El largo invierno de recortes en la UE enfría a las economías globales

Líderes y organismos internacionales exigen levantar el freno de mano a la inversión pública. Consideran necesarios nuevos estímulos presupuestarios para crecer


Corresponsal en Bruselas

«De donde no hay dinero no se puede sacar», trataba de autoconvencerse esta semana el conselleiro de Asuntos Sociales, José Manuel Rey Varela, en Bruselas. Con esa simple ecuación justificaba el largo invierno de recortes que ha sufrido la inversión pública en España y Galicia a lo largo de los últimos seis años, con el objetivo impuesto por la UE de embridar el déficit y sanear unas cuentas públicas erosionadas por la corrupción, el derroche y la mala gestión.

La ortodoxia presupuestaria de Berlín domina las economías del euro desde el 2010. Sedujo a algunos de sus líderes, quienes unas veces justificaron las bondades de la mal llamada política de «austeridad» y otras apuntaron con el dedo a Bruselas como responsable de los «ajustes». Seis años después, esa misma política sigue bloqueando el potencial de crecimiento de la UE, incapaz de calentar motores en un clima de incertidumbre financiera, baja inversión, exigua demanda, inflación menguante y congestión del crédito. Lo advierte el Banco Central Europeo (BCE) en uno de sus últimos informes: «Los bajos niveles de inversión pública prolongados pueden llevar al deterioro del capital público. Un incremento puede influir positivamente en el crecimiento de la economía», asegura la autoridad bancaria europea cuya política monetaria está llegando a sus límites. Su presidente, Mario Draghi, insta a abrir la mano a los estímulos fiscales: «Alemania tienen margen fiscal», recordó el italiano durante la última reunión del G20 en China.

En eso coinciden todos los órganos internacionales y líderes de las principales potencias globales. Ante el enfriamiento de las economías emergentes y china, se multiplican las voces que piden a la UE y la eurozona un viraje hacia políticas de inversión pública en educación, infraestructuras y economía digital. Será difícil derretir el gélido clima de contención presupuestaria. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, quiere erradicar los programas de estímulo fiscal que conlleven gasto público: «Perdieron eficacia. Para fortalecer la economía real no hay atajos posibles a las reformas».

No está de acuerdo el Fondo Monetario Internacional (FMI) que pidió en febrero un plan global de estímulos fiscales para relanzar la economía. El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, respaldado por su colega estadounidense, Jack Lew, lanzó un mensaje de advertencia para quienes creen que los recortes son la receta adecuada: «Todo el mundo corre el riesgo de verse atrapado en un crecimiento mediocre, una inflación débil y tasas de intereses sumamente bajas». A la cruzada contra el estancamiento de la inversión pública se sumó el anfitrión chino, Xi Jinping, quien anunció un pacto para «inyectar vitalidad a la economía mundial», pero ¿cómo? Alemania se niega a levantar el freno de mano a pesar del desolador paisaje que ha dejado media década de recortes presupuestarios en la UE.

 Hambre inversora

La radiografía de los últimos seis años es tremenda. «La crisis ha puesto la inversión pública en niveles que no se veían desde finales de los años 80. Se ha desplomado, reconoce el BCE en un informe del 2015. Acorde a las estadísticas de Eurostat, se pueden identificar tres grupos de países en función del grado de ayuno presupuestario impuesto. Por un lado están los países del este y Centroeuropa que entraron a la UE en el 2004. Son Estados que partían de niveles paupérrimos de inversión pública y que han mantenido el gasto público gracias a los fondos estructurales europeos. Estonia lidera el ránking con una inversión pública del 5,6 % del PIB frente al 2,9 % de media de la UE y el 2,7 % de la zona euro. Le siguen de cerca Hungría, Letonia, Rumanía Eslovenia y Polonia. Ninguno de esos países rebaja la inversión pública por debajo del 4,4 % del PIB.

En un segundo grupo se encuentran los países que aun ejecutando recortes de gasto desde el 2010, logran mantener el nivel de inversión pública por encima de la media. Francia (3,9 %), Holanda (3,6 %), Luxemburgo (3,7 %), Finlandia (4,0 %) y Dinamarca (3,8 %), entre otros. Este estatus podría peligrar si las políticas de consolidación fiscal siguen asfixiando las finanzas públicas de Gobiernos como el galo, atrapado en una lucha por el déficit con Berlín y Bruselas.

Pero, ¿quiénes pueblan el tercer grupo? Los sospechosos habituales. Los países más golpeados por la crisis que hoy sufren las consecuencias de seis años de hambre inversora. Todos ellos han pasado las tijeras de forma salvaje al gasto público. El campeón del ayuno es Irlanda, que solo dedica el 1,9 % de su PIB a la inversión Estatal. Le siguen España (2,2 %), Portugal (2,2 %) e Italia (2,3 %). ¿Qué ha pasado con Grecia? El país heleno es la excepción. A pesar de estar enfangado en su tercer rescate y de haber estado con un pie fuera del euro por negarse a ajustar las cuentas, la inversión pública se sostiene en el 3,8 %.

 Alemania, a contracorriente

Habría que reservar un capítulo aparte para la evolución de la inversión pública en el país germano. Los datos indican que su comportamiento ha ido a contracorriente del resto de sus vecinos.

Las economías europeas incrementaron de forma sostenida el gasto público en los años previos a la crisis. El pico máximo llegó en el 2009, cuando estallaron los problemas. Francia destinaba en ese momento a las inversiones estatales el 4,3 % del PIB. Grecia el 5,7 % y Holanda el 4,3 %. A partir de entonces se registra una caída aguda de la inversión que se prolonga hasta hoy con mínimos nunca vistos en la última década.

¿Qué hizo Alemania? Además de recomendar a los derrochadores que se apretasen el cinturón, el Gobierno germano acometió programas de ajustes en el 2004 y 2005 que incluyeron enormes recortes en las inversiones públicas. Solo el 1,9 % del PIB se destinaba entonces a esos menesteres. Antes de que la crisis emergiera, la canciller alemana, Angela Merkel, abrió la mano al gasto público. Solo un poco, para volver a bajarlo en el 2013. Hoy Alemania solo dedica el 2,2 % de su PIB a las inversiones públicas, un porcentaje similar al de España. A pesar de las llamadas de atención de la Comisión Europea, Berlín se resiste a abrir la mano al gasto, una política económica que está minando las posibilidades de la eurozona de crecer a mejor ritmo. Bruselas identifica una «persistente falta de inversión pública» en un país con margen fiscal para aumentar el gasto del 0,5 % a un 1 % más de su PIB, dado el gigantesco superávit comercial que atesora. Merkel estableció recientemente planes de inversión pública adicionales en transporte, educación, investigación y energía por valor de 10.000 millones de euros anuales. «Son insuficientes», zanja la Comisión Europea en su informe sobre desequilibrios macroeconómicos en el que demanda una política fiscal más expansiva que permita dar aire a la zona euro. Una invitación a la que también se han sumado Estados Unidos, China, el FMI y la OCDE.

 Y la sangría española

Cualquier experto se llevaría las manos a la cabeza al echar un ojo a las estadísticas de España. En solo seis años, los sucesivos Gobiernos pasaron la tijera al gasto público hasta provocar una hemorragia del 58 % a la inversión total del Estado. Se pasó del pico de 58.891 millones de euros (5,1 % PIB) en el 2009 a los 21.889 millones del 2014 (2,1 %), un mínimo histórico. ¿Para qué? Para cumplir con el sacrosanto Pacto de Estabilidad y rebajar el déficit del -11 % en el 2009 al -5,1 % en el 2015, año electoral en el que se registró un aumento ligero del gasto. «Impulsar la inversión pública podría ayudar a España a aumentar el crecimiento productivo y mejorar la competitividad», sugiere Bruselas antes de reconocer que «la investigación y la innovación siguen sufriendo de una inadecuada financiación». Y es que los recortes en la inversión pública han pasado factura muy especialmente a la sanidad (-66 %), la protección social (-72 %) y la educación (-54 %). Esta ofensiva contra el gasto público y las reformas del mercado laboral han provocado la precarización del empleo, la cronificación del desempleo juvenil y parados de larga duración, así como un aumento de la pobreza y la desigualdad. En este clima de deterioro, España no dispone de margen para gasto a menos que la Comisión Europea acceda a relajar las normas que sacrifican la inversión pública en el altar del déficit.

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