Las diez constructoras con más proyectos adjudicados en Galicia absorben el 38 % de la inversión. Siete de cada diez euros en infraestructuras recaen en compañías gallegas
05 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Menos obra pública y más concentrada en un número reducido de empresas. Esta es la idea fundamental que sintetiza la radiografía de la inversión productiva en Galicia durante los últimos años. Salvo repuntes excepcionales, vinculadas por lo general con las adjudicaciones de los tramos pendientes de la conexión ferroviaria de alta velocidad con la Meseta, la profunda crisis económica ha dejado su huella en un repliegue del importe que las administraciones públicas destinan a infraestructuras, penalizado por la apuesta por priorizar el sostenimiento de los servicios públicos esenciales. Pero el efecto de esa caída del gasto, que el año pasado descendió en esta comunidad un 9 % pese al estímulo de la doble cita electoral, volvió a agravarse por la elevada atomización en las adjudicaciones. Las diez primeras empresas copan contratos que suponen el 38,27 % de toda la inversión en Galicia, mientras las 776 adjudicatarias restantes se reparten el 61,73 % de ese capital.
La Federación Gallega de la Construcción vuelve a hacerse eco de este desajuste en su último informe. Las diez constructoras que encabezan el ránking de la obra pública adjudicada en el 2015 ingresaron 272,5 de los 712,2 millones que sumaron todos los proyectos. Y las otras 776 adjudicatarias percibieron 439,7 millones. Por tanto, el 1,27 % de las compañías se hicieron con el 38,27 % del total de importe adjudicado. Este desfase alcanza cotas mayores si se pone la lupa en la distribución de la inversión productiva, la que genera empleo, por parte de las distintas administraciones. Entre la que más recursos moviliza en las cuatro provincias, la Administración del Estado, las diez empresas con más adjudicaciones se llevaron en el último ejercicio el 65 % de su inversión global (300,17 millones). Pero la concentración fue incluso mayor en la obra pública de la Xunta. Las diez empresas con más adjudicaciones se hicieron con el 68,6 % de todo el presupuesto (186,1 millones). El grado de atomización se quedó por debajo de la media en las contrataciones de las diputaciones provinciales (50,68 millones), con un montante del 36,38 % para las diez primeras constructoras. Y resultó muy inferior en el caso de los proyectos encargados por los ayuntamientos, entre los que las diez empresas más favorecidas accedieron al 22,2 % de todo el capital movilizado (139 millones).
El listado de las 786 constructoras con las que las distintas administraciones contrataron proyectos de obra pública en esta comunidad durante el 2015 tiene en los diez primeros puestos a San José (64,63 millones), Copasa (41,49), Taboada y Ramos (28,09), Siemens Rail Automation (25,35), Alstom Transporte (25,28), Acciona Infraestructuras (25,08), Arias Infraestructuras (17,95), Grupo Bascuas 2008 (15,2), Francisco Gómez y Cía. (14,93) y Covsa (14,51). También resulta significativo el contraste entre el importe total adjudicado a las distintas empresas y el número de obras encomendadas. Así, mientras San José ingresó 64,63 millones por cinco proyectos adjudicados, Covsa se llevó 14,51 millones por 78 actuaciones, lo que evidencia que sus obras fueron de dimensión más modesta.
El primer adjudicatario del Estado durante el año pasado fue San José: 59,4 de los 64,6 millones que ingresó en Galicia procedieron de contratos con la Administración central. En cambio, el primero de la Xunta fue Copasa (28,97), cuyos contratos presentan una diversificación mayor. La constructora ourensana también es la principal adjudicataria de infraestructuras por parte de los concellos (4,8 millones) y figura en el puesto 11 entre las que competen al Estado (7,7).
En lo que atañe a la distribución de la obra pública en cuanto a la sede social de las empresas adjudicatarias, las gallegas se llevan la mayor parte de los contratos en esta comunidad. De acuerdo con el informe de la Federación Gallega de la Construcción, el 71,4 % de los 712,2 millones que las distintas administraciones invirtieron en el 2015 en obra pública fue encomendado a empresas gallegas, frente al 28,6 que recayó en compañías foráneas. En concreto, son los ayuntamientos (95,8 %) y la Xunta (91,2) los que apuestan en mayor medida por compañías radicadas en Galicia. En el extremo opuesto, salen más beneficiadas las constructoras de ámbito nacional. Solo el 45 % del importe que el Estado destinó a obra pública en las cuatro provincias benefició a firmas gallegas.
Esta desaceleración tiene su mejor reflejo en Ourense. La inyección de recursos públicos para obras en esta provincia experimentó el año pasado un recorte de casi 250 millones, al caer de 307,12 a 68,18. Con arreglo a la coyuntura de los últimos años, los avances en las adjudicaciones de los tramos del AVE van laminando la inversión productiva en del Estado. A medida que la infraestructura ferroviaria sigue completando etapas, el que ha sido el engranaje más activo de la obra pública en esta comunidad va perdiendo fuerza.
Esos 250 millones menos en Ourense son suficientes para modificar a la baja el cómputo global del importe de las adjudicaciones, ya que superan la suma de los repuntes registrados en las otras tres provincias. En la de A Coruña, las distintas administraciones encomendaron proyectos por 296 millones, 36 más que en el 2014. En Lugo por 73, con un incremento de 10 millones. Aunque el mayor aumento de la inversión tuvo como escenario Pontevedra. Los 273,8 millones en obra pública suponen 122 más que en el 2014.
En las provincias más pobladas y con mayor dinamismo industrial, A Coruña y Pontevedra, el principal inversor en el 2015 fue el Estado. Pero en las más pequeñas, Ourense y Lugo, la Xunta fue la Administración que más recursos destinó a la adjudicación de proyectos de infraestructuras.