La «tiranía de la ley»

MERCADOS

 «Tiranía de la ley»: palabras que «en puridad son antitéticas, pero que en la práctica se reúnen para producir el ejemplar más horrible de la tiranía».

08 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Esa voz que restalla como un látigo en la bóveda del Congreso de los Diputados, el 15 de junio de 1882, pertenece al liberal Urbano Feijoo de Sotomayor: ayer -cuatro décadas atrás- reclutaba «esclavos» gallegos para Cuba y hoy arremete contra el «odioso» impuesto de consumos que esclaviza al pueblo gallego.

Urbano Feijoo de Sotomayor siempre se consideró un liberal consecuente y un defensor de sus paisanos. Ávido lector de Adam Smith, nunca percibió incompatibilidad alguna entre la búsqueda del lucro particular, su acendrado patriotismo y el interés general. Ya en 1853, cuando se proponía reemplazar a braceros negros por labradores gallegos en los ingenios de Cuba, escribía: «Yo que a fuer de español siento con vehemencia el amor de mi patria: que nací gallego y en aquella gran provincia conservo mis primeras y más nobles afecciones».

Según sus cálculos, la introducción de gallegos en la colonia, a través de su Compañía Patriótico Mercantil, reportaría pingües beneficios a su país de origen. Cada colono, después de trabajar cinco años en la isla en régimen de semiesclavitud, con un salario de cinco pesos al mes -la cuarta parte que un jornalero negro, pero bastante más de lo que ganaría en Galicia-, volvería a casa con doscientos pesos en el bolsillo. Ese ahorro, junto con los gastos efectuados por la empresa -pasajes y vestuario-, permitiría levantar el espinazo a la alicaída economía gallega, con una inyección de recursos que él estimaba en 2,45 millones de pesos al año.

EL IMPUESTO DE CONSUMOS

Casi cuatro décadas después de su fracasada empresa, Urbano Feijoo de Sotomayor, residente en Viana do Bolo y diputado por Cuba, alza su voz en el Congreso contra la reforma del impuesto de consumos auspiciada por el ministro de Hacienda, Juan Francisco Camacho. El impuesto, que gravaba bienes de primera necesidad -los llamados «de comer, beber y arder»-, resultaba, a juicio del diputado gallego, «enormemente oneroso; y ominoso también por sus formas, y vejatorio». Pero su indignación subía de tono ante la reforma de Camacho, que establecía cupos en función de la población y del consumo individual medio.

ESCARNIO DE LA POBREZA

Galicia, sobre todo la Galicia rural, era la gran pagana del nuevo sistema: se le atribuía un exagerado nivel de consumo y, en consecuencia, una carga fiscal inasumible. «La aplicación de esa invención -clamaba Feijoo de Sotomayor- es un insultante sarcasmo: imponer gravamen sobre el supuesto consumo que hace el labrador gallego de cerveza, sidra, licores, arroz, escabeches, conservas alimenticias, etc., esto es lanzar el escarnio al rostro de la pobreza [...] Buscad esos consumos en los centros de población, pero al labrador gallego, si vais a sacrificarlo, siquiera no lo insultéis».

Ofrece el diputado, como ejemplo del abuso, el cupo asignado a Viana do Bolo, concello donde reside: «Según la ley, consumimos 50.000 kilogramos de carne fresca y la triste realidad los reduce a 10.000. Se nos atribuye un consumo de 60.000 kilogramos de aceite, y nuestra sobriedad los reduce a 4.000. Se nos imputan 483.000 kilogramos de trigo, y con 30.000 nos apartamos; et sic de ceteris». En Galicia, el sistema de cupos eleva en un 40 por ciento el impuesto; en la provincia de Ourense, un 70 por ciento. «He aquí, señores, la tiranía de la ley, contra la cual ha de levantarse el espíritu de equidad y el sentimiento político del genio liberal».

Ayer como hoy, las necesidades del erario público constituían el argumento aducido para subir los impuestos. Se nos dice, señalaba el diputado, «que es forzoso robustecer el Tesoro», pero nadie nos dice «si es posible o no es posible recargar más al pueblo». A la hora de fijar prioridades, Feijoo de Sotomayor coloca en primer término el deber de «defender la vida material y moral del pueblo» y no duda en relegar a segundo plano la lucha contra el déficit emprendida por el ministro Camacho: «¿Pues no venimos con déficit viviendo largos años, atravesando la patria mares borrascosos, con vientos huracanados y espantoso oleaje?». Nunca fue el déficit, concluye, «el más grave de sus padecimientos».

Sorprende que el ataque a la reforma impositiva y la denuncia de sus funestos efectos en Galicia proceda no de los escaños de la oposición, sino de un diputado de la mayoría gobernante. Urbano pertenece al Partido Liberal que, en ese momento, con Sagasta en la presidencia del Consejo de Ministros, ocupa turno en el poder. Pero esa adscripción no coarta la autocrítica -«hemos atropellado nuestros antecedentes de partido», dice- ni refrena su reclamación: «Yo vengo a pedir a nuestros jefes justicia para el pueblo contribuyente, que es el generador, el padre del partido popular que representamos».

Pide justicia a «su» gobierno, pero lo acusa de imponer «la tiranía de la ley». Y remata su discurso con tintes apocalípticos: «Haréis Tesoro, pero haréis imposible la vida de muchos, la emigración, la muerte. Haréis Tesoro, pero desharéis Hacienda, desharéis partido y desharéis patria. Triunfará, en fin, vuestro Tesoro; pero con él triunfarán la despoblación y nuestra deshonra; y de esto darán mañana auténtico testimonio las estadísticas del Río de la Plata».

VOTAN LOS DIPUTADOS

Hubo al menos un diario -Gaceta de Galicia- que se preocupó por saber qué diputados gallegos apoyaron la enmienda de Feijoo de Sotomayor y quiénes se opusieron. Quince votaron a favor, entre ellos dos diputados cuneros por Lugo y Pontevedra: Fernando Cos Gayón, exministro de Hacienda,  y Raimundo Fernández Villaverde, que pasaría a la historia como el gran reformador de la Hacienda Pública española a principios del siglo pasado. Y siete votaron en contra, entre ellos Ángel Urzaiz y Ramón Blanco Rajoy Poyán.

El impuesto de consumos, especie de IVA decimonónico que daría origen a violentos motines y revueltas antifiscales en Galicia, subsistió casi tres décadas más. El «ominoso» tributo, combatido por el ourensano Feijoo de Sotomayor en 1882, lo suprimió el gobierno del ferrolano José Canalejas, en 1911.