España revisa las sanciones a la pesca porque no todas son proporcionales

El Gobierno también admite que retraen al sector a la hora de pedir ayudas


viveiro

Al 2001, con una actualización en el 2014, se remonta la normativa española que regula las infracciones y las sanciones en la pesca marítima. Además de multas que van del mínimo de 60 euros para las más leves a los 600.000 para el grado máximo de las muy graves, incluyen un baremo de puntos que se aplica a la hora de solicitar subvenciones del Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP). Aun teniendo opción a esas ayudas y necesitándolas, la posibilidad de saltarse alguna norma en los años siguientes a recibirlas retrae al sector, porque la sanción podría obligarle a devolverlas, además de pagar la multa. A propuesta de las federaciones de cofradías de Galicia y del resto del Cantábrico, el Gobierno español ha aceptado revisar el actual régimen sancionador «para llevar a cabo una mayor racionalización normativa y establecer un sistema proporcional de sanciones».

La muy extensa lista de posibles infracciones en pesqueros tipifica como graves lo que mandos de barcos y armadores coinciden en calificar de «erros fáciles de cometer e dos que ninguén está libre», en palabras de Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Por ejemplo, «unha equivocación no diario de pesca ou no electrónico, problemas para transmitilos en tempo ou caixas de peixe sen identificar a bordo». Así se lo transmitieron él y otros dirigentes gallegos, asturianos, cántabros y vascos a la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, en la sexta Interfederativa de Cofradías de Pescadores del Cantábrico, celebrada por videoconferencia vía A Mariña.

«Positivo y necesario»

Villauriz recogió el guante y anunció una «modificación» de la norma del 2001 con el propósito de «facilitar un mayor aprovechamiento» de las ayudas del FEMP y siempre «dentro del objetivo último de garantizar el ejercicio de una pesca sostenible a largo plazo».

Consultado su departamento, apuntan que el proyecto de ley «se encuentra aún en las fases iniciales de su redacción». Ahora se centran en el «análisis de las nuevas necesidades derivadas de los cambios normativos o de la evolución del sector, por ejemplo». De ahí que declinen «adelantar ningún aspecto concreto» sobre la racionalización y proporcionalidad que prevén implantar. Eso sí, la Secretaría General de Pesca subraya que, «en cualquier caso, revisar y adaptar la normativa siempre es un ejercicio positivo y necesario».

Sobre la influencia de la norma vigente en la solicitud o acceso a las subvenciones con fondos de la Unión Europea, desde el Ministerio de Pesca reconocen que «efectivamente existe una relación entre determinadas sanciones y el acceso a las ayudas del FEMP». De ahí que hayan aceptado la petición de las cofradías y estén «analizando las diferentes casuísticas para asegurarnos de que las sanciones y sus repercusiones sobre las ayudas sean siempre proporcionadas a la gravedad de la infracción cometida».

Pesca cuenta con tener un primer borrador de la futura norma «a comienzos» del 2021. A partir de ahí se abrirá el habitual período de consultas con el sector y continuará el procedimiento. Confía en poder aprobar el próximo año una ley que permita imponer sanciones proporcionales a la infracción cometida.

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