Cuando, pasado un cierto tiempo, se escriba la historia de la política económica española en estos años turbulentos, probablemente una de las cosas que más llame la atención será cómo hemos tirado piedras sobre nuestro propio tejado en uno de esos asuntos sobre los que a todas horas decimos que constituye uno de los peores lastres para nuestra economía: la baja productividad.
Naturalmente, se han tomado algunas decisiones para afrontar ese problema. En lo fundamental, se han impulsado reducciones salariales, en el convencimiento de que la imposibilidad de realizar devaluaciones competitivas dentro de la eurozona las hacía inevitables. No es momento de discutir este punto, pero sí para señalar que tal enfoque es, cuando menos, muy incompleto. Porque hoy sabemos que las fuentes más genuinas de las ganancias de productividad y la capacidad competitiva de cualquier economía radican en factores como la calidad institucional, el capital humano y los avances en investigación.
Pues bien, en esta columna hemos ido constatando que desde el 2008 en esos tres aspectos fundamentales España ha retrocedido de un modo significativo. Y en esa dinámica de retroceso resulta particularmente chocante la caída en el esfuerzo inversor en innovación. Ya se ha convertido en un triste ritual: año tras año, desde el 2008, la Fundación Cotec para la Innovación -un organismo prestigioso en este campo- al presentar su informe anual y ofrecer sus datos, registra una nueva reducción en la inversión del sistema español de I+D+i. Si en el arranque de la crisis esa inversión representaba un, ya no demasiado boyante, 1,35 % del PIB, en el 2014, último año con datos contrastados, el porcentaje se quedaba en el 1,23 % (con un 1,47 % de caída respecto al 2013).
¿Consecuencia de la política de recortes? Desde luego. Pero en otros países europeos en donde también ha habido obsesión por la consolidación fiscal se han respetado estas partidas. La consecuencia es que las diferencias con respecto a la media europea no han dejado de aumentar en estos años: en el 2008 la distancia frente a la UE-28 era de 0,45 puntos porcentuales; en el 2014 alcanzaba ya los 0,72 puntos. Entre las comunidades autónomas, pocas son las que se alejan de la desidia general: solo el País Vasco (ligeramente por encima), Navarra y Madrid rondan la media europea.
Para hacerse un idea de lo que significan esos porcentajes debe tenerse en cuenta que el esfuerzo en innovación está ahora mismo por encima del 3,5 % del PIB en Corea o Japón, y por encima del 2,5 % en Estados Unidos y Alemania (con Francia muy próxima a esos niveles). Pero más significativo aún es que el objetivo marcado en esta materia por la propia UE, en una de sus supuestas líneas estratégicas clave -la llamada Agenda 2020-, es que la inversión haya superado el 3 % dentro de tan solo cuatro años. ¿Cumplirá España ese objetivo? A la vista de los que vamos diciendo, parece desde luego una tarea imposible: lejos de la convergencia, cada vez nos alejamos más de esa meta.
Si recordamos que en la propia Agenda se identifica el impulso de la inversión en innovación como uno de los factores decisivos para «avanzar en un crecimiento sostenido e inclusivo en el largo plazo», entonces debemos concluir que este no es un error más. Es un disparate, fruto de decisiones políticas equivocadas, que estamos ya pagando, pero que en el futuro penaremos más.