La Xunta exige el asiento que por ley le corresponde en el Consejo de Pesca

Si ya quería estar presente en condiciones normales, ahora que ha conocido que más que usar la tijera lo que pretende Bruselas es pasar una rebarbadora por casi todos los cupos de su caladero, Galicia exige estar sentada al lado del ministro Luis Planas y la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, en el Consejo de Ministros de Pesca de diciembre. En él se fijarán, brexit mediante, las posibilidades de capturas que el año que viene tendrá la flota en las aguas comunitarias que queden y, en algunos casos, fuera de ellas.

Esa exigencia fue trasladada el martes por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y por el director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, al Gobierno central en la 63 Conferencia para Asuntos Relacionados con la UE (CARUE), que reclamaron el asiento que, por ley, le corresponde al representante autonómico de turno en la delegación española que participe en el Consejo de Ministros.

Si bien es cierto que por las restricciones adoptadas para controlar la pandemia se ha reducido a cuatro el número de puestos por Estado miembro, la participación de las comunidades en los grupos de trabajo y en las reuniones debe estar garantizada. Por tanto, recalcan, uno de esos cuatro asientos debe ser para «un representante autonómico con rango de conselleiro», que en la cumbre de diciembre estaría reservado para la responsable de Mar, Rosa Quintana. Hasta ahora, en los Consejos de Ministros de Pesca que ha habido desde el mes de septiembre no se ha reservado plaza a la conselleira y esta no está dispuesta a quedarse al margen de las deliberaciones de cuotas, sobre todo con los recortes que estas traen para el Cantábrico y litoral atlántico y a saber lo que ocurre en Gran Sol.

Nubes negras tras el «brexit»

Otra de las preocupaciones que trasladaron Rueda y Gamallo en la conferencia fue la inquietud de la Xunta ante la escisión del Reino Unido de la UE. Ambos se pusieron en el peor de los escenarios, ese brexit duro sin acuerdo, que expulse a su flota de aguas británicas y llene de barcos el resto de los caladeros comunitarios. Es lo último que quiere el Gobierno gallego y por eso insiste al Ejecutivo central para que defienda la postura de vincular el acuerdo de pesca al de libre comercio en las negociaciones. Pero si, como se temen, el plan A falla y los británicos se van por las bravas, será necesario que la reserva de ajuste del brexit, ese peto destinado a compensar a los sectores más afectados por la ruptura, «permita beneficiar tamén ás rexións prexudicadas pola concentración de máis buques nas súas zonas de traballo» debido al cierre de las aguas británicas. Rueda pidió al Gobierno que se incluya ese criterio, así como la influencia económica y no solo la proximidad geográfica al Reino Unido.

Además, de materializarse ese brexit duro será necesario que el Ejecutivo central apruebe un real decreto de medidas transitorias para que los barcos gallegos con bandera británica que operan en Gran Sol puedan mantener sus operaciones en puertos como Burela o Celeiro. Y, por supuesto, serán precisos más puestos de inspección fronteriza (PIF) para no colapsar las descargas. 

Espacio en blanco

Que puede acabar mal también lo están viendo los armadores. La patronal pesquera Cepesca reprochó a Bruselas que haya dejado en blanco su propuesta de cuotas para Gran Sol y zonas aledañas, donde se concentran la mayor parte de los stocks que la UE comparte con el Reino Unido. En declaraciones a Efe, el secretario general de la confederación, Javier Garat, señaló que haber seguido el guion de todos los años, dando la recomendación de cuota y respetando la clave de reparto fijada antes de la huida británica, hubiera mandado «una señal importante» sobre la firmeza de Bruselas y de ausencia de concesiones en las discusiones del brexit.

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