Alcaldes gallegos del PSOE se rebelan contra la Ley de Cambio Climático

Piden que se exceptúe a empresas del mar de lo que dispone sobre concesiones


redacción / la voz

Puede que después de tantos sobresaltos legislativos a cuenta de los plazos de duración de las concesiones administrativas en dominio público marítimo-terrestre tenga la piel demasiado fina, pero lo cierto es que a la industria del mar gallega se le ha vuelto a erizar el vello al conocer que el Gobierno ampliaba por tercera vez el plazo para la presentación de enmiendas a la Ley para el Cambio Climático y la Transición Energética. Sobre todo porque esa prórroga se ha dado en tiempo de descuento, justo ayer, cuando se cerraba el proceso de presentación de alegaciones por parte de los grupos políticos del Congreso.

Las empresas no se atreven a aventurar si esa ampliación corre a su favor o en su contra, pero confiesan que ha sido una «sorpresa para todos», explica Roberto Fariña, presidente de Agade (Asociación Galega de Depuradores). No obstante, la intuición le lleva a inducir que en esas dilaciones reiteradas hay un ánimo de retirada, toda vez que varios grupos políticos, como el BNG o el PNV -independientemente de Vox, que presentó una enmienda a la totalidad-, se han alineado con la industria del mar gallega en su demanda de que se retire del proyecto de ley el artículo 18, ese en el que los empresarios ven un intento de modificar la Ley de Costas y alterar la duración de sus concesiones.

Y no solo eso. Está también la rebelión de alcaldes del PSOE de municipios costeros gallegos contra la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Las regidoras de Cee y Camariñas, Margot Lamela y Sandra Insua, respectivamente, y sus homólogos de Muxía y Carnota, Iago Toba e Moma Saborido, todos con el logo del puño y la rosa, remitieron anteayer a la vicepresidenta Teresa Ribera una propuesta para modificar el polémico artículo 18 de forma que este permita que las industrias vinculadas al mar «podan seguir desenvolvendo a súa actividade no borde mariño». En este sentido, abogan por que en esa disposición se exceptúe a depuradoras, plantas de acuicultura, cocederos, conserveras y cualquier otra actividad relacionada con la cadena mar-industria de lo que establece para los títulos de ocupación de dominio público marítimo-terrestre, eso de que la duración de las concesiones «se computarán desde su otorgamiento e incluirán todas sus prórrogas, de ser estas posibles, sin superar los máximos establecidos» legalmente.

En su misiva, los alcaldes trasladan a Ribera que creen «necesario» y, sobre todo, «de sentido común» que el texto legislativo «atenda ás peculiaridades da costa galega» y diferencie este tipo de actividades de otras más agresivas con el litoral y el medio ambiente. Sostienen los alcaldes que, tal y como está redactado el artículo actualmente, «podería afectar á viabilidade económica de numerosas industrias relacionadas co mar, que verían acurtada, cando non finalizadas de xeito inmediato as súas concesións».

Defensa

La revuelta de los alcaldes de la Costa da Morte se suma a los escarceos que ya ha habido en la ría de Arousa por la bancada socialista. Cambados, O Grove y ayer mismo A Illa de Arousa se aliaron con las tesis de la industria del mar, en el sentido de pedir un cambio en la redacción del artículo 18 para garantizar «a seguridade xurídica, ademais da estabilidade a tódolos sectores que conforman o sector do mar industrial local». Es un extracto de lo que se aprobó ayer en el pleno del ayuntamiento isleño, donde el alcalde, el socialista Carlos Iglesias, hizo un hueco entre los miembros de la corporación a Juan Manuel Vieites, secretario general de la patronal conservera Anfaco, para que leyese la moción en apoyo del sector del mar. Lo hizo ante políticos locales, vecinos y un amplio elenco de representantes del sector del mar, desde el patrón mayor hasta bateeiros, pasando por conserveros, depuradores, cocederos y otros que temen verse afectados. Serían más, pero los tiempos del covid obligan a limitar el número de asistentes.

Desde la tribuna reivindicó el derecho del sector del mar a participar en «proxecto normativo dirixido a modificar o marco legal da nosa costa e da actividade socioeconómica que dela vive», en especial «no actual marco de crise económica».

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