Los expertos sostienen que el incremento de la recaudación tributaria por la buena salud de la economía española no será suficiente; IRPF, Sociedades e IVA podrían integrar el cóctel de una inminente reforma fiscal
14 nov 2016 . Actualizado a las 07:21 h.La Comisión Europea se ha puesto firme con España. No está dispuesta a tolerar otra tocata y fuga en lo que al déficit se refiere y el objetivo del 3,1 % para el 2017 abocará al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy a apretarse el cinturón en un 0,5 % del PIB, o lo que es lo mismo, en unos 5.500 millones de euros, una cifra similar a la proyectada para el 2018. En julio pasado, Bruselas se mostró indulgente con España y Portugal y paralizó la millonaria multa prevista por incumplir la previsión de déficit. Pero aquello no fue más que un balón de oxígeno a dos estados que volvían a dar señales de vida. De cara a los dos próximos años, el Ejecutivo comunitario quiere enviar un mensaje contundente y no tolerará, bajo amenaza de multa, desviación alguna, algo que quedó claro en la reunión del Eurogrupo celebrada a comienzos de esta semana.
A la vista de este escenario, la pregunta es evidente: ¿De dónde extraerá España los recursos para atender el mandato comunitario? Los expertos consultados coinciden en el diagnóstico de forma casi unánime. El vaticinio, que el nuevo Gobierno de Rajoy deberá echar mano de un cóctel de medidas para sortear la sanción. Dos de ellas llamadas a engordar la caja de los ingresos: una eventual reforma fiscal y un incremento de la base recaudatoria por el crecimiento de la economía española, tesis a la que se agarra el ministro de Economía, Luis de Guindos, para defender que la empresa no será tan ardua como se aventura. La tercera pata afectaría al capítulo de gastos: una nueva ola de recortes, menos drástica que en el 2011, de la que se salvaría en todo caso el sistema de pensiones.
Luis Caramés, catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago, cree que sería un error cargar toda la tijera en la inversión pública, una tentación para cuadrar las cuentas que resultaría crítica por ejemplo para Galicia. No en vano, solo del eje a la Meseta del AVE aún quedan por ejecutar 1.600 millones de euros. «Hay algunas necesarias teniendo en cuenta, además, que la inversión está muy relacionada con el crecimiento».
En materia tributaria, Caramés se inclina por introducir arreglos en el IVA, al igual que en el impuesto de sociedades, para el cual demanda una reforma integral que, sin elevar los tipos, se centre en un ajuste de las deducciones. El catedrático ve negativo sin embargo tocar el IRPF, porque «no se puede seguir cargando la mano sobre la renta de las personas físicas, que es lo mismo que presionar siempre sobre las rentas del trabajo».
Medida electoralista
En este punto introduce un matiz Alberto Vaquero, profesor de la Universidade de Vigo y miembro del Grupo de Investigación GEN (Governance and Economics Research Network), quien precisa que la rebaja fiscal aprobada por el Ejecutivo de Rajoy antes de las elecciones fue un error, «ya que no estábamos en condiciones de hacerla. Se trató de una medida puramente electoral». Vaquero cree que el sistema tributario español pide una reforma integral a gritos desde hace años. «Se ha ido a lo más fácil: subidas del IVA. (...) Las rebajas en el IRPF han sido asimétricas, beneficiando a las rentas más elevadas, y se ha apostado por un recorte de Sociedades, que tras suponer hace años un tipo del 40 %, ahora puede llegar al 15 %» por las exenciones y deducciones. Por todo ello, no duda en augurar un incremento de la presión fiscal, con IRPF, IVA y sociedades en el disparadero.
En cuanto a los recortes, el profesor cree que «va a ser necesario seguir» con la tijera para cumplir con el déficit, si bien su impacto será menor que en el 2011.
Por su parte, Julio Sequeiros, catedrático de Estructura Económica de la Universidade da Coruña, coincide con Vaquero en que la última rebaja del IRPF fue electoralista, por lo que Rajoy se verá abocado ahora a desandar el camino. Sequeiros vaticina incluso cómo se articulará la receta para lograr esos 5.500 millones, una cifra que, a su juicio, se queda corta para analizar la dimensión real del déficit: un tercio del incremento de la base recaudatoria por el avance de la economía, «otro tercio de la subida de impuestos» y el resto de los recortes, que en ningún caso afectarán al sistema de pensiones, «porque el que lo haga estará muerto políticamente», advierte.
Retocar los tipos reducidos del IVA, una solución reclamada por Europa
Sequeiros, Caramés y Vaquero ven como algo más que factible una reforma de algunos tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido, una solución que, por otro lado, ha planteado Bruselas insistentemente en los últimos tiempos. España ha mejorado sus ingresos por el IVA en los últimos años, al pasar de un 3,9 % sobre el PIB en el 2009 al 6,5 % del 2015, pero aún sigue siendo el tercer país de la Unión Europea con menor recaudación por este tributo.
Julio Sequeiros cree que en el caso del IVA aún hay «recorrido en el tipo máximo y en varios de los reducidos, en los que el impacto para el consumidor sería mínimo», pero sí muy cuantioso para las arcas públicas. Luis Caramés advierte igualmente que hay «margen para modificar algunos tipos reducidos y buscar aquellos productos poco relacionados con la primera necesidad o con contribuyentes de renta reducida». Ambos coinciden en que, en caso de acometer esta reforma, sería preciso realizar un ejercicio de pedagogía con la población y explicarlo bien. «Hay mucha demagogia con este impuesto», argumenta el catedrático de la USC.
Vaquero y Caramés incorporan otro pilar que debería jugar un papel central en el menú que permitirá atender las demandas comunitarias: la lucha contra el fraude. El primero rechaza la puesta en marcha de nuevas amnistías fiscales, habilitando más recursos a «combatir la economía sumergida (24 % del PIB) y el fraude fiscal (6 %)». El segundo cree en la misma línea que solo dotando al sistema de nuevos medios organizativos se podrá avanzar en este campo.
Menos burocracia
Por su parte, el catedrático de Estructura Económica de la UdC introduce una nueva variable en este corpus de acción económica que ha figurado de forma recurrente en los últimos años en la agenda política española: el adelgazamiento de las administraciones públicas. «Es hora ya de tocar este asunto, de recortar la burocracia, porque el sistema necesita de cambios de calado para afrontar el futuro», reclama Sequeiros.
En última instancia, aparecen otras medidas para incidir en esta senda. Luis Caramés cree que en la reforma tributaria se podría incluir el impuesto de hidrocarburos y Alberto Vaquero propone homogeneizar la fiscalidad de las comunidades.