Afectados por el exceso de potencia pesquera presentarán otra queja a Bruselas

El Defensor del Pueblo Europeo rechazó su denuncia porque solo puede investigar cuestiones que se refieren al trabajo administrativo de las instituciones y órganos de la UE


redacción

La plataforma que defiende los derechos de los afectados por el incumplimiento de la potencia motriz en los barcos de pesca no se han amilanado ante la negativa del Defensor del Pueblo Europeo a analizar su denuncia contra la instituciones europeas por dejadez, por inhibirse ante su obligación de velar por el cumplimiento de las normas establecidas. Ese rechazo se basa «en que solo puede investigar quejas que se refieren al trabajo administrativo de las instituciones y órganos de la UE» y, según entiende el Defensor del Pueblo Europeo, la queja de los ciudadanos «está relacionada con el trabajo político del Parlamento, dado que es esta institución la que debe determinar si esa posición es razonable».

Al ver cerrada esta vía, la plataforma ha tomado la decisión de interponer un recurso de queja ante la Comisión Europea. Sería el paso previo «a la presentación de una demanda amparada por el Derecho Europeo para el caso de incumplimiento de su ordenamiento jurídico». Este documento, explican los afectados en un comunicado, tendrá como asunto principal el incumplimiento por parte de los Estados miembros del Reglamento 1224/2009 sobre el control de la potencia motriz. Y no solo eso. En la denuncia se solicitará, además, «que se declare ilegal el reparto de los derechos de pesca basados en los derechos históricos adquiridos por buques que hayan modificado la potencia motriz, al no cumplir estas con la potencia registrada».

Lucha por «cuotas justas»

Francisco Pérez, portavoz de la plataforma de afectados, insta a «la Comisión Europea a pronunciarse ante esta irregularidad que se lleva cometiendo años en nuestras costas y en la de todos los Estados miembros». Y si finalmente el Ejecutivo comunitario no contesta, «llevaremos esta denuncia ante los tribunales europeos. No pararemos hasta que no haya unas cuotas pesqueras realmente justas».

Pérez y el colectivo de armadores que se han constituido en plataforma llevan más de 5 años luchando para que se cumpla el reglamento 2371/2002, que fija la reducción de capacidad de la flota pesquera europea. Una rebaja que no se ha acatado, sino todo lo contrario.

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