Las facturas en papel, un derecho

La Agencia Española de Consumo declara ilícita y abusiva la entrega por defecto de recibos en formato electrónico. Cerca de la mitad de los usuarios las reciben de esta forma sin pedirlo


Las asociaciones de consumidores se han plantado y han decidido hablar claro. Recibir las facturas -ya sean de luz, gas agua, electricidad o de los servicios ofrecidos por las telecos- en formato papel es un derecho del usuario. Y en esta batalla han encontrado un aliado. La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) se ha pronunciado. Declara ilícita y abusiva la emisión y entrega por defecto de facturas en formato electrónico, una práctica que cada vez se repite más entre algunas empresas suministradoras. Pero también ha llamado la atención sobre otro procedimiento que llevan a cabo algunas compañías para evitar enviar los recibos solo a través de la red. Y es que algunas asociaciones han alertado de la existencia de cláusulas predispuestas en algunos contratos de adhesión que presuponen la aceptación de la factura electrónica sin que el propio consumidor sea en muchos casos consciente de lo que está aceptando.

«El 43 % de los consumidores que reciben facturas electrónicas impuestas no lo pidieron, no han dado su consentimiento para que sea así», explica Gustavo Samayoa, presidente de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (Fuci) y uno de los portavoces de la iniciativa «Yo decido cómo recibo», que nace de la unión de cuatro asociaciones (Cecu, Unae, Fuci y Asgeco) para defender el derecho del consumidor a elegir el formato de sus facturas.

Samayoa y el resto de miembros que conforman esta plataforma también recuerdan que «es importante recordar que nunca se podrá cobrar por el envío de facturas en papel», otro de los escenarios con los que se han encontrado. «No se puede cobrar al consumidor por algo que es un derecho, eso está prohibido», sentencian.

De esta forma, solo se considerará lícito el envío de facturas a través del correo electrónico en caso de que la compañía encargada del suministro recoja la aceptación expresa por parte del cliente y siempre que esta admisión sea independiente del contrato de servicios firmado. A todo esto habrá que sumar un punto más, ya que esta aceptación del consumidor, debe ir precedida de información suficiente por parte del empresario al consumidor sobre una posible y futura revocación: «Tanto la revocación del consentimiento como la recepción en papel deben ser siempre gratuitas».

Exclusión social

Este problema se convierte en una importante contrariedad para un sector de la sociedad, lo que se conoce como colectivos en riesgo de exclusión digital. Y es que según unos datos publicados recientemente por Eurostat, casi cuatro millones de hogares españoles todavía no disponen de conexión a Internet, mientras que un 18 % de la población nunca se ha conectado a la red. A todos estos datos, Samayoa añade otro más: «Uno de cada cuatro españoles no utiliza la red de forma habitual».

Ante este panorama, las asociaciones se han propuesto hacer cumplir la ley -en concreto la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios- y comenzar a concienciar a las dos partes, ciudadanos y empresas, para que el problema de las facturas deje de ser un conflicto. «Las compañías tienen la obligación de cumplir con la ley y, en caso de que no lo hagan, corren el riesgo de ser sancionadas».

Entonces, ¿qué debe hacer el consumidor que quiera recibir en papel sus facturas? Samayoa lo resume: «Aquel que esté recibiendo los documentos solo en formato digital y quiera que le lleguen por correo tradicional deben dirigirse a la empresa y explicarles lo que quieren. Según la respuesta que le de la suministradora, habrá que dar o no el segundo paso». Es decir, si la compañía se niega a enviarla en papel, habrá que acudir a la Administración Pública para presentar la reclamación.

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