Las cámaras a bordo, principal punto de discordia del reglamento de control

Dos años de tramitación y debate y todavía subsisten puntos de discordia. Llegar a un consenso en un aspecto tan sensible como es la definición del reglamento comunitario de control de la flota pesquera es una empresa difícil. Y ya no porque introduzca modificaciones en cinco normativas diferentes, sino porque se adentra en cuestiones tan controvertidas como el uso de cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV) para vigilar el cumplimiento de la obligación de desembarque (OD), la introducción de un sistema de localización para todas las embarcaciones, incluso aquellas más pequeñas, o la generalización del uso del diario electrónico de a bordo (DEA) a los buques menores de doce metros.

Pero esas dificultades no han amilanado a la eurodiputada socialista Clara Aguilera, ponente del informe de opinión sobre el reglamento, que se ha afanado en lograr el mayor consenso posible en la Comisión de Pesca de la Eurocámara, coordinándose incluso con su colega popular Gabriel Mato para tratar de que esa nueva tecnología que casi con toda seguridad tendrá que ir incorporando la flota comunitaria, pudiese ser financiada a través del FEMPA (Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura).

Fruto de ese empeño es un informe con 62 enmiendas de transacción agrupadas en 26 bloques que, con distinto grado de apoyo, tienen por objetivo armonizar el sistema de control e inspección para evitar «un sentimiento de injusticia entre los Estados miembros», apuntó Aguilera.

Por lo pronto, la Eurocámara sugiere dar un plazo de 4 años tras la aprobación del reglamento para que la flota adopte las medidas técnicas que contiene la regulación, un período que en la propuesta de la Comisión era de dos años. Pero ese es un aspecto de los menos controvertidos. El más espinoso es la introducción de cámaras a bordo. La ponente, que exime a la flota artesanal de embarcar al Gran Hermano, aboga por obligar a incorporarlo a aquellas embarcaciones cuyo riesgo de incumplimiento sea alto. Serían aquellas que tiene identificadas la Agencia Europea de Control Pesquero (EFCA), que la eurodiputada visitó en la ronda de consultas que hizo para elaborar el informe y a la que pretende dotar de mayores competencias.

Aguilera admite que su sugerencia no cuenta con un apoyo mayoritario. Incluso miembros de su grupo no ven con buenos ojos esa obligatoriedad. La mayor parte de los eurodiputados de la Comisión de Pesca apoyan que la incorporación de cámaras a bordo sea voluntaria. El gallego Francisco Millán Mon es uno de ellos. En su opinión, meter circuitos de televisión a bordo debería ser voluntario o, en todo caso, que su imposición como castigo se limite a los barcos de más de 24 metros que infrinjan de forma reiterada la obligación de desembarque, pues para eso las pensó la Comisión y no para cualquier tipo de irregularidad, añadió la vasca Izaskun Bilbao, de Renew Europe.

Localización de la bajura

Otro punto de fricción es la geolocalización de la flota de bajura. La ponente está decididamente por la labor. Y ya no por el control de la actividad que esa caja azul permitiría, sino por motivos de seguridad, como de sobra se ha comprobado en la flota andaluza. También hay discrepancias en cuanto a las cuestiones de trazabilidad y, sobre todo, en la cuestión de los lotes, pues unos defienden a ultranza la necesidad de que el consumidor pueda conocer cómo y dónde se ha capturado el pescado y otros hacen hincapié en las dificultades que eso acarrearía para la industria conservera. En este sentido, Bilbao plantea un margen de tolerancia del 25 % en el caso del atún.

Más consenso hay en cuanto a incorporar una medida de salvaguarda contra la pesca IUU (ilegal, no declarada y no reglamentada) consistente en suspender las preferencias arancelarias a la exportación de productos pesqueros a los países a los que se les sancione con tarjeta amarilla. Aquí la oposición lleva el sello de la Comisión, que solo plantea esa medida en caso de que se muestre la tarjeta roja.

Consenso en la necesidad de disponer de datos sobre el impacto de la pesca recreativa

Una de las cuestiones que es objeto de debate en la Comisión de Pesca de la Eurocámara es el impacto que tiene la pesca recreativa sobre los stocks. Aguilera deja constancia en su informe de que esta actividad aficionada desempeña cada vez un papel más importante y está convencida de que tiene efectos en las tres vertientes de la sostenibilidad. De ahí que recoja que es necesario recopilar datos de capturas, licencias, medios... para «dotarnos de material que proporcione un conocimiento de las repercusiones de la pesca recreativa» en las poblaciones pesqueras. Coincidieron con la socialista Millán Mon e Izaskun Bilbao, eurodiputada que puso énfasis en el auge de las actividades de pesca turismo y en que el desconocimiento del alcance de esas acciones impiden determinar «cuándo y dónde compite con la pesca profesional».

Más peso a la Agencia de Vigo

La eurodiputada socialista propone en su informe ampliar las funciones de la EFCA, con sede en Vigo. Aguilera propone la creación de un registro europeo de sanciones, en el que quedarían listados los barcos infractores. A su juicio, eso reforzaría a la Agencia de Pesca y ayudaría a los Estados a realizar el control. No fueron pocos los diputados que mostraron sus reticencias a un registro sobre el que hay dudas sobre si aporta «valor añadido», dijo Millán Mon, que inquirió si en otras políticas tan comunes como la pesca, como puede ser la agraria (PAC) existe algo similar. Con todas esas divisiones, la Eurocámara ha decidido dividir la votación de un «expediente tan complejo». Hoy se votarán las enmiendas, para después pasar a los compromisos y, finalmente, al informe en su conjunto.

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