Los partidos, a excepción del BNG, se oponen a un ente que imite la Secretaría de la Soledad del Reino Unido, y proponen opciones como el «co-housing» y protocolos de atención
27 feb 2018 . Actualizado a las 11:16 h.El pasado julio fue un mes negro. María Rosario y Miguel sacaron a flote uno de los azotes colaterales del envejecimiento demográfico en Galicia: la soledad. En menos de un mes aparecieron sus cadáveres en proceso de momificación. Cadáveres que nadie había reclamado. Una espantosa situación que en la comunidad temen más de 120.000 gallegos mayores de 65 años que no tienen quién los cuide, con quién pasar un buen rato o, por qué no, con quién discutir. Pese a que en la actualidad el Ejecutivo de Feijoo tiene en marcha iniciativas para velar por el bienestar de los mayores, como el programa de teleasistencia de la Cruz Roja o el servicio de geolocalizadores, la iniciativa de Theresa May de crear una Secretaría de Estado de la Soledad puso en jaque a las formaciones políticas con representación en el Parlamento gallego. Si el Reino Unido plantea un organismo específico para tratar una problemática a la que se le asocian dolencias cardiovasculares, demencia, depresión y ansiedad (con el correspondiente disparo del gasto público que supone), ¿debería Galicia tener una Consellería da Soidade?
El PPdeG, el PSdeG y En Marea no contemplan esta opción. Aunque los motivos que argumentan son muy distintos. Los populares apuestan por la «posta en marcha de políticas concretas de apoio ás persoas que viven soas, máis que pola creación de novos organismos administrativos». Marta Rodríguez Arias, viceportavoz del grupo parlamentario del PPdeG, recuerda que el Gobierno actúa para paliar esta circunstancia que afecta a los mayores, más que a otros grupos, con varios recursos como las plazas públicas que se ofrecen en centros de día, el «servizo de axuda no fogar ou os servizos de voluntariado que fan acompañamento» a este colectivo.
Poca inversión
Los socialistas, que tampoco se mojan a la hora de dar el visto bueno a una consellería de estas características, aseguran que, no obstante, «sí ha de tenerse en cuenta como prioridad la atención a los mayores que están solos». Y lanzan una pulla al Gobierno autonómico al asegurar que «no invierte lo suficiente ni en dependencia ni en servicios sociales». Lo verbaliza Marina Ortega, secretaria de políticas sociales del PSdeG. Ortega, que además es concejala de Servicios Sociais en O Carballiño. Propone aplicar en el contexto autonómico un proyecto similar al que está llevando a cabo en el Concello ourensano. «Hay que llevar la política a la vanguardia, y el estudio que estamos haciendo en O Carballiño podría servir de ejemplo. Creamos un censo de personas que viven solas y llevamos a cabo una coordinación completa con agentes implicados en esta casuística para determinar el nivel de alerta de cada individuo». Además, esta formación propuso en diciembre combatir la soledad con viviendas colectivas. Es decir, «el sector público participaría con la cesión de suelo y la participación directa en la construcción del proyecto». El modelo co-housing está totalmente asentado en Suecia y Dinamarca.
En Marea, por su parte, cree que lo que necesita Galicia es «outro modelo e outras políticas» que no condenen a los gallegos «á soidade». La diputada Paula Vázquez Verao afirma que este drama, que azota especialmente a la comunidad, «é un síntoma do devalo socioeconómico» de Galicia. Para revertir el problema presentaron en el Parlamento un «protocolo de atención ás persoas maiores que viven soas que coordine as actuacións dos servizos públicos e as institucións implicadas».
Se desmarca de esta postura generalizada el BNG, que sí apostaría por una Consellería da Soidade «se fose concibida como un espazo multiaxente de coordinación e impulso das medidas para combater esta realidade». Además, Olalla Rodil, viceportavoz parlamentaria de la formación de Ana Pontón, reclama que se garanticen «pensións que lles permitan ás persoas maiores vivir con dignidade, máis centros públicos de atención á terceira idade e financiar a lei de dependencia, comezando por reclamar os 150 millóns que o Estado debe a Galicia».
