El Ejecutivo acusa a la multinacional de monopolizar el mercado y podría multarla con nueve millones de euros y los comerciantes aplauden la iniciativa
11 sep 2016 . Actualizado a las 11:43 h.La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), órgano técnico del Gobierno argentino, acaba de hacer público un informe en el que asegura que la empresa Prisma -que comercializa la marca y los servicios Visa en el país sudamericano- ejerce «una posición dominante» y mantiene «prácticas de cartelización» en el mercado de las tarjetas de crédito, débito y pago electrónico.
«Hay falta de competencia», aseguró el presidente de la Comisión, Eduardo Greco, en la presentación del diagnóstico sectorial que desveló que «los propietarios de la empresa son 14 de los principales bancos del país» y que «tienen presencia en todos los segmentos del proceso» del pago electrónico «desde la emisión, el procesamiento, hasta la provisión de terminales e interfaces de pago». El estudio arroja que «de todas las compras, Visa representa el 58 % y los bancos dueños de Prisma emiten el 80 % de todas las tarjetas» del país, según remarcó Greco.
Ante la evidencia de condiciones de concurrencia «insuficientes», el organismo público sugirió al Banco Central y a la Secretaría de Comercio «cambios en la normativa o marco regulatorio que puedan introducir más competencia, levantar barreras a nuevos jugadores» y anunció una investigación por presuntas prácticas anticompetitivas de la empresa Prisma, que podía derivar en una multa de 9 millones de euros.
La noticia, lejos de calmar los ánimos, ha sumado más turbulencia a unas aguas agitadas. En Argentina hay 42 millones de tarjetas, de las cuales más de la mitad son de crédito, con las tasas de uso más caras de la región. Los comerciantes llevan meses batallando para bajar el 0,3 % que pagan por las compras realizadas con tarjetas de crédito. En Perú este porcentaje es del 1,5 y en Brasil del 1,3.
La Cámara de Senadores aprobó hace unos días la aplicación de media sanción a la iniciativa impulsada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) para reducir a la mitad las comisiones de las tarjetas crédito, eliminarlas en las de débito y conseguir que los pagos por las compras se acrediten en un plazo máximo de tres días con el objetivo de «devolver competitividad a las pymes» ante «el abuso del sector financiero», según destacó el presidente de la CAME, Osvaldo Cornide. El proyecto de modificación de la Ley de Tarjetas de Crédito fue aprobado en el Senado y espera el dictamen del Congreso. Ante el nuevo escenario, también una de las cámaras de los supermercados chinos salió a respaldar la iniciativa de «impulsar una nueva reforma normativa» para «bajar los costes desmedidos» de los aranceles sobre el comercio minorista.
Sin embargo, el Gobierno recela de los topes máximos para las operaciones y apuesta por la apertura del mercado. «Creemos que la manera de resolver los problemas es más amplia que determinar la comisión final que puede ser una determinación arbitraria», puntualizó el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia en ese sentido. Greco se mostró más cercano a «generar más alternativas para la competencia» con modificaciones «en la tasa de intercambio, que es un gravamen mayorista, interbancario» y que representa el 2,85 % del 3 % que se cobra a los comercios.