Con la implantación del SII el 1 de julio, deberán enviar todas las facturas al fisco antes de ocho días, lo que genera una carga de trabajo administrativo difícil de asumir para algunas compañías
25 jun 2017 . Actualizado a las 05:05 h.El tan temido momento ha llegado. En menos de una semana, el próximo 1 de julio, cerca de 1.500 grandes empresas gallegas (unas 62.000 en toda España) tendrán que empezar a remitir sus facturas al fisco casi en tiempo real. El nuevo sistema diseñado por la Agencia Tributaria para la gestión del IVA, bautizado como Suministro Inmediato de Información (SII), será obligatorio para las compañías que facturen más de seis millones de euros al año y para aquellas acogidas al régimen especial de grupos (REGE) o inscritas en el Registro de Devolución Mensual del IVA (Redeme).
Todas ellas entrarán en una suerte de Gran Hermano fiscal, en el que deberán remitir a Hacienda todas sus facturas en los cuatro días siguientes a su emisión, un plazo que solo se ampliará en los seis primeros meses de vigencia del nuevo sistema, cuando se les concederá el doble de tiempo. El cambio, además de las implicaciones tributarias, supondrá todo un reto organizativo, como destaca el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antón Arias, que explica que las compañías afectadas «han de ajustar sus recursos, tanto humanos como informáticos, a un modelo nuevo que implica cambios en las relaciones con la Administración».
Y ese cambio puede demorarse más de lo previsto. «Va a ser muy difícil llegar a tiempo», reconoce la presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia, Pilar Otero, que tiene dudas también de cómo responderá el sistema informático de la Agencia Tributaria. Por todos estos motivos, recuerda Arias, desde la CEOE se pidió en varias ocasiones al Gobierno que desistiese de implantar un sistema que no consideran «el idóneo para un país como España» o que, por lo menos, retrasase su implantación unos meses, hasta enero del 2018. Pero las súplicas han caído en saco roto.
En lo único en lo que ha transigido Hacienda es en ampliar los plazos de presentación de las facturas durante los seis primeros meses de aplicación del sistema y en admitir que las empresas inscritas en el Redeme que no quieran tener que cumplir con los nuevos requisitos puedan darse de baja de este registro para no acogerse al SII. «Qué ventajas tendrá esto si hay quien renuncia a una devolución mensual solo por no entrar», ironiza Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales.
Pero la implantación no es negativa para todas las empresas. Hay quienes han visto en el nuevo sistema una oportunidad de negocio, como la coruñesa Enxendra, una firma tecnológica especializada en soluciones de facturación electrónica, que ha desarrollado una plataforma con la que sus clientes pueden convertir las facturas al formato con el que trabaja la Agencia Tributaria, comunicar la información al fisco dentro de los plazos establecidos y recibir la respuesta de conformidad de la transmisión de datos. Innovaciones que les han permitido crecer con fuerza en los últimos meses. «Por nuestra experiencia con empresas medianas y grandes estamos viendo que algunas se están preparando y, aunque un poco justas, llegarán a tiempo», explica Brais Méndez, consejero delegado de Enxendra, quien sin embargo matiza que «hay otras que es muy difícil que el 1 de julio puedan estar listas, porque todavía se están acercando a nosotros para conocer el producto y pedir ofertas».
Méndez destaca que, aunque hay cambios administrativos y tributarios (se piden más datos en la factura), la verdadera transformación para las empresas es en los procedimientos. «Ya no podrán emitir el 20 de febrero facturas del 5 de enero, que antes no era legal pero se hacía».
una jugosa base de datos
Desde el punto de vista fiscal, Carlos del Pino, socio de Pin&Del Pino Abogados y Asesores Tributarios y delegado en Galicia del gabinete de estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales, destaca que «la principal consecuencia del SII será el punto de inflexión que supondrá en las relaciones entre Administración y contribuyentes y entre los propios contribuyentes». Y es que, subraya, la nueva herramienta permitirá a la Agencia Tributaria controlar casi en tiempo real el 85 % de la facturación emitida en España, información que podrá tratar de forma agregada (big data), y que no solo le permitirá iniciar procedimientos de revisión para cuestionar las deducciones que se apliquen las empresas por determinadas operaciones (talleres, combustible, vehículos, hoteles...). Pero esa información no se circunscribe solo a las grandes compañías sujetas al SII, sino que la Agencia Tributaria también accederá, de forma indirecta, a información de otras empresas que no están dentro del sistema, pero cuyos proveedores sí lo están.
«Se trata una medida cuya única motivación es recaudatoria. El volumen de información que se va a facilitar a la Administración, tratada con herramientas de procesamiento de datos inteligentes, se encuentra muy al límite de lo que en un Estado de Derecho resultaría admisible. Teniendo en cuenta, además, que la seguridad informática plena es inalcanzable, seguramente el SII nos depare sorpresas como consecuencia del uso indebido e indeseado de toda la información volcada en la base de datos de la Agencia Tributaria», apunta Del Pino.
Pero, ¿qué pasará con aquellas empresas que no se adapten al nuevo sistema el 1 de julio? Luis del Amo explica que, pese a las promesas lanzadas desde el fisco, que asegura que serán flexibles en los primeros meses de aplicación del nuevo sistema, no hay seguridad de que no se vaya a sancionar a las empresas que no cumplan los requisitos. Las multas pueden llegar al 1 % del volumen de las operaciones no registradas correctamente.
Pero no solo hay temor a las sanciones. Como explica Antonio Fontenla, presidente de la patronal coruñesa, existe preocupación por que, «una vez testado en las compañías que más facturan, la obligatoriedad del SII se extienda a la totalidad de las empresas», una creencia generalizada en círculos tributarios, pese a los intentos de Hacienda por negarla.
La nueva herramienta dará al fisco acceso pleno al 85 % de la facturación emitida en España, que incluye también información de empresas no acogidas al SII