Tres granjas marinas más ven peligrar su continuidad en el litoral

Una empresa recibe resoluciones que amplían por un año, diez en el mejor de los casos, el título de ocupación del dominio público marítimo-terrestre


redacción

Mientras desde el Gobierno llaman a la calma y lanzan mensajes de tranquilidad con los que tratan de aplacar la revuelta de los alcaldes socialistas de municipios costeros, pregonando la inocuidad de la Ley de Cambio Climático sobre la duración de las concesiones, los empresarios reciben resoluciones que contradicen aquellas consignas.

A los casos ya conocidos de Paquito (Boiro), empresa a la que condicionan la concesión de la licencia a que derribe parte de sus naves; y Tres Mares (Cee), a la que le han concedido una prórroga de un año cuando interpreta que le correspondían 40 más, se suman ahora los casos de tres granjas marinas gallegas, todas de la misma empresa, que han visto resueltas sus solicitudes de prórroga extraordinaria «con el otorgamiento de períodos muy cortos de tiempo», aseguran desde la plataforma de afectados.

Al parecer, la ampliación se ha concedido por un año en un caso y diez en otros, por lo que «verán definitivamente extinguidas sus concesiones tras haber ocupado sus actuales emplazamientos un total de 40 años de los 70 a los que podrían aspirar en cada caso si se les aplicase el reglamento de la Ley de Costas que a día de hoy sigue vigente», apuntan desde la plataforma.

Es, sostienen, «un conjunto de decisiones que contrasta con el margen de prórroga mucho mayor que se venía aplicando pocos años atrás a otras empresas en situación muy semejante».

El sector de la cadena mar-industria se muestra más alarmado si cabe por el hecho de que Costas del Estado ya está aplicando esa interpretación más restrictiva cuando aún no se ha aprobado la Ley de Cambio Climático, pues todavía no ha sido sometida a votación en el Congreso y aún está en proceso de presentación de enmiendas.

Requisitos más exigentes

A criterio de los afectados, ese proyecto de ley introduce varios artículos -en concreto el polémico 18- «que entran de lleno a regular el régimen legal de las concesiones de ocupación marítimo-terrestre». De ser aprobada, argumentan, la nueva ley «modificará la actual de Costas y el reglamento que la desarrolla en aspectos esenciales, pues hará más exigentes y discrecionales los requisitos para que las empresas dependientes de su ubicación en la costa puedan mantenerse en sus actuales ubicaciones».

Punto de partida

Las compañías del mar sostienen que, con la actual Ley de Costas, la prórroga extraordinaria de las concesiones puede llegar a 40 años más de los ya disfrutados por el concesionario (hasta un máximo de 75 en total), mientras que, «si se aprueba la nueva normativa, la prórroga extraordinaria pasaría a computarse desde el primer día de la concesión, con lo que se perderán esos 40 años que hoy son adicionales y que a día de hoy se computan, en cambio, desde que finaliza el plazo de duración inicial». Cierto que siempre pueden pedir un nuevo título de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, pero las condiciones y requisitos para obtenerlo no van a ser los mismos que hace cuatro decenios. Así, el colectivo pone como ejemplo que las autoridades autonómicas están empezando a exigir un informe de inundabilidad. Eso prueba «que la preocupación del sector no es derecho ficción ni una exageración, sino una realidad que vienen anticipando», concluyen.

No dejan pasar que el PSdeG todavía no les ha aclarado su postura, como habían solicitado por escrito a su secretario general.

Piden al PSdeG que aclare su postura sobre la Ley de Cambio Climático

La Voz

Los afectados dicen que las manifestaciones contradictorias de alcaldes y diputados en el Congreso no hacen más que generar incertidumbre

Empresas gallegas de la cadena mar-industria se han dirigido al PSdeG para que el partido manifieste de forma clara su postura sobre la Ley de Cambio Climático, en la que la industria ve una intención de alterar la duración de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. A través de una carta a la secretaría general de los socialistas gallegos, la plataforma de afectados pide «que sen mais dilación» les trasladen «a interpretación que fan do artigo 18» de la ley que todavía está en proyecto.

Esa reclamación se debe a las manifestaciones contradictorias que han hecho los mandatarios socialistas. Por un lado están los alcaldes de municipios costeros, que comparten el temor de los empresarios de la cadena mar-industria a ser expulsados antes de tiempo de la costa. Por otro, diputados del Congreso, quienes aseguran que el artículo 18 no altera en nada lo ya dispuesto en la normativa vigente. Esta interpretación sería la que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, habría trasladado a los alcaldes rebeldes en una reunión reciente. Los afectados señalan que estas manifestaciones contradictorias no hacen más que agravar la incertidumbre en la que está inmerso el sector, que cree estar ante un tercer intento de modificar la Ley de Costas sin contar con el mar. A esa inseguridad también contribuyen las sucesivas ampliaciones de plazo para presentar enmiendas a la ley, que dilatan su tramitación.

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