La vivienda, eje de la política social 

MERCADOS

Los bancos tienen desde ayer un plazo de seis meses para inscribir sus pisos vacíos en el censo autonómico. Los 2.500 desahucios anuales llevan a la Xunta a buscar medidas más eficientes 

27 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

La atención a las familias afectadas por desahucios o que por su situación de exclusión carecen de medios para hacer frente al pago del alquiler de una vivienda se ha convertido en un reto para las administraciones. Aunque el problema no tiene en Galicia la dimensión que alcanza en las grandes áreas urbanas de España, su dimensión desborda los todavía muy limitados medios para responder a las necesidades que plantea. El año pasado se realizaron en las cuatro provincias 2.452 lanzamientos, solo 67 menos que en el 2014 y 48 más que los practicados en el 2013. Es una media próxima a los siete desahucios diarios que obliga a explorar todas las medidas posibles para dar una solución a los afectados en una comunidad con una bolsa de viviendas sin habitar que supera las 300.000, la más copiosa en términos relativos de todo el país. 

Ante la magnitud del drama, la Xunta se ha decidido a situar su tratamiento en el vértice de su política social, con dos actuaciones principales con las que pretende movilizar pisos deshabitados a través de las entidades financieras y de los propios concellos. La medida más ambiciosa consiste en la creación del censo que regulará las viviendas vacías. Esta nueva figura obliga a los bancos a inscribir en ese censo todos los pisos de su propiedad, o de sus filiales inmobiliarias, que estén vacíos en los municipios con más de 10.000 habitantes, incluidos los procedentes de reestructuración bancaria. Desde ayer, coincidiendo con la entrada en vigor del decreto correspondiente, las entidades de crédito dispondrán de seis meses de plazo para anotar los pisos de su propiedad que estén sin habitar en el Censo de Vivendas Baleiras de Galicia. Según el decreto, el incumplimiento de esa obligación puede acarrear sanciones de hasta 3.000 euros por inmueble. Por tanto, los bancos deben atender esa obligación antes de octubre próximo.

La Xunta quiere disponer así de toda la información sobre las viviendas vacías para poder planificar adecuadamente las políticas sociales en ese ámbito. En el caso de aquellos pisos cuya construcción finalice a partir de ahora, con posterioridad por tanto a la entrada en vigor del decreto, o bien que se queden sin inquilinos, el plazo máximo para su inscripción en el Censo de Vivendas Baleiras será de ocho meses desde la obtención de la licencia de primera ocupación o desde que el piso quedo libre por la conclusión de un contrato de alquiler o por su compra. A efectos de la nueva herramienta administrativa, por vivienda vacía se entienden la que no sean ocupada por su propietario o en la que no exista una persona usuaria que disponga del título correspondiente que le reconozca el derecho a habitarla. En lo que va de año, 240 viviendas propiedad de entidades financieras han sido ocupadas en Galicia.

Implicación municipal

Pero ese registro autonómico también queda abierto a la inscripción voluntaria, y en cualquier momento, de las viviendas vacías que son propiedad de los concellos y de otras administraciones públicas. En este sentido, la Xunta ya se ha dirigido a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para apremiar a los alcaldes a implicarse en el programa, de forma que los ayuntamientos movilicen voluntariamente hasta 600 pisos deshabitados en la comunidad, ya sean de particulares o de promotores o entidades públicas o privadas.

Para incentivar esa implicación, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) colaborará con la contratación de dos seguros. Uno destinado a garantizar el cobro del alquiler por parte del propietario del piso, en caso de impago. Y una póliza multirriesgo del hogar que cubrirá los posibles desperfectos en esos inmuebles durante el período de su arrendamiento. La renta de esos pisos, a cuyos inquilinos el IGVS podrá conceder ayudas si tramitan sus contratos a través del Programa de Vivendas Baleiras, no podrá exceder los 400 euros en las siete principales ciudades, los 350 en el resto de ayuntamientos de esas áreas metropolitanas, ni los 300 en los pequeños municipios.

Los concellos se encargarán de captar los pisos deshabitados, que deberán ser libres o, si son de precio tasado, carecer de limitaciones que impidan su arrendamiento. El papel de los ayuntamientos incluirá, además, la selección de los adjudicatarios de esas viviendas, con arreglo a los criterios que fijen en un convenio Xunta y municipios.

El decreto de creación del Censo de Vivendas Baleiras establece las medidas a las que podrá recurrir la Administración autonómica para facilitar la ocupación de esos inmuebles. Así, podrá promover acuerdos de colaboración para garantizar que las viviendas inscritas en el censo favorecen a las personas afectadas por procedimientos de ejecución hipotecaria o bien por desahucios por impago de las rentas de alquiler. La Xunta también podrá mediar entre los propietarios de esas viviendas y los demandantes para facilitar su ocupación, a través de fórmulas para concertar alquileres o su adquisición. Para conseguir ese objetivo, los pisos sin habitar registrados en el censo y que sean propiedad de las entidades de crédito (y de sus filiales inmobiliarias y de entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria) podrán ser ofertados por su propietario a la Xunta, para que sean adjudicados por medio del Rexistro de Demandantes, tanto en alquiler como en venta, siempre que se ajusten a los precios máximos establecidos para la vivienda protegida. Además, los inmuebles anotados en ese censo podrán ser utilizados, si así lo consienten sus titulares, en los programas de fomento del alquiler de la Xunta o de los concellos.

Revisión de ingresos

La Administración gallega complementará estas políticas con medidas como la revisión de los ingresos de los inquilinos de las viviendas de promoción pública, con las que quiere asegurar que las ocupan las familias que realmente lo necesitan. Aquellas que superen el umbral de renta marcado no podrán optar a nuevas prórrogas del alquiler. Esa revisión de los ingresos, que figura en el decreto que desarrollará la Lei de Vivenda, afectará a unos 3.000 inquilinos.