El mar, descolocado al ampliarse el plazo para alegar a la Ley de Cambio Climático

Por algo ayer no querían lanzar demasiadas campana al vuelo tras conocer que el PSOE enmendaba su propia Ley del Cambio Climático para dejar a la industria vinculada al mar fuera del artículo 18, que recoge que la duración de los títulos de ocupación se contabilizarán desde la primera concesión e incluirá todas las prórrogas. Todavía no había acabado el plazo de presentación de enmiendas y preferían mostrarse cautos por lo que podría ocurrir al día siguiente. La intuición no les falló. Justo en tiempo de descuento, el día en el que se debía cerrar la recepción de alegaciones se anunció una nueva ampliación, la cuarta. Esta vez hasta el día 16.

«Isto non fai máis que engadir incerteza, dúbidas e intranquilidade a un sector que, xa o dixemos moitas veces, ten paralizadas inversións pola inseguridade xurídica sobre canto tempo poderá estar no seu emprazamento», explica Roberto Fariña, presidente de la Asociación Galega de Depuradores (Agade), que contaba con que la enmienda del PSOE liberase al colectivo de un problema de los muchos que le atañen, inmerso como está en una crisis económica y sanitaria.

La industria del mar ha quedado más descolocada, si cabe, al coincidir la presentación de la enmienda auspiciada por la revuelta de los alcaldes socialistas de concellos altamente dependientes del sector con la publicación en este periódico de una opinión del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en el que, contra el argumentario expuesto en la moción socialista, defendía que la Ley de Cambio Climático venía a «asegurar la continuidad de las actividades humanas vinculadas al espacio litoral».

Más generosa que la ley gallega

Morán sostiene, asimismo, que la redacción del artículo 18 no altera la Ley de Costas del 2013, que crea la figura de las prórrogas extraordinarias, pues ya en ella se prevé «un máximo de 75 años, superior en 25 años al máximo para este tipo de explotaciones que prevé la legislación sectorial gallega», que fija un el límite en 50 años. Que el texto del 2013 establezca el plazo de 75 años como tope es, precisamente, con lo que discrepan los asesores legales de la plataforma de afectados, que defiende que la ampliación extraordinaria comienza a contar desde que se solicita y no desde que se otorgó el primer título de ocupación del suelo de dominio público marítimo-terrestre.

Que la Ley de Cambio Climático esté pensada únicamente para aumentar «la resiliencia del litoral para proteger la integridad de las personas y la continuidad de las empresas», el sector no lo pone en duda, pero también sabe que la interpretación de las leyes las puede cargar el diablo y esa lectura «limpia e inocente» admite también otra menos «cándida» y puede privar a las compañías de esa prórroga extraordinaria a la que, insisten, tienen derecho. Por tanto, mejor poner puntos sobre las íes y dejar a la cadena mar industria al margen de ese artículo. Tiempo habrá para, después, como prometió la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, modificar la Ley de Costas en sintonía con el sector.

Porque reconsiderar los regímenes jurídicos de la costa y del mar, «integrándolos y abordando las interacciones tierra mar y los objetivos generales para la planificación del conjunto del dominio público marítimo terrestre», es «una de las prioridades de esta legislatura», como quedó plasmado en el acuerdo que aprueba la declaración del Gobierno ante la Emergencia Climática y Ambiental.

Eso es lo que ha dicho el Ejecutivo al responder por escrito a una pregunta de Vox -grupo que ha presentado una enmienda a la totalidad de la Ley de Cambio Climático-, en la que, además, asegura que no ha habido cambio de criterio para el otorgamiento de las prórrogas previstas en la Ley de Costas del 2013.

De las 42 prórrogas solicitadas, 22 están aprobadas y 20 en tramitación 

En su artículo de opinión, el secretario de Estado de Medio Ambiente cifra en 99 el número de concesiones que han solicitado prórroga dentro de plazo, de las que 42 pertenecen al sector alimentario del mar. Veintidós se han aprobado y otras veinte todavía se están tramitando. «Ninguna supera los 75 años desde su otorgamiento inicial» y «ninguna ha sido denegada», señala Hugo Morán. Claro que lo que no precisa es que una de las que cuenta como aprobadas, la correspondiente a la piscifactoría de truchas Tres Mares, de Cee, amplía la vigencia de la concesión en tan solo un año, hasta el 2021, justo 40 años después de la primera licencia de ocupación, que la empresa que lleva funcionando en la parroquia de Lires desde 1969 -anterior a la Ley de Costas- obtuvo en 1981. Así es que, según la interpretación de la Abogacía del Estado -a la que precisamente el artículo 18 de la Ley de Cambio Climático quiere dar cuerpo de ley-, no habría posibilidad de obtener más prórroga y la concesión caducaría.

Cierto que siempre queda el recurso a solicitar un nuevo permiso de ocupación. Pero ahí también encuentra el sector una experiencia negativa: el caso de la empresa Paquito, en Boiro. A la compañía se le pasó el plazo para pedir la prórroga, por lo que tuvo que tramitar una nueva solicitud. La respuesta de Transición Ecológica fue que, para obtenerla, debía derribar parte de la fábrica para retirar de dominio público las áreas de la planta dedicadas a almacén y línea de procesados pues se trata de actividades que no precisan estar en la costa.

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