La anulación por el Supremo de la prórroga aplicada en el 2010 aboca a la Xunta a licitar 129 concesiones. La sentencia, que el Ejecutivo recurrirá al Constitucional, lleva inquietud a un sector al que el acuerdo había dado estabilidad y había fomentado las inversiones en Galicia
24 abr 2016 . Actualizado a las 12:07 h.El sector del transporte interurbano de viajeros en Galicia era una balsa de aceite. La Xunta y las empresas habían cerrado en el 2010 un acuerdo que daba estabilidad a un segmento del que dependen más de 5.000 familias. A cambio de modernizar la flota de autobuses, las concesionarias de 129 de las 144 rutas que cubren las cuatro provincias veían ampliados sus negocios gracias a una prórroga de los contratos por 10 años. El pacto, que se venía gestando desde la etapa del bipartito y a través de la Lei de Transporte (5/2009) cristalizó en el 2010, funcionó sin contratiempos durante seis años. Hasta ahora. El Tribunal Supremo ha devuelto la inquietud al sector con una sentencia que anula esa ampliación y aboca a la Xunta a licitar de nuevo concesiones que, al menos en 84 casos, expiran más allá del 2020. El Ejecutivo gallego intenta aplacar con un recurso ante el Constitucional a las empresas afectadas, que ya han reclamado mecanismos de compensación por el desembolso realizado en la puesta al día de los vehículos.
El fallo del Supremo tumba la resolución de febrero del 2010 por la que la Dirección Xeral de Mobilidade hizo efectiva la prórroga por 10 años de esas 129 concesiones. Para ello, atendió un recurso de casación formulado por la Comisión Nacional de la Competencia, a pesar de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya había desestimado un primer recurso de ese organismo en el 2012, a través de una sentencia en la que consideró correcto el procedimiento aprobado. En concreto, el Supremo da la razón al regulador en su tesis de que el plan de modernización del transporte público de viajeros por carretera conculca el reglamento de la UE por establecer duraciones de las concesiones superiores a los 10 años que fija como máximo. Frente a esto, la Xunta argumenta que la prórroga de las concesiones se sustenta sobre la ley del 2009, y no sobre la resolución de febrero del 2010 que la desarrolla, por lo que es anterior al decreto comunitario en esa materia. El Gobierno autónomo esgrime, además, que al fallar en contra de una ley gallega el Supremo atenta contra la autonomía legislativa de esta comunidad.
Estos son los elementos que han llevado a los servicios jurídicos de la Xunta a avalar la presentación de un recurso ante el Constitucional. Pero, en paralelo, el Ejecutivo ya está trabajando en una nueva ley con la que, además de blindar la continuidad en la prestación de unos servicios que tanto la Administración como el sector consideran prioritaria, sentará las bases para proceder a una nueva licitación de las concesiones de autobuses interurbanos antes del 2020.
Contratos más allá del 2020
Este es el factor que ha perturbado la paz de las empresas, a las que el acuerdo con la Xunta había aportado una estabilidad que ahora ven peligrar. De las 144 rutas de transporte interurbano de viajeros por autobús que están operativas en Galicia, 84 están en manos de concesionarias cuyos contratos expiran más allá del año 2020. De ellas, 19 concesiones superan el 2025, y la más longeva (la de la ruta Cerceda-Carballo-Goiáns-Figueiroa) llega hasta marzo del 2029. Quedan fuera de la resolución por la que se ampliaron los contratos 15 de esas 144 concesiones, que corresponden a los principales itinerarios.
Por tanto, son 129 concesiones las que la Xunta tendrá que licitar de nuevo, con arreglo a la sentencia del Supremo. La Administración sostiene que, si bien la prórroga se materializó a través de la resolución de febrero del 2010 que ahora ha anulado el Supremo, en realidad la medida tiene su origen en ley «consensuada co sector e aprobada a finais do 2009» para la modernización del transporte público en Galicia. «Coa entrada en vigor desa lei se modificou un conxunto de contratos para a prestación de servicios de transporte, establecendo unha prórroga automática anual de xeito sucesivo ata o 31 de decembro do 2020», alega el Ejecutivo gallego, que insiste en que esta solución «está en liña coa que adoptaron outras 12 comunidades autónomas, para facilitar a adaptación a normativa comunitaria vinculada a unha mellora nos servizos». En concreto, las empresas que suscribieron ese plan de modernización (las que tienen encomendadas esas 129 concesiones de autobuses interurbanos) adquirieron compromisos para la puesta al día de los vehículos, con mejoras en su adaptación para que puedan ser utilizados por personas con movilidad reducida o la introducción de mejoras tecnológicas, además de en las propias condiciones de sus trabajadores.
Las asociaciones del sector (Transgacar, Anetra, Fegabus y Fegatravi) aseguran que van de la mano con las medidas adoptadas por la Xunta frente al fallo del Supremo. Pero ese buen clima de puertas afuera no impide que pidan compensaciones por el esfuerzo económico realizado para modernizar los autobuses, una inversión que entienden que ahora ya no tienen garantías de recuperar. Lo que nadie aporta son cifras sobre el volumen de ese desembolso. De hecho, la única que ha salido en todo este proceso corresponde a una estimación que la Xunta realizó en el 2010, cuando calculó que la ampliación de los plazos de las concesiones ahorraría 110 millones a las arcas autonómicas a lo largo de esta década.
La única buena noticia que deja la nueva situación creada por el fallo del Supremo es que su incidencia sobre las concesiones de autobús no afecta al ámbito del transporte escolar, un servicio crucial para el sector porque mantiene con actividad decenas de pequeñas empresas de zonas rurales para las que el traslado de los alumnos a los colegios es su principal fuente de ingresos. El volumen de negocio que representa el transporte escolar no es baladí, en una comunidad en la que cada día 2.245 autobuses cubren más de 3.000 rutas y trasladan a 90.000 alumnos hasta sus centros.
La Xunta concedió a este servicio un papel determinante en el acuerdo para prorrogar las concesiones de los autobuses interurbanos, hasta el punto de que concentró en el transporte escolar las ventajas que el plan reportó para la Administración. Así, esa estimación de que el plan ahorraría 110 millones a las arcas de la comunidad autónoma hasta el 2020 se sustenta principalmente en el acuerdo por el que las empresas que cubren las rutas de transporte escolar en las cuatro provincias accedieron a rebajar en un 7 % la factura que cobran a la Xunta. Este servicio supone un desembolso de 122 millones al año para la Administración autonómica.