Galicia ya solo tiene un trabajador por cada pensionista

La proporción en España es de 2,2; frenar el declive demográfico y crear empleo de calidad, las claves para la sostenibilidad del modelo


Redacción / La Voz

En 1991, hace ahora justo un cuarto de siglo, por cada jubilado gallego había casi tres personas ocupadas que cotizaban a la Seguridad Social. Concretamente, la ratio entre trabajadores y pensionistas era de 2,81. Desde entonces hasta ahora, la proporción ha ido menguando progresivamente. El estallido de la crisis económica en el 2008 desató la tormenta perfecta. La combinación entre destrucción de empleo y crisis demográfica, es decir, falta de relevo en las diferentes cohortes de edad, ha hecho que a día de hoy se hayan encendido todas las luces rojas.

Galicia contabiliza apenas 1,3 cotizantes por pensionista, uno de los peores saldos de las últimas décadas, y una proporción que contrasta con la existente en España, algo mejor y que se sitúa en 2,25. Una diferencia que tiene que ver, en gran medida, con el menor impacto de la crisis demográfica. Las cuentas territorializadas de la Seguridad Social, en diferentes grados, muestran que la gran mayoría de las comunidades presentan déficits con la caja. Es decir, aportan mucho menos de lo que reciben. En el caso gallego, el desequilibrio asciende a 3.500 millones de euros.

Frenar el declive demográfico, algo que no da resultados inmediatos a corto plazo, y generar empleo de mayor calidad, es decir, con sueldos más altos y cotizaciones más altas, constituyen dos vías de actuación para garantizar la sostenibilidad del modelo.

En la actualidad, el problema no solo estriba en que los nuevos empleos precarios aportan poco a la caja, sino que los que se jubilan, los que pasan a beneficiarse del sistema, lo hacen con prestaciones altas, más elevadas incluso que los que lo hicieron en las generaciones anteriores.

Patricio Sánchez, profesor de la Universidade de Vigo y miembro del Foro Económico de Galicia, advierte que el impacto demográfico, muy visible en el caso gallego, «debe mitigarse con una estrategia sólida de crecimiento que permita atraer mano de obra no cualificada y cualificada». Esto último pasaría por un cambio de modelo que priorizase la inversión privada y pública en innovación, pero ni los recortes presupuestarios ni la debilidad financiera de las empresas ayudan en esta dirección. Este no es un debate nuevo. Incluso en la época de vacas gordas se hablaba sobre la viabilidad futura del modelo, un asunto alentado también por el interés económico de las entidades financieras, que ven en los planes privados un suculento nicho de negocio.

El desplome de los ingresos por la crisis colocó este debate en el primer plano. Presionado por Bruselas, el Gobierno tuvo que emprender una reforma a finales del 2013. Entonces, Rajoy apeló a la necesidad de salvaguardar la viabilidad económica del modelo. Sin embargo, la primera medida que se adoptó fue desligar la subida de las pensiones de la evolución de los precios.

Por tanto, el objetivo prioritario, tal y como exigía Bruselas, era otro: recortar el gasto público y cuadrar el déficit. De hecho, el llamado factor de sostenibilidad se ha retrasado hasta el 2019. Se trata del mecanismo que permitirá calcular la pensión de los futuros jubilados vinculándola a la evolución de la esperanza de vida, los salarios y los ingresos del sistema.

Pese a la creciente mengua de la hucha de las pensiones, hasta ahora se ha logrado garantizar el equilibrio financiero, pero en el conjunto de la población merodea una pregunta de enorme relevancia a nivel social: si está en juego el bienestar en la vejez y el derecho a cobrar una pensión digna después de una vida laboral cotizando. Hasta ahora, las dos últimas reformas del sistema han actuado por la vía del gasto. Fue así tanto en la emprendida por el PSOE en el 2011 como la última del PP.

Esto abre el debate de si debe actuarse por la vía de los ingresos. La devaluación salarial y la proliferación del empleo a tiempo parcial merman la capacidad de ahorro de miles de hogares y, en consecuencia, resulta inviable que esas familias puedan alimentar ahora con sus recursos planes privados de pensiones para asegurarse un futuro mejor. Por tanto, su bienestar depende del modelo público.

Impuestos y cotizaciones

Podrían aumentarse las cotizaciones sociales. Y sobre todo, actuar por la vía de los impuestos. Hay países que financian con impuestos cualquier déficit de su sistema, como es el caso del Reino Unido, o que sufragan total o parcialmente una pensión básica por esta vía, como sucede en Dinamarca, Suecia o Finlandia.

«Parece obvio que las pensiones contributivas requerirán, en parte, el soporte impositivo cuando los babyboomers empecemos a jubilarnos; hay varias propuestas al respecto, y es un asunto que deberá resolverse objetiva y técnicamente, pero ese suplemento financiero, más allá de las cotizaciones, deberá hacerse sin que quiebre el carácter contributivo del sistema, o haciéndolo lo menos posible», subraya Jaime Cabeza, catedrático de Derecho del Trabajo.

También existen otros debates abiertos sobre las vías para mejorar la cuenta de la Seguridad Social. Por ejemplo, hay quien plantea que algunas prestaciones no contributivas de carácter fundamentalmente social sean financiadas con cargo al presupuesto y no con cargo a la caja de donde salen las pensiones. Otro tanto podría decirse de las deducciones o bonificaciones en las cotizaciones sociales. Se trata de una ayuda a los empresarios para generar puestos de trabajo. Y que en lugar de sufragarse con recursos del Ministerio de Empleo se financian también con el dinero de la Seguridad Social.

Otro de los frentes abiertos para mejorar la sostenibilidad del modelo de pensiones es el combate contra el fraude. «Es básico luchar contra la economía sumergida y contra el empleo informal, de acuerdo con las políticas de la OIT, para así fortalecer los pilares del modelo público», sostiene Cabeza.

En este apartado, solo Italia superaría a España, empatada con Portugal. Según Asempleo, la patronal de empresas de trabajo temporal, el mercado negro movería en España unos 240.000 millones de euros, una cifra que equivale al 20 % del producto interior bruto. España sería el tercer país europeo con mayor volumen, muy por encima de Francia (12,2 %), Alemania (12,4 %) o el Reino Unido (9 %). Se calcula que en estos momentos hay más de 4 millones de empleos ocultos en nuestro país, es decir, no declarados.

En un territorio con 8,4 millones de personas por encima de los 65 años, proporción que irá en aumento los próximos años, el debate sobre qué hacer con las pensiones ocupa un lugar central en el orden de prioridades y preocupaciones sociales. La OCDE ya ha advertido del riesgo de empobrecimiento de los mayores. Y hay voces que plantean, incluso, que el gasto en pensiones tenga un blindaje constitucional, es decir, que se destine un porcentaje mínimo sobre el PIB y que estaría, de acuerdo con cálculos, en el entorno del 12,5 %.

Un planteamiento que podría poner en entredicho el férreo marcaje de disciplina fiscal que marca Bruselas, partidaria de aligerar en todo lo posible el gasto público para evitar tensiones con la deuda.

En España, en cambio, el escenario a medio y largo plazo no es nada halagüeño. La realidad presente es que se gasta cada vez mucho más de lo que se ingresa. Un modelo con síntomas de agotamiento, lo que obliga a la necesidad de introducir reformas, tanto por la vía del gasto como de los ingresos.

La financiación con cargo a impuestos, tal y como sucede ya en los países nórdicos, es una vía para subir ingresos

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