Agujero español en los servicios públicos

El Gobierno en funciones ha revisado sus objetivos de déficit para este año y ha actualizado su Programa de Estabilidad para 2016-2019. En el primer caso ha pactado con las comunidades autónomas un déficit máximo del -0,7 % del PIB reservándose el Estado un -1,8 %.


El permanente incumplimiento de nuestros objetivos de déficit público coexiste con una no menos permanente reducción en dos de los gatos públicos emblemáticos de nuestro estado de bienestar: los sanitarios y los educativos. No es casualidad que en el reparto de las posibilidades de endeudamiento de nuestras administraciones públicas el Estado se venga adjudicando dos terceras partes del mismo con el resultado de que las comunidades autónomas (que gestionan, como es bien sabido, la sanidad y la educación) se vean obligadas a recortar sus presupuestos sanitarios y educativos.

Presentamos en un primer gráfico para el caso de los servicios sanitarios la evolución del gasto público en los mismos en relación al PIB español (período 2010-2014) en compañía de idéntico indicador para la media de la actual Unión Europea.

La reducción de gastos sanitarios que se han visto obligadas a realizar nuestras comunidades autónomas se refleja con toda claridad en una caída del esfuerzo realizado en un -0,5 % del PIB. Una caída que nada tiene que ver con unas menores demandas sanitarias sino con puras y duras restricciones presupuestarias. Sucede eso en presencia de un diferencial con la media de la UE creciente. Pues si en el 2010 nuestro esfuerzo era de siete décimas de PIB menor en el 2014 la brecha se ha ampliado a once décimas.

¿Tiene previsto el Gobierno reducir dicho diferencial en el horizonte del 2019? En absoluto. Según el último Programa de Estabilidad enviado a Bruselas, en dicho año el gasto público sanitario en relación al PIB se situará en un 5,7 % con lo que el diferencial se habrá disparado a quince décimas de PIB. Estaremos haciendo un esfuerzo un 20 % menor al de la media europea en relación a nuestra riqueza.

En un segundo gráfico hacemos lo mismo para el caso de los gastos públicos educativos. En este caso la reducción a la que se han visto obligadas las comunidades autónomas ha sido menor (cuatro décimas), pero lo que no se ha reducido es nuestro menor esfuerzo en relación a la media europea. Era inferior en ocho décimas en el 2010 y sigue siendo inferior en esas ocho décimas en el 2014. Un diferencial que quiere decir que en España, en relación a nuestra riqueza, estamos sosteniendo nuestro sistema educativo con un 20 % menos de recursos.

¿Tiene previsto el Gobierno reducir dicho diferencial y realizar un mayor esfuerzo? En absoluto. En el citado Programa de Estabilidad, la educación acabaría recibiendo en el 2019 un 3,7 % de recursos públicos en relación a nuestro PIB. Un objetivo que supone renunciar a reducir nuestro diferencial con la UE.

En resumen: ni para sanidad ni para educación el Gobierno se plantea el objetivo de reducir nuestra brecha con Europa.

¿Existe alguna partida importante de gasto público en la que haya sucedido justo lo contrario? Es decir, que haya crecido el esfuerzo realizado en relación a nuestro PIB y lo haya hecho hasta situarse incluso por encima de la media europea.

Sin duda, es el caso de los intereses pagados por nuestra creciente deuda pública. Una deuda pública que nada tiene que ver con unos menores gastos educativos y sanitarios. Y que sí tiene que ver con los ingentes gastos en desempleo derivados de la crisis, en saneamiento de nuestro sistema financiero o con la caída y goteras en los ingresos fiscales.

Pues mientras en el 2010 se situaban ocho décimas por debajo de la media europea, en el año 2015 ya lo hacen en ocho décimas por encima. Lo que supone que soportamos un gasto en intereses de un 35 % por encima de la media europea.

Los ajustes realizados en sanidad (cinco décimas) y educación (cuatro décimas) se los ha comido la creciente carga de intereses pagados a nuestros acreedores (doce décimas) sin que aquellos recortes hayan servido para evitar un déficit público crónico.

Si los ingresos públicos no mejoraron significativamente en dicho período podría decirse que los recortes de nuestro estado de bienestar han sido absorbidos por nuestros acreedores. La única forma de evitarlos habría sido incrementar de forma extraordinaria en, al menos, doce décimas nuestros ingresos públicos. O en más si hay que enfrentar importantes gastos en desempleo. ¿Ha sucedido así?

En un cuarto y último gráfico presentamos el esfuerzo total en ingresos públicos entre el 2010 y el 2015 para España y la media de la UE. A la vista está que si en el 2010 teníamos un déficit público del -9,4 %, con los dos puntos de mejora avanzados hasta el 2015 es imposible llegar al -3 % de déficit (objetivo que nos marca la UE) y pagar simultáneamente los intereses de la deuda y los gastos de desempleo sin realizar recortes en sanidad y educación. Por eso acabamos el 2015 en el -5,1 % de déficit a pesar de los recortes realizados.

Pero también en este último gráfico se hace patente nuestra gran asignatura pendiente para no trasvasar recursos sanitarios y educativos al pago de la deuda: reducir el diferencial de casi un 7 % del PIB menos que tenemos en nuestros ingresos públicos en relación a la media europea. Solo así podremos cumplir con el objetivo de déficit, con nuestros compromisos deudores y no recortar más el estado de bienestar.

¿Qué dice al respecto el Programa de Estabilidad de nuestro Gobierno? Que en el 2019 nuestros ingresos públicos se situarán en un 38,5 % del PIB. Sobran los comentarios.

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