Seis de cada diez lanzamientos en Galicia, donde los casos han bajado un 14 %, son por impagos. Xunta y concellos se alían para movilizar viviendas vacías y ofertarlas a familias sin recursos
03 jul 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La mayor concienciación y demanda social en torno al drama de los desahucios ha llevado a las administraciones públicas a situar entre sus prioridades la implantación de medidas para atender a las familias afectadas. El año pasado se registraron en Galicia 2.432 casos de lanzamientos hipotecarios. Aunque es una cifra ligeramente inferior a la computada en el 2014 (2.519), el volumen de lanzamientos practicados superó al del 2013 (2.404). Es evidente que, más allá de las diatribas políticas sobre la forma de gestionarlo, el problema existe y afecta a miles de familias.
Pero en Galicia este drama tiene unas características particulares. Los desahucios guardan más relación con las dificultades para hacer frente al pago de la renta mensual del alquiler que con el abono de la hipoteca. De los 2.432 lanzamientos practicados el año pasado en las cuatro provincias, el 62 % (1.507) corresponden a inquilinos que no pudieron asumir el pago de la vivienda que habitaban, mientras que el 33 % (800) fueron por impagos del préstamo hipotecario. Los 125 casos restantes, hasta completar los 2.432, tienen motivaciones distintas. Esto implica que cada día se ejecutan en la comunidad una media de siete lanzamientos de inquilinos y casi tres de propietarios. Estas proporciones apenas han experimentado variaciones a lo largo de los últimos ejercicios.
En cambio, sí han experimentado un descenso relevante las ejecuciones hipotecarias. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante el 2015 se tramitaron en Galicia 1.810 desahucios, un 14 % menos que en el 2014 (2.106). Pero el ajuste es todavía más significativo si se aleja la lupa y los últimos registros se comparan con los de ejercicios anteriores. Esas 1.810 ejecuciones hipotecarias son la cifra más baja desde el 2008, cuando en las cuatro provincias se contabilizaron 1.369. Desde entonces, y con la única excepción del 2010 (1.942), en todos los ejercicios siguientes se había rebasado el listón de las 2.000 ejecuciones, con picos que alcanzaron los 2.528 casos durante el 2012 y los 2.576 en el 2013, que es el techo hasta ahora en esta comunidad. Por tanto, en los dos últimos años, los desahucios ejecutados en Galicia han descendido un 29,7 %.
Dos de cada cien
Además, el impacto del problema en esta comunidad está muy lejos de la dimensión que alcanza en Andalucía, Cataluña o la Comunidad Valenciana, autonomías más pobladas que lideran los registros de desahucios en España. En el conjunto del país, las ejecuciones hipotecarias descendieron en el 2015 un 13 %, un punto menos que en Galicia. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan a la gallega como la novena comunidad en cuanto al número de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas, con 2.527 operaciones en el 2015, lejos de las cifras de Andalucía (28.126), Comunidad Valenciana (17.548) y Cataluña (16.548), aunque también a distancia de los territorios con menos desahucios, como el País Vasco (625 casos). De esas 2.527 ejecuciones en Galicia, menos de la mitad (1.217) son referidas a viviendas. Los desahucios de ese tipo en esta comunidad suponen el 2 % de todos los ejecutados en España el año pasado.
La reducción de casos experimentada en los últimos años es obvia, como también lo es la brecha que todavía existe respecto a la situación anterior al estallido de la crisis económica. Las 1.810 ejecuciones del año pasado, tomando de nuevo como referencia el informe del CGPJ, son más del doble que las 701 registradas en el 2007 y casi 500 más que las que se dieron en el 2008. El problema está ahí y la búsqueda de soluciones también se ha convertido en uno de los asuntos principales en la agenda de la Xunta, sobre todo, a partir del giro social que el Ejecutivo autónomo dio a su gestión en el otoño pasado.
Las soluciones en marcha para evitar que cientos de afectados se queden en la calle pasan por involucrar a las entidades financieras y a los ayuntamientos en la movilización de pisos vacíos, en una comunidad con una bolsa de 300.000 sin habitar. La Administración autonómica las ha plasmado en doce medidas para garantizar el derecho a la vivienda, evitar los desahucios y paliar sus consecuencias.
La más ambiciosa es la creación de un censo de viviendas vacías, una medida con la que obliga a las entidades financieras a registrar los pisos de su propiedad que estén deshabitados en los ayuntamientos de más de 10.000 vecinos, con el propósito de habilitar medidas que faciliten que sean ocupados por familias necesitadas. Además de las entidades de crédito, que están expuestas a sanciones de hasta 3.000 euros por inmueble que no inscriban, también puede anotar su piso en ese censo público cualquier propietario de forma voluntaria.
A mayores de su implicación en esta nueva herramienta administrativa, algunos bancos ya se han comprometido con la Xunta a no realizar desahucios. En este sentido, el Gobierno gallego promovió un acuerdo por el que las entidades financieras que lo suscriban asumen el compromiso de permitir que los clientes afectados por procesos de ejecución hipotecaria puedan permanecer en sus viviendas en régimen de alquiler social, con una renta máxima de 75 euros al mes. Estos bancos, además, ceden viviendas desocupadas de su propiedad para destinarlas a familias con dificultades a cambio de un alquiler social cuya renta no superará los 125 euros. Las entidades que hasta ahora se han adherido a este acuerdo son Abanca, Caixa Rural Galega, Banco Sabadell y Caixa Bank. Durante el primer trimestre del año, 240 viviendas que son propiedad de entidades de crédito han sido ocupadas en Galicia.
Pero, además de a las puertas de los bancos, la Xunta también está llamando a las de los ayuntamientos. El programa de viviendas vacías para alquiler social, impulsado por las dos administraciones, busca movilizar el mayor número de inmuebles para dedicarlos a cubrir las necesidades habitacionales de las familias con menos recursos, a través de alquileres de precio tasado que no podrán exceder los 400 euros en las principales ciudades ni los 300 en los municipios pequeños. La idea inicial es movilizar 600 viviendas. Ya son 27 los concellos que sacarán al mercado pisos deshabitados con ese objetivo.
Las medidas impulsadas por la Administración gallega también incluyen la dación en pago de las viviendas protegidas, el realojo de los afectados por ejecuciones hipotecarias, el aplazamiento judicial de los desahucios, el programa reconduce (un servicio preventivo de apoyo integral a las personas y familias en riesgo de desahucio), el plan para facilitar vivienda a los más necesitados (RehaVita), las viviendas de la Sareb al servicio de las necesidades sociales, el acuerdo con el Valedor do Pobo para atender los problemas en este ámbito, el bono de alquiler social (hasta 200 euros al mes durante un máximo de 24, con una ayuda adicional de 600 euros para afrontar pagos atrasados o gastos de formalización de un nuevo contrato) y el asesoramiento jurídico gratuito a los afectados por desahucios.