inflación, el superávit externo y la creación de empleo son fenómenos que están aconteciendo de forma simultánea en estos últimos años, algo absolutamente extraordinario en la economía española y que, por cierto, es un rasgo estructural de la economía alemana. En definitiva, una tasa de crecimiento creadora de empleo neto, compatible con el equilibrio exterior (excedente por cuenta corriente) e interior (reducida inflación).

Ahora bien, la crisis económica ha dejado daños muy cuantiosos: un sector de la construcción (obra pública y privada) con unos excedentes que no tienen salida en el mercado; una crisis bancaria con episodios recurrentes de una enorme virulencia, unas cuentas públicas que acumulan asimetrías contables relevantes y un mercado de trabajo con un nivel de desequilibrio que convierte la desigualdad en un problema de primer orden en todo análisis.

En toda crisis -sobre todo en las sistémicas, como esta última- la producción se recupera antes que el nivel de empleo y, en estos momentos alcanza ya máximos históricos, mientras que el empleo todavía necesitará algunos años más para recobrar tasas de paro inferiores al 10 % como las que teníamos en el 2007, casi dos millones de parados, frente a los 4,2 millones que se contabilizan hoy.

Sobre este punto me gustaría recordar que en el 2007 disponíamos en España de más de cinco millones de personas extranjeras que ocupaban tres millones de empleos. La derivada de esta situación es que una parte de esos extranjeros ahora ya no están y sus empleos no hay por qué recuperarlos. Es decir, no necesitaríamos restaurar todo el empleo perdido con la crisis: con un 80 % sería suficiente.

Otra herencia de la última etapa recesiva es la desigualdad. Este es un tema espinoso. En primer lugar, plantea un problema metodológico importante al definir el universo de estudio: no es lo mismo medir la desigualdad entre los asalariados a tiempo completo que tomar como referencia todos los trabajadores (parados y autónomos ahí incluidos). En segundo lugar, tampoco es lo mismo medir la desigualdad antes de la intervención del Estado que después (teniendo en cuenta el seguro de desempleo y ayudas sociales). Al margen de estas cuestiones, que no son menores, la desigualdad en España forzosamente tuvo que haber aumentado, básicamente por dos vías: el desempleo y los salarios. Y no son dos vías distintas; son, por el contrario, las dos caras de una misma moneda.

Con un excedente de mano de obra tan cuantioso como el que hemos padecido en España, va en la lógica del sistema que los salarios hayan disminuido incluso por debajo de la retribución mínima. En mi opinión, desigualdad, desempleo, temporalidad, precarización y salarios bajos es todo lo mismo. Conforme vaya avanzando la creación de empleo, por precario que éste sea, van a ir mejorando las condiciones laborales de los españoles que ya están trabajando. Cuando el excedente de trabajadores sea mínimo (como lo fue en el 2007), los salarios serán más altos que los de ahora, recogiendo esa situación de relativa escasez de la mano de obra y la menor desigualdad será, al menos, más soportable socialmente. En otros términos, la creación de empleo es la mejor política frente a la desigualdad y a la precarización. De ahí mi preocupación cuando se hacen propuestas de subir los salarios o retrotraer la última reforma laboral.

Si estas medidas llegan a ir adelante, y si tengo razón, la tasa de paro volverá a subir como lo hizo a partir del 2007. Revindicar hoy una subida de salarios, o un marco institucional más rígido en el mercado de trabajo es razonar en términos de pleno empleo cuando se tienen 4,2 millones parados en la calle buscando trabajo y presionando los salarios a la baja.

En el análisis de la crisis y sus efectos sobre el empleo hay un elemento que es muy importante y que, habitualmente, no forma parte del discurso oficial: la población extranjera inmigrante que se instala en España. Este fenómeno demográfico era casi imperceptible en la década de los últimos noventa y, en los primeros años del nuevo siglo adquiere, rápidamente, una importancia básica. En el 2009, la población extranjera superaba ya los 5,2 millones de personas, esto es, más del 11 % de la población total. Y en ese momento, los residentes extranjeros llegaron a ocupar más de 2,8 millones de empleos, es decir, más del 13 % de los empleos disponibles. A partir de ese momento, este colectivo sale muy mal parado de la crisis. Con los últimos datos disponibles, un millón de extranjeros abandonaron España, cuando aportaban entre un 15 y un 20 % de los parados en España.

El mercado de trabajo español está lleno de asimetrías y desigualdades. No son solo problemas de desigualdad de género o de asimetrías intergeneracionales, sino que hay que añadir también las diferencias de acuerdo con la nacionalidad y al estatus jurídico del trabajador. La población inmigrante ha soportado la crisis más que proporcionalmente y, en esa medida, ha aliviado al resto de la población de tener que padecer ajustes mayores.

  

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