Rentas de los oligopolios en España

En un reciente documento sobre la economía española se realiza un diagnóstico y se presentan propuestas bajo el título «Otro modelo económico y social para España». Sus autores resumen: es necesaria una mayor presencia del Estado y es necesaria una mayor democratización de la economía en el ámbito privado. Más Estado, sí, pero también más mercado libre, sin manos visibles.


El estudio está avalado por tres prestigiosas fundaciones (Alternativas, 1º de Mayo y F. Largo Caballero). Ese resumen me parece un excelente punto de partida para una discusión equilibrada de nuestros problemas y de las propuestas para superarlos. Sobre el primer aspecto (más Estado) baste decir que el documento es especialmente clarificador en la definición y propuestas de un sistema fiscal progresivo, eficiente y reforzado que sea capaz de financiar los retos y necesidades sanitarias, en dependencia, rentas mínimas y acceso a la vivienda. Se trataría de evitar que, mientras una parte de los agentes económicos capturan cinco de cada diez partes del PIB con sus rentas, apenas aporten dos de cada diez euros a los ingresos públicos. Y que, por eso, los costaleros que reciben la otra mitad del PIB aporten ocho de cada diez euros de impuestos. Una asimetría escandalosa.

El documento coincide además con el diagnóstico del reciente y muy recomendable libro de M. Mazzucato El Estado emprendedor sobre el papel determinante que debe tomar el Estado tanto en la definición de una estrategia industrial y competitiva de largo recorrido, como en una selectiva dotación de infraestructuras productivas y capital humano. 

Con estas perspectivas y como quiera que recomiendo su lectura de primera mano en la versión disponible en la red (http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/LibroOtroModelo.pdf), me centraré aquí en un aspecto fundamental de la segunda línea de acción: lo que llaman democratización de la economía en el ámbito privado. Es éste un asunto que tiene más de una ramificación, pero en el que, sin duda, es fundamental superar la existencia de mercados en los que un número muy reducido de agentes se encuentran en situación de oligopolio y con un poder excesivo sobre el mismo.

Tres oligopolios

En el informe que comento estos oligopolios se concretan en España en los sectores de las telecomunicaciones, de la electricidad y del sector financiero, respectivamente en las páginas 76, 146 y 152 del mismo. Bien es cierto que podrían añadirse actividades como las de combustibles (carburante y gas) o de concesionarias de autopistas que no se incluyen en el análisis que estamos resumiendo.

Sus autores estiman como rentas de oligopolio en qué porcentaje se sitúan los beneficios de cada uno de dichos sectores, en relación al respectivo valor añadido, por encima de la media para el conjunto de la economía. Esa renta diferencial puede traducirse en unidades monetarias en millones de euros y representaría el beneficio extraordinario derivado de un singular poder de mercado de un número muy reducido de empresas de dichos sectores.

En un recuadro se presentan dichas estimaciones para el quinquenio 2005-2009 que se abre con la última fase de crecimiento de la economía española y la posterior entrada en recesión en los años finales del mismo. La tendencia es inequívoca: a lo largo del quinquenio dicha renta más que se duplica pasando de menos de veinte mil millones anuales a cerca de cuarenta mil. La progresión es especialmente acelerada en el sector financiero que multiplica por ocho el volumen inicial.

Como quiera que nada hace suponer que en el quinquenio siguiente (2010-2014) dicha tendencia se haya frenado -más bien habría sucedido lo contrario- podríamos estimar que en el conjunto de la década (2005-2014) las rentas oligopólicas en esos tres sectores habrían ascendido a unos trescientos mil millones de euros, o lo que es lo mismo, a un 30 % del PIB total de la economía española.

Causas y consecuencias

Una consecuencia directa de esta extraordinaria captura de rentas es que, por el mismo importe, los hogares y las empresas españolas habrían visto reducirse sus ingresos o aumentar sus costes operativos. Tanto a través de la factura eléctrica, como de la telefónica o de comunicaciones, pero también por comisiones bancarias, menores intereses percibidos y mayores intereses pagados. Un drenaje de recursos para otras opciones de consumo y para la demanda de otros sectores, y una neutralización de otras ganancias de competitividad (por ejemplo por reducir costes laborales). Por no hablar del lacerante problema de la pobreza energética o de los deshaucios.

Esto sucede porque, pongamos por caso el sector financiero, mientras que en España los cinco bancos más grandes controlan el 56 % del mercado, en Alemania lo hacen por el 30 %. Y la última reestructuración-concentración bancaria no se ha dado aún por finalizada. Es así que las tres mayores entidades podrían acabar controlando el 70 % del mercado.

No debe extrañar que solo en el 2014 la diferencia entre intereses pagados y percibidos por el sector se haya incrementado en cuatro mil millones. Un sector que ha cargado los costes de su saneamiento y reestructuración a la deuda pública, deuda por la que percibe unos intereses prioritarios ante cualquier otro gasto público. Un oligopolio que se convierte en letal para una estructura empresarial española que, en general, cuenta con una escasa autofinanciación.

O en el sector de la electricidad donde el presidente de la CNMC declara no entender el recibo de la luz, que no solo se encarece año a año sino que además genera un déficit tarifario multimillonario que las empresas descuentan en los bancos con el respaldo del Estado. Lo que en el documento que manejamos denominan un mero simulacro legal para esconder una apropiación de rentas por parte de las compañías eléctricas a la ciudadanía española.

En el origen de esta singular posición de mercado (citamos textualmente el Informe en su p. 144) estaría: «la colusión de intereses entre algunos políticos y las oligarquías energéticas de nuestro país desde hace décadas. Es notable la presencia de exaltos cargos de diversos Gobiernos, desde el tardofranquismo hasta hoy, en los consejos de administración de las principales empresas energéticas españolas». Una visión patrimonial del Estado debidamente engrasada por las llamadas puertas giratorias.

Propuestas de reforma

Para superar esta anticompetitiva estructura oligopolística, en lo que se refiere al sector eléctrico se trataría de modificar un régimen de retribución de la electricidad hoy subordinado a los compromisos de importación de gas (que frena el impulso de las renovables) y a unas subastas denunciadas por la Comisión Nacional de la Competencia. Subastas diferenciadas y reversión al Estado de las concesiones públicas de saltos de agua, sin facilitar la ampliación de sus plazos de concesión.

En el caso de las telecomunicaciones, la reforma tendría que pasar por superar el que la red de fibra óptica española sea propiedad casi exclusiva de una empresa. Lo que le confiere una posición de monopolio natural en la mayor parte del territorio nacional como ha diagnosticado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En estas circunstancias la participación del Estado en la propiedad y gestión de la red estaría plenamente justificada.

Para el sector financiero las vías de reforma pasarían por definir una banca pública de magnitud suficiente que tenga (citamos por la p. 166) «un comportamiento crediticio diferente al de la banca privada, es decir, más orientado a financiar infraestructuras y equipamientos públicos, proyectos empresariales de largo plazo que estén relacionados con objetivos estratégicos de política industrial, así como hacia colectivos con problemas de acceso al crédito, principalmente en relación con la vivienda, y las pymes». Para los autores de este Informe una Bankia hoy nacionalizada podría ser el núcleo de esa nueva banca pública española (p. 90). Complementariamente se trataría de reforzar el Fondo de Garantía de Depósitos, implementar un impuesto específico sobre los depósitos y superar la gestión oligopolística de los planes de pensiones.

Si a ello añadimos una reforma fiscal que modifique una recaudación que hoy perjudica a la pequeña y mediana empresa (frente a las grandes empresas) es más que probable que se produjese un rotundo avance en la competitividad global de la economía española.

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