El país se declara en bancarrota ante la imposibilidad de pagar los 66.000 millones de euros que adeuda a sus acreedores; una troika supervisa ya las finanzas del Estado
28 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Puerto Rico se encuentra ante los días más difíciles de su historia reciente. El país declaró la bancarrota a principios de mayo. No puede pagar los alrededor de 66.000 millones de euros que adeuda a sus acreedores. También debe casi 44.000 millones de euros en obligaciones de pensiones. La isla ya es conocida como la Grecia del Caribe. Tiene hasta su propia troika. Se trata de una Junta de Supervisión Fiscal compuesta por tecnócratas y enviada por Washington.
¿Cómo ha llegado a esa situación? Puerto Rico es oficialmente un Estado Libre Asociado a EE. UU., pero no pudo acogerse a las leyes de quiebra norteamericanas al no ser un estado de pleno derecho. Se le negó el rescate financiero. No fue el fin de la historia. Washington acabaría aprobando, en el 2016, la ley Promesa. Preveía la creación de la Junta, mediante la cual se pondrían en orden las finanzas boricuas.
El nuevo gobernador, Ricardo Roselló, invocó a principios de mes el título III de la nueva legislación, tras no llegar a un acuerdo con los acreedores para reestructurar la deuda. Ahora será un juez de EE. UU. quien decida cuánto cobra cada acreedor, dependiendo de la capacidad de pago del país.
El vínculo con Washington ha sido clave en la aparición de la crisis, según los expertos. Las corporaciones norteamericanas disfrutaron de exenciones fiscales durante más de dos décadas mientras operasen en suelo boricua. Esos beneficios fueron cancelados en 1996, aunque el fallo no tomó efecto hasta diez años después. La mayoría de negocios estadounidenses se marcharon, generando una recesión que supera ya los 11 años de duración. El déficit propiciado por la marcha de las empresas se intentó cubrir con deuda, generando la crisis actual.
Las consecuencias de una década en crisis han calado hondo en la sociedad. El 46 % de la población se encuentra en situación de pobreza. El desempleo ronda el 12 %. El éxodo es mayúsculo. El país ha perdido un 10 % de su censo en la última década. Unas 400.000 personas se han mudado a Estados Unidos, aprovechando que los nacidos en la isla disfrutan de la ciudadanía estadounidense. «La migración se da en todos los sectores sociales. A diferencia de antes, hoy se marcha la familia completa. En la isla se está generando una gentrificación», comenta Martha Quiñónez, presidenta del Club de Mujeres Economistas.
La Junta de Supervisión Fiscal se ha marcado como objetivo reducir los 6.200 millones de euros de déficit anual de la isla. Y tiene clara la receta, un claro paralelismo con Grecia: austeridad y recortes.
El efecto de la tijera
Unas 178 escuelas tienen previsto cerrar a final de curso. Algunas van cortas de alumnos por el éxodo de la población. Se congelarán salarios públicos y se recortarán las pensiones. También las inversiones en salud pública serán objeto de revisión.
Las quejas de los economistas boricuas son similares a las de los helenos: «El objetivo de la ley Promesa es el pago de la deuda y no necesariamente programar un modelo de desarrollo y crecimiento económico», critica Quiñónez, calificando la legislación como una «imposición colonial» de Washington.
El gobernador Roselló, auténtico convencido de la unión como Estado de pleno derecho de los EE. UU., dará otra vuelta de tuerca a ese proceso en mitad de las turbulencias económicas. Ha convocado un referendo no vinculante, el próximo 11 de junio, para que los isleños decidan si quieren anexionarse definitivamente a Washington, seguir como están, o abogar por la independencia. El mensaje que manden los isleños al Congreso norteamericano podría influir en el futuro de sus finanzas.