El Consejo de Estado dictamina que la Ley de Cambio Climático modifica la de Costas


Redacción / La Voz

Los afectados de la cadena mar-industria gallega están convencidos de que la Ley de Cambio Climático altera la normativa vigente sobre las concesiones en terreno de dominio público marítimo-terrestre y su duración. Una interpretación que niegan algunas voces socialistas, partido de cuyo puño ha salido el anteproyecto que, a entender del sector, modifica la duración de los títulos de ocupación en el litoral.

Pues bien, para demostrar que no son visionarias o que ven fantasmas donde no los hay, el sector ha aireado el dictamen emitido por el Consejo de Estado al respecto de la Ley de Cambio Climático en el que recoge claramente que el artículo que alude a las concesiones en terreno público del litoral «sí que aporta contenido normativo nuevo y, por ello, se estima que sería conveniente su inclusión en la Ley de Costas». Esta idea encajaría con la opinión de los afectados de que esa disposición no pinta nada en el texto legal dedicado a mitigar el cambio climático, al tiempo que respaldaría la petición de que se excluya de esa disposición a las empresas de la cadena mar-industria.

Y si el apartado 3 debería estar en la Ley de Costas, el 4 tampoco parece pertinente en la del Cambio Climático. Considera el Consejo de Estado que al establecer que «los plazos de duración de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre se computarán desde su otorgamiento e incluirán todas sus prórrogas, de ser estas posibles, sin superar los plazos máximos establecidos» y declarar «nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados en incumplimiento de lo previsto en este artículo» se fija una regla clara. Una regla «que viene a incidir en el régimen actual», regulado en el artículo segundo de la Ley de Costas del 2013. Admite que ese artículo, tal y como está redactado, no es un dechado de claridad y, por eso, ha dado pie a interpretaciones diferentes: una, que la ocupación no puede extenderse más allá de los 75 años; otra, como ya recogió el dictamen del Consejo de Estado sobre el reglamento general de Costas (del 2014), que «las concesiones superarán el plazo de 75 años».

«Criterio claro y diferente»

En todo caso, «el anteproyecto ahora consultado viene a fijar un criterio claro y diferente» de la Ley de Costas del 2013. Por eso, el Consejo de Estado señala que «convendría introducir los cambios en la normativa de Costas, llevando a cabo las modificaciones que se estimen pertinentes en la Ley 2/2013, con el fin de evitar que la superposición de distintas normas reguladoras suscite dudas interpretativas contrarias a la seguridad jurídica».

Aún realiza otra consideración. Y es que esa «regla de la nulidad de pleno derecho» que recoge el artículo 18 solo se podría aplicar «a los actos administrativos que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de la ley cuyo anteproyecto se dictamina». Por eso señala que habría que cambiar la expresión para dejar claro que solo afectará a los actos posteriores a la publicación de la ley.

Un empeño por dejar al sector al margen que no ha hecho más que unirlo y reforzarlo

Si algo caracteriza a la plataforma de afectados de la cadena mar-industria son las diferentes sensibilidades que se dan entre cada uno de sus eslabones. Y el empeño del Gobierno en dejarlos al margen de la modificación que pretende para la ocupación de la costa ha conseguido lo impensable: amalgamar un colectivo que no se caracteriza precisamente por su cohesión. Y, sin embargo, ahí está que «estamos consolidando esta alianza intersectorial, como interlocutora del Gobierno de turno para las decisiones que afectan a sectores con problemas muy similares en lo esencial», explica Fernando Otero, asesor legal de los afectados y coordinador de la plataforma. Y reclamar voz y voto para decidir sobre legislación que le afecta es una imperativo «que rige para todos» los interlocutores: «ni Estado, ni Xunta ni otra Administración puede regular una parte tan relevante de la economía real sin permitir la participación efectiva del sector». Efectiva, recalca, no basta con el trámite de audiencia pública.

El colectivo muestra su satisfacción por que el dictamen recoja lo que llevan diciendo desde el minuto uno: «Que este no es lugar para regular la duración de las concesiones, sino que debería hacerse en su normativa específica, la de Costas, pues la duplicidad de leyes no bien ajustadas es un foco de problemas luego». Aduce, además, que una Ley de Cambio Climático no puede entrar tan de lleno en un sector que no constituye un problema desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero y resalta la parte del dictamen que recrimina que no se haya previsto sustitutos de las actividades económicas que van a verse afectadas por la ley.

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