Los municipios ahorran 300 millones al año a las arcas autonómicas con los servicios que prestan. El coste efectivo solapa el mayor esfuerzo que requiere su prestación en los que tienen mucha población dispersa
20 nov 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La que está considerada, con razón, como la administración más cercana al ciudadano empieza a salir de una crisis que mantuvo a muchos ayuntamientos contra las cuerdas y que ha obligado a todos a dar un giro radical en su gestión. Los recortes en las transferencias del Estado, en cuyo reparto los municipios gallegos pagan el peaje de una discriminación endémica, y el desplome de los ingresos procedentes de impuestos asociados al ladrillo abocaron a los concellos a abandonar su tradicional inhibición recaudatoria. No se trata solo de asegurarse el cobro de las tasas, sino que actualizar sus importes para exprimir sus capacidades por esa vía. El caso del IBI, con esa perversa aplicación con efecto retroactivo de lo que se ha dado en llamar catastrazo, representa el mejor ejemplo. Sí, los ayuntamientos son hoy más disciplinados en el cobro de sus tasas e impuestos, pero también prestan muchos más servicios, que en algunos casos quedan incluso fuera de su ámbito competencial y que le ahorran a la Xunta unos 300 millones anuales.
Este equilibrio entre las dos administraciones pudo saltar por los aires hace tres años, con la ley con la que Cristóbal Montoro pretendía desinflar los ayuntamientos para engordar las diputaciones. Ante la oposición frontal de municipios y gobiernos autónomos, con el gallego a la cabeza, la norma fue corrigiéndose. Ahora Montoro ha sido reelegido para portar la cartera de Hacienda, aunque aligerada de atribuciones, al asumir Soraya Sáenz de Santamaría la relación con las comunidades como vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. De la ley Montoro quedó, eso sí, un marco retributivo confeccionado a la medida de los sueldos de los alcaldes, en la práctica totalidad de los casos; un refuerzo de la figura del interventor, ahora con un papel fiscalizador que muchos regidores ven excesivo; y la obligación de que cada ayuntamiento evalúe el coste efectivo de los servicios que presta.
Y estos son los números que la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) acaba de actualizar, en una radiografía en la que precisa el coste de los servicios con datos del 2014. El informe constata que la gestión de los residuos urbanos y la limpieza viaria es el que tiene un impacto mayor sobre la contabilidad de los ayuntamientos gallegos, con un desembolso medio de 97,6 euros por habitante y año. La gestión del agua cuesta 72,4 euros; y la de la policía local, tráfico, estacionamiento y movilidad, 48,5 euros por persona.
Claro que el impacto de la prestación de esos servicios no es el mismo en todos los ayuntamientos. E incluso dentro del mismo concello hay diferencias entre los centros urbanos y las parroquias. El presidente de la Fegamp, Alfredo García, acude con frecuencia al ejemplo de la gestión de los residuos para ilustrar esa tesitura. «Es que el coste efectivo de los servicios también resulta equívoco», esgrime García. El alcalde socialista de O Barco tira de la experiencia de su concello, que como la práctica totalidad de los gallegos comparte un núcleo eminentemente urbano con diversas poblaciones rurales. «El camión de la basura en O Barco lo lleno, pero en los pueblos no. El camión recorre cientos de kilómetros, pero no se llena. Y con la luz sucede otro tanto. No es lo mismo cambiar una lámpara en la avenida de Alfonso Molina (A Coruña) que en un concello pequeño en el que para cambiar diez echas toda la mañana».
García concluye que el debate que en este ámbito se abrió al hilo de la reforma local no puede cerrarse en falso. «Hay que sentarse y valorar lo que cuestan los servicios que prestan los ayuntamientos», reclama.
El catedrático de Economía Aplicada Xaquín Álvarez Corbacho pone el foco sobre las diputaciones, cuya justificación considera «cada vez más difícil». «Las competencias que tienen las diputaciones podían desempeñarse mejor integrándolas en la Administración autonómica», defiende. Álvarez Corbacho señala que, en los estados con administraciones descentralizadas, se está pagando con tributos propios y cedidos entre el 50 y el 7 % del coste de los servicios. En cambio, apunta, en Galicia esa cifra apenas alcanza el 25 %, por debajo incluso de la que registran los 201 concellos que tienen menos de 5.000 habitantes. «Los tributos propios aportan disciplina, rigor, responsabilidad y justicia fiscal, mientras las transferencias niveladoras aportan suficiencia y solidaridad, equilibrando así el proceso descentralizador», expone .
El problema es que, en la medida que un municipio tiene menor capacidad recaudatoria, crece su dependencia de transferencias y subvenciones para prestar servicios que en muchos casos ni siquiera le competen.