La UE impone más recortes en España tras el 20-D

El nuevo Gobierno tendrá que subir impuestos o reducir el gasto en más de 10.000 millones de euros. El Presupuesto para 2016 será más bajo que el de 2015. Rajoy incumplió el déficit todos los años de la legislatura


Del sainete protagonizado por la Comisión Europea y el Gobierno español, con motivo de los Presupuestos del Estado para el 2016, se extraen tres conclusiones. Primera: España no cumplirá este año el objetivo de déficit comprometido con Bruselas y mucho menos, a la vista del proyecto presupuestario, el tope fijado para el 2016. Segunda: el Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de diciembre tendrá, por mandato de Bruselas y para no incurrir en «déficit excesivo», que desinflar  los Presupuestos para el 2016. Eso implica rebajar la previsión de ingresos en más de 10.000 millones de euros y, consecuentemente, aplicar recortes del gasto público en una cuantía similar. Y tercera: El Gobierno español miente cuando, irritado por el varapalo, afirma que siempre ha cumplido los objetivos de déficit acordados con Buselas. Por el contrario, en ningún año, desde que Rajoy llegó a la Moncloa en el 2011, cumplió España los objetivos fijados, pese a que estos se revisaron continuamente a la baja.

LAS CIFRAS DEL DÉFICIT

«Desde que asumimos la responsabilidad de gobernar hemos cumplido siempre el déficit». Estas palabras, pronunciadas recientemente por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se ajustan a la verdad. Las cifras oficiales, procedentes del Ministerio de Hacienda, dicen exactamente lo contrario.

En el 2012, primer ejercicio completo del Gobierno Rajoy, el tope señalado era un 5,8 %, pero Bruselas aflojó la soga y recolocó el listón en el 6,3 %. España rebasó ambos listones: el déficit se fue al 6,7 %. En el segundo año de la legislatura, el techo inicial estaba colocado en el 4,5 %, pero, a la vista de la segunda recesión que se abatía sobre la economía española, Bruselas transigió con un confortable 6,5 %. Tampoco cumplió España: el déficit se fue al 6,6 %. El año pasado, tercero de la legislatura, vulneró de nuevo el objetivo revisado del 5,5 % y el déficit alcanzó el 5,9 %. En resumen, el Gobierno no cumplió nunca. Es más, en los tres ejercicios, tanto el déficit de la Administración Central como el de la Seguridad Social fueron muy superiores a los heredados de Zapatero (-3,0 % y -0,1 %, respectivamente, en el 2011). Los sacrificios impuestos para corregir la cojera presupuestaria recayeron, sobre todo, en las comunidades autónomas -y corporaciones locales, en segundo término-, lo que se tradujo en drásticos recortes en sus dos competencias básicas: educación y sanidad.

LA IRRUPCIÓN DE MOSCOVICI

Y así llegamos al pasado 5 de octubre. Aquel lunes, Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos, detonó un par de bombas. Anunció que la Comisión Europea, tras examinar el proyecto de Presupuestos del Estado español para el 2016, había observado un «serio riesgo de incumplimiento» del déficit en los años 2015 y 2016. Los técnicos de Bruselas estimaban que, de no modificar sus cuentas, España tendrá este año un déficit del 4,5 % en vez del 4,2 % comprometido, y el año próximo alcanzará el 3,5 % en lugar del 2,8 %. Un punto de desviación en dos años. Para recuperar la senda de la estabilidad, el Gobierno debe corregir el rumbo que señala el Presupuesto del 2016, mediante la consabida fórmula de subir impuestos o reducir el gasto público.

¿Por qué la declaración de Moscovici provocó tanto revuelo y la indisimulada indignación del Gobierno español? Desde luego, no por una mera discrepancia, décima arriba o décima abajo, en las estimaciones. De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que tiene por objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas, había descalificado con munición de más grueso calibre las cuentas del Gobierno. Y sin provocar tanto alboroto. Baste decir que la Airef asegura que el déficit de la Seguridad Social será en el 2016 cinco veces superior al que prevé el Gobierno en sus Presupuestos: 1,6 % del PIB frente al 0,3 %. Donde Montoro ve una grieta inferior a 3.400 millones de euros, la Airef aprecia un cráter superior a 18.000 millones. Una desviación de 1,3 puntos de PIB, solo en un año y solo en una de las administraciones públicas.

El motivo de la indignación era otro. El informe de la Comisión Europea descalifica, implícitamente, el proyecto de Presupuestos, lo considera inflado -«excesivamente optimista», en eufemismo al uso- y, sobre todo, obliga a su modificación. Bruselas, por boca de Moscovici, destruía sin piedad la mejor baza electoral del PP.

A consecuencia de la bronca, Moscovici se esfumó. El informe elaborado sigue intacto y aprobado, pero Bruselas, a instancias del alemán Wolfgang Scäuble, suavizó la reprimenda al Gobierno español en dos sentidos. La brusquedad del comisario fue sustituída por el guante blanco y las buenas maneras. Y, aún más decisivo, será el próximo Gobierno de España, y no el actual, el que pechará con el encargo de enmendar el Presupuesto. Así pues, el ejecutivo que salga de las urnas el 20 de diciembre, cualquiera que sea su color -apellídese Rajoy, Sánchez, Rivera o Iglesias su presidente-, iniciará su andadura con el mandato de desinflar el Presupuesto del 2016 en más de diez mil millones de euros.

LA REPERCUSIÓN

La primera consecuencia es que, una vez hechos los deberes, el Presupuesto del Estado y la Seguridad Social para el año que viene será netamente inferior al del año en curso. El gasto consolidado no crecerá en 4.000 millones, como aventura el Gobierno, sino que bajará en más de 6.000 una vez aplicado el ajuste.

Los recortes se podrían llevar por delante todos los incrementos programados, desde la subida salarial prometida a los funcionarios hasta parte de las transferencias a las comunidades autónomas o incluso el mayor gasto en pensiones. 

El nuevo Gobierno solo tendría dos vías para escapar de la trampa heredada si quiere mantener el nivel de gasto que figura en el proyecto presupuestario de este Gobierno: o bien subir -y no poco- los impuestos, o bien convencer a Bruselas de que transija y acepte un nivel de déficit público superior al 2,8 % del PIB en el 2016.

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