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Londres araña el 25 % de las cuotas por dejar pescar a la UE en sus aguas 5 años

La Voz REDACCIÓN

SOMOS MAR

PASCAL ROSSIGNOL | Reuters

La Xunta anuncia que será beligerante para recuperar los derechos perdidos

26 dic 2020 . Actualizado a las 13:53 h.

Cuando un exultante Boris Johnson anuncia a bombo y platillo que el acuerdo que se ha cerrado con la Unión Europea está «lleno de pescado», a la flota comunitaria no le queda más que dar por hecho que le han correspondido las espinas del que se había convertido en uno de los últimos escollos para definir cómo será el post-brexit. O al menos lo intuye, porque las casi 1.500 páginas que dicen que tiene el tratado no las han visto más que en un resumen de 32 que ha lanzado el Reino Unido. Por la Comisión, continúan esperando escuchar algo más que la lástima que les da que los británicos se vayan del club y conocer cómo serán las relaciones en materia pesquera tras la desconexión. El Ejecutivo comunitario hizo un esbozo ayer, al admitir que el sector pesquero será uno de los perceptores de ese fondo de 5.000 millones para la adaptación al brexit, por esas condiciones menos favorables de acceso a las aguas.

Muy ventajosas para la flota comunitaria no parece que vayan a serlo, pues lo poco que ha trascendido es que los barcos europeos podrán continuar pescando en las aguas que ahora son soberanía británica durante cinco años y medio, a cambio de ceder el 25 % de las cuotas que los pesqueros del bloque comunitario pescaban en aguas británicas de Gran Sol, que Londres cifra en 146 millones de libras (161 millones de euros). A cambio, los productos pesqueros, esos que apenas demandan los ciudadanos de la Gran Bretaña, seguirán entrando en el mercado europeo a arancel cero. Por lo pronto, la patronal pesquera española, Cepesca, ya habló de «día negro para los pescadores europeos, sus familias y sus comunidades», dijo Javier Garat, secretario general de la entidad. Por más que hay muchas preguntas que siguen abiertas, no hay duda de que independientemente del «acuerdo final, cualquier pérdida de derechos de pesca que hemos tenido durante siglos es un gran golpe para nuestros pescadores y sus comunidades que no pueden subestimarse». Además, cinco años no es el plazo que requiere una actividad como la pesca, pensada a largo plazo. Tal cortoplacismo «sofocará la inversión en el sector y dejará abierta la cuestión de la gestión sostenible a largo plazo de las poblaciones de peces».

Galicia y su moneda de cambio

Ni que decir tiene que Galicia es una de las regiones más perjudicadas, teniendo como tiene más de medio centenar de barcos faenando en Gran Sol, una veintena de congelados en las Malvinas y una treintena de armadores gallegos que tienen buques de bandera británica afectados por la desconexión del Reino Unido. En su día, la Xunta cifró en 533 millones de euros el daño económico del brexit. Y aunque ayer no se atrevió a hacer cálculos porque desconocía los términos del acuerdo, al Gobierno gallego no le cabe duda de que se trata de un acuerdo sumamente negativo «porque se entregou de forma definitiva á frota británica o 25 % das cotas de pesca europeas a cambio de cinco anos e medio de acceso ás augas do Reino Unido».

La Xunta no ocultó su preocupación y conminó al Gobierno central, que participó en las negociaciones, a que explique un acuerdo en el que todo apunta a que la «pesca foi empregada como moeda de cambio en Europa pese as advertencias e peticións realizadas para que na negociación non se traspasara esa liña vermella». Ahora bien, el Ejecutivo gallego no va a quedarse cruzado de brazos: «Galicia non se vai conformar con compensacións por este acordo e será belixerante e contundente para recuperar os dereitos de pesca perdidos no acordo do brexit», apuntó ayer en un comunicado.

Esa cesión del 25 % de las cuotas que la flota comunitaria pescaba en aguas británicas -9.000 toneladas en el caso de la española- no afecta a todas las especies por igual. Carga más la tijera en las especies pelágicas, como el jurel, la xarda o el lirio, de elevado interés para la flota de bajura gallega, y que, además, se emplean para hacer intercambios que permitían «facer rendibles flotas e lonxas». Eso sin contar con lo que se perderá de cuota de merluza, rape y gallo, principales especies que pesca en aguas británicas la que se su día fue la flota de los 300.

A partir del 2026, el acceso y los cupos de más de cien especies se negociarán cada año

En el aperitivo del texto del acuerdo que ha servido el Reino Unido, el exsocio comunitario se vanagloria de haber recuperado la soberanía de sus aguas, lo que permite afrontar la reconstrucción de la flota pesquera e incrementar las cuotas poniendo fin a cuatro décadas de desigualdades. Las alentadas por una estabilidad relativa «injusta» contra la que siempre ha cargado también España. A partir de ahora, dictará sus propias normas y leyes en materia de pesca y fijará su propia política de gestión. Y esa es otra de las cuestiones que inquietan a Galicia, que subraya la paradoja de que, al abandonar la política pesquera común, el Reino Unido no tendrá que soportar limitaciones de difícil cumplimiento como la prohibición de descartes cuando fue uno de los países que más alentó esas obligación de desembarque que tantos quebraderos de cabeza está dando a la flota gallega.

Si, como todo apunta, el acuerdo prevé el acceso a las aguas durante cinco años y medio, a partir del 2026 deberán renegociarse las condiciones de entrada a las aguas británicas y pactar año a año «un acceso que vai ser minorado en termos de posibilidades de pesca» de los más de cien stocks cuya gestión comparten.

Inversión extranjera

Otra letra pequeña que quiere ver el sector es la relativa a las inversiones extranjeras en materia de pesca. En ese avance que ha hecho Londres, alude a un anexo que recoge las nuevas protecciones para su régimen de competencia y proporciona un marco claro con respecto a «las inversiones en la industria pesquera del Reino Unido».

Textiles y automóviles gallegos eluden el castigo arancelario del «brexit»

Salvarán unos 120 millones de euros en sus exportaciones al Reino Unido

c. porteiro

Con una pandemia que ya va camino de los 10 meses, cancelaciones masivas de reuniones navideñas y con el desasosiego del brexit llamando a la puerta, cualquiera habría pensado que el guion del 2020 lo escribió Tim Burton. Como en su entrañable película Pesadilla antes de Navidad, uno de los protagonistas -el primer ministro Boris Johnson- se coló el jueves en las casas de los británicos para dejarles un «regalo» en sus chimeneas: un acuerdo comercial con la Unión Europea. Un acuerdo cojo, eso sí, hecho tarde y mal, a solo siete días de la desconexión definitiva tras cuatro años y medio dando bandazos. Tanto es así que no dará tiempo a ratificarlo antes de fin de año. ¿Significa eso que se paralizará la actividad económica? No. Para tranquilidad de empresas y trabajadores, se ha solicitado su aplicación temporal durante dos meses. «Un no acuerdo habría sido otro golpe en los dientes para las empresas que aún están absorbiendo el impacto del covid. Estamos aliviados de que, al final, se haya alcanzado un acuerdo y la razón económica haya prevalecido», asegura el presidente de la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria Europeas (Eurochambres), Christoph Leitl. Claro que, hay muchas cosas que van a cambiar.

El Reino Unido ya no estará en el mercado único ni la unión aduanera así que se levantarán nuevos controles fronterizos a partir del día 1 de enero. Se acabó la libre circulación de mercancías y servicios. Quien quiera importar o exportar productos a la isla deberá solicitar permisos y cumplir con las normativas allí donde opere, a un lado u otro del Canal de la Mancha. De algún modo, será como retroceder en el tiempo y recuperar el papeleo, las autorizaciones, los pasaportes y las licencias.

La nota positiva del acuerdo tiene que ver con los aranceles, o más bien con su ausencia. Sectores tractores de la economía gallega -y los más expuestos a un brexit duro- como son el textil [facturó 494,2 millones de euros en el 2019 solo en exportaciones al Reino Unido] o el del automóvil [511,7 millones], se ahorrarán alrededor de 120 millones de euros anuales -tomando como referencia cifras del 2019- que se corresponderían con el encarecimiento de las exportaciones en un 12 % y un 10 % respectivamente según las tasas que habría impuesto el Gobierno británico a las mercancías textiles y los vehículos procedentes de la UE. No habrá tampoco cuotas de entrada y salida de bienes, así que empresas como Inditex -exporta el 10 % al Reino Unido, donde tiene más de un centenar de tiendas- o PSA -responsable del 81 % de las exportaciones de la provincia de Pontevedra a ese país- podrán seguir cargando tantos camiones y barcos como quieran con destino al Reino Unido, donde ya tienen grandes volúmenes de bienes almacenados en previsión de un brexit duro. 

Riesgos

También respiran tranquilos los pizarreros de Valdeorras, las madereras, productores de vino Albariño, las empresas conserveras o la refinería de Repsol (A Coruña), de donde sale el combustible que exporta Galicia a la isla. No tendrán que pagar peajes de entrada que, en el caso de las conservas, podían haber ascendido al 40 % de su valor. La balanza comercial gallega, que hasta ahora arrojaba un saldo positivo de unos 1.000 millones de euros anuales -la segunda más alta de entre todas las comunidades autónomas-seguirá estando protegida de las garras del Gobierno británico. Al menos, de momento. Porque los dos bloques se reservan el derecho de aplicar sanciones o medidas proteccionistas si no se cumplen las reglas en materia de ayudas de Estado, subsidios y competencia, terrenos resbaladizos para ambos. También hay otro factor que puede echar al traste este balón de oxígeno que traerá el acuerdo de libre comercio: la libra. Si la divisa de los británicos se deprecia demasiado a causa del impacto económico o por decisiones deliberadas, las exportaciones gallegas (en euros) se encarecerían y podrían perder competitividad en favor de las de países como Chile o Marruecos.

Pero no solo de exportaciones al Reino Unido vive Galicia. Las importaciones, en el caso del sector del automóvil, también son esenciales para no sufrir interrupciones en la cadena de suministro y fabricación.

El coste oculto: más papeleo, más controles y más pérdidas por los retrasos en frontera

Casi 3 millones de vehículos valorados en 54.000 millones fluyen a un lado y otro del Canal de la Mancha cada año. El flujo de componentes y piezas representa casi 14.000 millones de euros anuales, según datos de ACEA recogidos por Efe. Y esto es solo una gota de todo el negocio en juego. Aunque las pérdidas masivas se han evitado, habrá costes inevitables que la industria deberá asumir en forma de burocracia y carga regulatoria. Son barreras difíciles de cuantificar, más que los aranceles, pero son también dañinas. Especialmente para las pymes. Muchas pequeñas empresas exportadoras necesitarán incurrir en gastos adicionales para buscar asesoramiento. «El brexit va a costar dinero a la economía europea porque habrá nuevos procedimientos, requisitos y nuevos obstáculos para comerciar entre el Reino Unido y la UE», advierte el director de Eurochambres, Ben Butter. El papeleo y el tiempo invertido en las colas de los controles aduaneros también es dinero perdido. 

Servicios financieros

Los servicios financieros, el pilar sobre el que se asienta la City londinense, ha quedado fuera del acuerdo comercial. Un banco o entidad de un país tercero con base en Londres perderá su pasaporte a la UE el 1 de enero, así que deberá abrir un cuartel en otro país del bloque para seguir operando en el mercado único, además de respetar sus normas y supervisión.

El acuerdo también abre oportunidades para bancos españoles con presencia en el Reino Unido, como el Sabadell, que tenía previsto dehacerse de su filial británica, el TSB, en el 2021. Aunque la entidad acumulaba pérdidas de unos 155 millones al cierre del tercer trimestre, la perspectiva de un acuerdo comercial podría facilitar el proceso de venta, tan necesario tras la fallida fusión con el BBVA.