Las cuentas del 2016 destinan 4.538 millones más para pensionistas y funcionarios. Al margen de ello, el gasto social cae un 5,5 %. Las subidas en educación, sanidad y cultura se llevan solo 403 millones
06 sep 2015 . Actualizado a las 16:46 h.Además de las funciones propias de un presupuesto público, el del Estado para el 2016 pretende reunir algunas condiciones: enumerar los beneficios que le reportará al ciudadano la recuperación económica en marcha y desterrar de su mente el recuerdo amargo de la austeridad y los recortes. Sobre el papel, eso se traduce en más gasto, sobre todo el de carácter social, e iguales o menores sacrificios en materia de impuestos. Se trata, en definitiva, de reforzar el programa electoral del partido en el Gobierno.
Para realizar tal encaje de bolillos, con la dificultad añadida de rebajar el déficit público a la tasa exigida por Bruselas, los palilleiros de Montoro echaron mano de dos supuestos: la previsión de un escenario macroeconómico extraordinariamente favorable -3 % de crecimiento del PIB y del empleo, 6 % de expansión de las exportaciones- y, cuando eso no bastó, la presunción de que determinados ingresos -las cotizaciones sociales son el mejor ejemplo- experimentarán fuertes alzas el año próximo sin necesidad de subir los impuestos. La piedra filosofal de los Presupuestos se encuentra así a medio camino entre el optimismo exagerado y la pura fantasía.
PENSIONISTAS Y FUNCIONARIOS
Veamos cómo se tejió el tapiz. En primer lugar, había que tranquilizar o retirar el castigo a dos colectivos con peso decisivo en las urnas: 10 millones de pensionistas y 2,5 millones de funcionarios. Explicar a los primeros que el sistema está a salvo y que sus pensiones -las que había congelado Zapatero- van a crecer el año próximo un 0,25 % nominal. El mensaje a los trabajadores de la función pública es aún más contundente: sus salarios, después de permanecer varios años estancados, subirán un 1 % el año próximo y, además, recobrarán a plazos la paga extraordinaria que se les había birlado. El incremento del gasto en ambos colectivos asciende a 4.583 millones de euros -3.790 millones para las pensiones, 793 millones para gastos de personal-, pero sin duda está bien empleado.
GASTO SOCIAL MAQUILLADO
En segundo término, había que plasmar en el proyecto presupuestario una recuperación del gasto social. Y en torno a este epígrafe genérico, que comprende el gasto en pensiones, prestaciones por desempleo, fomento del empleo, acceso a la vivienda, servicios sociales, sanidad, educación y cultura -más de la mitad del presupuesto total-, ha montado el Gobierno una poco sutil operación de maquillaje. Dicen que, si no tenemos en cuenta las prestaciones por desempleo, el gasto social crece un 3,8 %. Es decir, si descontamos una parte del gasto social, el resto aumenta. Ingeniosa perogrullada. Con igual o mayor razón, podríamos replicar que, si excluimos las pensiones, el gasto social disminuirá el año próximo un 5,5 % (3.069,4 millones menos).
Al margen de malabarismos con las cifras, lo cierto es que el gasto social en su conjunto -pensiones y desempleo incluidos- aumenta un exiguo 0,4 %: 721 millones de euros en términos absolutos. Pierde peso en el Presupuesto, porque el gasto total crece el triple: el 1,2 %. Pero aún así, el pequeño incremento le permite al Gobierno jactarse de elevar el presupuesto de educación un 9,3 %, el de cultura un 7,3 % y el de sanidad un 3,6 %. El alarde solo le cuesta 403,4 millones a mayores, porque esas materias están transferidas a las comunidades autónomas y son estas las que corren con el grueso del gasto y, eventualmente, de los recortes.
PRESUPUESTO INVERSOR
Tampoco es este, contrariamente a lo que se viene diciendo, el Presupuesto que retoma la senda de la inversión pública. El truco para mantener la ilusión resulta sencillo: las inversiones reales crecen un 4,6 %, pero las transferencias de capital -en definitiva, inversiones reales de otras administraciones- descienden un 7 %. El Estado invertirá 157 millones de euros más, pero retira 668 millones que antes invertían comunidades autónomas y corporaciones locales. Saldo de las operaciones de capital: 511 millones menos.
El análisis de las siete grandes políticas de gasto, que absorben las tres cuartas partes del Presupuesto consolidado, resulta llamativo. El gasto en desempleo se reduce casi un 22 % (5.479 millones menos), no solo porque habrá menos paro, sino, especialmente, porque habrá menos desempleados que cobren la prestación o el subsidio. La dotación para agricultura, pesca y alimentación se reduce un 13,3 % (1.142 millones menos) y la de industria y energía, un 9,5 % (573 millones menos). A infraestructuras se destinan 167,2 millones menos, mientras que las partidas de investigación y desarrollo reciben una limosna adicional de 30 millones. Y en intereses de la deuda, confiando en que la política expansiva del BCE siga manteniéndolos a raya, prevé el Gobierno ahorrar 2.000 millones.
En las siete grandes políticas ahorrará el Estado más de 3.900 millones. Sin embargo, en el resto de actuaciones gastará 7.900 millones más. ¿En qué? Haría bien el Gobierno en detallarlo, porque la mayor parte de ese incremento reside en el epígrafe de «servicios de carácter general», con más de 5.600 millones de incremento: nada más y nada menos que un 19,9 % de subida.
IMPUESTOS Y COTIZACIONES
El gasto consolidado total (capítulos I a VIII) para el año próximo se eleva a 351.859 millones de euros, 4.016 millones por encima de los que figuran en el Presupuesto del año en curso. Para cubrir la casi totalidad de ese gasto -el déficit del Estado no debe superar el 2,2 % del PIB y el de la Seguridad Social no rebasar un quimérico 0,3 %-, el Gobierno prevé un fuerte incremento de la recaudación tributaria.
En el caso de la Seguridad Social, las estimaciones oficiales se antojan elevadas. Se prevé ingresar por cotizaciones sociales 117.242 millones de euros, un 6,7 % por encima de la cifra presupuestada para este año (109.833 millones), que tampoco se cumplirá. El sentido común indica que la meta propuesta es utópica: ni la afiliación a la Seguridad Social crecerá un 6,7 % -el propio Gobierno cifra el incremento del empleo en un 3 %- ni las cuotas de los nuevos afiliados, en un mercado laboral cada vez más precarizado, serán tan elevadas como las de antes. Ojalá las cifras del Gobierno, que prevé aumentar un 2,9 % el gasto en pensiones y un 6,7 % los ingresos por cotizaciones, tuvieran lógica: significaría que el sistema de pensiones goza de excelente salud.