En una reciente monografía publicada por la Fundación BBVA - coordinada por Francisco Pérez y Ezequiel Uriel- titulada «Cuentas de la educación en España» se realiza un minucioso análisis y un clarificador diagnóstico del sistema educativo desde la perspectiva de la economía pública
17 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La primera constatación que cabe hacer es que el gasto educativo realizado por los hogares y por las administraciones públicas en España no ha dejado de incrementarse en lo que llevamos de siglo (2000-2013). En euros constantes del 2013, es decir descontada la inflación o en términos reales, hemos pasado de un esfuerzo de algo más de cincuenta mil millones a setenta mil millones. Sin embargo, debe precisarse que desde el año 2009 el gasto público educativo se ha contraído (casi hacia niveles del 2000, sobre todo en la red pública y menos en la concertada), siendo el gasto de los hogares el protagonista del esfuerzo creciente. Es fácil suponer que es este un contexto en el que a las familias de menores recursos no les va a ser fácil acceder de forma igualitaria a nuestro sistema educativo.
Es así que mientras el gasto público por habitante se mantiene constante en 850 euros, el privado pasó de 450 a 630 entre el 2000 y el 2013. A pesar de tales variaciones, como recogemos en un primer gráfico extraído del citado informe, el esfuerzo público educativo en España está por debajo de la media europea en relación al PIB (3,8 % frente a 4,6 %) mientras que el realizado por los hogares se sitúa claramente por encima (salvo para el caso del Reino Unido).
Que esto sea así podría obedecer, además del ajuste o caída del gasto público real en los últimos años en educación, a una mayor presencia en España de la oferta educativa realizada por empresas privadas. Tanto por centros educativos concertados que reciben financiación pública como de centros estrictamente privados que se financian sin ayuda pública.
Los datos del informe nos aclaran que en España, un 35 % de los alumnos lo hacen en centros que no son públicos. La presencia de estos centros privados es menor en la universitaria y la formación profesional, pero más elevada en la educación infantil, básica y la secundaria obligatoria. Es decir, en las etapas clave para cimentar un buen desempeño posterior.
Esta desigual presencia de la oferta privada ¿debe considerarse elevada o reducida en relación a los países de nuestro entorno? Presentamos dos gráficos que detallan tal aspecto con el porcentaje de alumnos en centros públicos en la ESO y primaria. En secundaria obligatoria de nuevo solo el Reino Unido se sitúa por debajo de nosotros, mientras en primaria somos el país con menor presencia de la oferta pública de todos los considerados por el informe.
De manera que nuestro sistema educativo anota una excesiva presencia de la oferta privada y, al mismo tiempo, un reducido y decreciente esfuerzo de financiación de la oferta pública. Dos rasgos que muy bien podría alimentarse recíprocamente: cuanto menor esfuerzo se haga en lo público más motivos habrá para -el que pueda costearlo- hacerse demandante de la oferta educativa privada.
Por eso es de sumo interés el que en el informe se cuantifiquen los gastos familiares en que se incurre cuando se opta entre escolarizar a un alumno en la red pública, en la privada concertada o en la privada sin concierto. Podemos tomar la referencia del gasto familiar en la oferta privada sin concierto como referente, ya que en ella todo el coste educativo lo soportan directamente los hogares.
El coste público de la educación universitaria es de unos seis mil euros, pero los hogares solo realizan un gasto de un 20 % del mismo (1.213 euros). En el caso de la enseñanza secundaria, el gasto de los hogares que usan la red pública se sitúa en unos quinientos euros (apenas un 10 % del coste por alumno), mientras que en la concertada suponen mil euros más por alumno (un 33 %). En infantil y primaria, el gasto familiar de los que usan la oferta pública se sitúa en un 23 % de lo que supone el coste por alumno, mientras que en la oferta concertada el gasto familiar asciende a un 43 % de dicho coste. Se deduce que los centros concertados estarían recibiendo una subvención pública anual de entre dos mil y tres mil euros anuales (alrededor de la mitad de su coste).
Ante estas cifras no debe extrañar que en el informe se compruebe que el gasto por estudiante que realizan los hogares en bienes y servicios educativos y la opción por no usar la red pública crezca según lo hace el nivel socioeconómico o de estudios de los progenitores.
Los autores del informe se preguntan si esta elección entre la oferta pública y la concertada (que realizan los hogares de mayores ingresos) se corresponde con unos mayores y mejores rendimientos educativos de los centros privados que de los centros públicos.
Con un análisis riguroso de los resultados de evaluación de PISA (en matemáticas, comprensión lectora y ciencias) en las páginas 203-232 del informe, distinguiendo por titularidad de los centros, su conclusión es meridiana: «los peores resultados medios de los centros públicos se explican por una mayor concentración en los mismos de condicionantes negativos relacionados con un menor nivel económico y cultural de los padres. Cuando se tienen en cuenta todos estos factores, el efecto de la titularidad de los centros desaparece y solo en algunos casos, los centros privados conservan ciertas ventajas». Debido a esta segregación del alumnado (hoy incentivada por el Estado): «la relación observada entre titularidad de los centros y resultados educativos encubre que en las escuelas privadas se concentran alumnos que provienen de un entorno socioeconómico aventajado».
De manera que los mejores rendimientos de los centros privados derivarían de un reclutamiento selectivo en función de la capacidad de pago, de una segregación socioeconómica de los alumnos. Así, entre las variables que se controlan en el informe anotamos que en la enseñanza privada hay: menos inmigrantes, más alumnos que cursaron más años de enseñanza infantil, padres con más años de estudios y con más y mejor empleo o con más de cien libros en casa.
Un reclutamiento selectivo penaliza a los centros públicos (que están obligados a escolarizarlos y cuentan con recursos decrecientes) y favorece un mayor rendimiento aparente de los privados (que no vieron disminuir su financiación pública). Los conciertos educativos rompen así la equidad del sistema, y mejoran solo aparentemente la eficiencia de los más privilegiados. Una segregación y reclutamiento reforzada por otras medidas y actuaciones de los propios centros privados; segregación que también realizan algunos centros públicos de nuestras ciudades.
Se imponen, a la vista de un tal diagnóstico, tres medidas: refuerzo urgente de la financiación de la red pública que integra todos los sectores sociales, penalizar los conciertos en los centros privados en los que se observe segregación, paulatinamente igualar la rateo público/privado y de financiación de la enseñanza pública con las medias europeas.
Es sintomático de lo desenfocada que anda nuestra agenda reformista el hecho de que en los diez puntos del Pacto por la Educación diseñado en el reciente acuerdo para un gobierno de progreso votado en el Congreso no se haga mención alguna ni a los conciertos educativos ni a los desequilibrios de oferta que aquí se han analizado.