Quedan nueve días para presentar enmiendas a una ley que trae en jaque a Galicia
24 ago 2020 . Actualizado a las 23:23 h.Unos 1.100 parques de cultivos marinos, sesenta depuradoras y conserveras y los mariscadores y pescadores que las abastecen, veintiséis criaderos de moluscos y unas veinte plantas de acuicultura. Más de 3.000 empleos y unos 3.700 millones anuales. Según la Xunta y seis organizaciones del sector, son las empresas del mar de Galicia en jaque por esa Ley del Cambio Climático y Transición Energética que modificará la Ley de Costas y -temen- las expulsará de la ribera del mar. El proyecto legislativo superó en julio un primer examen cuando el Congreso tumbó la enmienda a la totalidad de Vox. Quedan nueve días para que los grupos políticos muevan ficha e intenten modificar el controvertido artículo 18, criticado por la plataforma de industrias afectadas y por la Xunta de Galicia.
Que el 2 de septiembre vence el plazo de recepción de alegaciones lo recuerda un colectivo integrado por la Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade), la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (Anfaco-Cecopesca), la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar), el Clúster de la Acuicultura, la Federación Galega de Confrarías de Pescadores y la Federación de Asociacións de Mexilloeiros (Femex).
Sus representantes acaban de trasladarle a Alberto Varela, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias, su «enorme preocupación por el nuevo intento del Ministerio para la Transición Ecológica de reformar drásticamente el régimen jurídico del uso de la costa». A Varela le «agradecen la buena predisposición y su interés en un tema de máxima relevancia».
Acortar las concesiones
No solo por las empresas, sino también, según le advirtieron en su momento las conselleiras de Mar e Medio Ambiente al vicepresidente de la Fegamp, Alfonso Villares, por las 4.934 edificaciones (colegios, depuradoras, escuelas...) de ochenta municipios situadas total o parcialmente en zonas de Costas y, por tanto, con concesiones potencialmente afectadas por la futura norma.
Desde Transición Ecológica no han concretado cuántas industrias deben desalojar la línea de mar. Y desde Costas cuestionaron los datos de la Xunta por contabilizar todas las concesiones cuando, aseguraron, en los 1.700 kilómetros del litoral gallego serían cinco las empresas expulsables porque podrían desarrollar su actividad fuera del dominio público marítimo-terrestre. Una es Ence Pontevedra, las otras cuatro no las desvelaron, y en toda España habría 31.
Tal y como explicó en su día Fernando Otero, asesor legal de la plataforma del tejido mar-industria alimentaria de Galicia, cambiar la norma limita la duración de las concesiones a 75 años. Para actividades, obras e instalaciones situadas en la ribera, 30 años si se trata de proyectos de restauración o conservación de ecosistemas o si prestan servicio público. Serían 15 «para el resto de actividades e instalaciones», aunque si consideran que pueden impactar negativamente en el paisaje o la interacción tierra-mar, «solo se otorgará o prorrogará [la concesión] si concurren razones de interés público acreditadas», por un plazo «inicial de duración máxima de tres años».
«Fuera de contexto»
Quienes han solicitado renovación de concesiones (Paquito de Boiro o Tres Mares de Cee) han comprobado que Costas aplica el criterio de echar de la ribera a empresas que, en su opinión, no precisan del mar para generar empleo y riqueza. Aun así, en reuniones con afectados, desde Costas han insistido en que en la orilla del mar «van a seguir estando los que tienen que estar».
Con todos esos antecedentes y en la cuenta atrás de alegaciones parlamentarias, los afectados en Galicia creen «loable en muchos sentidos» la Ley de Cambio Climático que impulsa la ministra Teresa Ribera. Dicho lo cual, censuran que se haya «intercalado fuera de contexto un artículo, el 18, con un punto 3 donde se incluyen criterios amplísimos y sumamente abstractos, susceptibles de valoración discrecional por parte del órgano tramitador de los expedientes, y un punto 4 dedicado específicamente a reducir la duración de las concesiones».
«Pondría en riesgo miles de empleos»
Tras reunirse con el presidente de la Fegamp, las seis organizaciones del sector constituidas en plataforma reiteran sus protestas contra una transformación legal que pretende apartar del mar a empresas solo viables si están a su lado, por economía y por ecología, sostienen. «Ni está justificada por razones de tipo ambiental, ni viene avalada por un estudio de impacto socioeconómico, ni ha sido consultada con los sectores, partidos políticos, agentes sociales ni representantes de las instituciones», reprochan.
Ya en junio el presidente Núñez Feijoo arremetió contra el proyecto de la ministra Ribera, censurándola por «facer unha modificación pola porta de atrás» de la Ley de Costas sin tener en cuenta su repercusión sobre «arredor de 3.000» empleos.
Y en la «incertidumbre que crea en la vida económica» del litoral gallego incide la plataforma de afectados. Si en el proceso parlamentario previo a su aprobación no se modifica el apartado de la Ley de Cambio Climático que altera las concesiones al lado del mar, se genera una «falta de estabilidad jurídica que puede dañar al conjunto de la cadena de valor del sector marítimo alimentario, lo que pondría en riesgo miles de empleos en comarcas que difícilmente tienen otra alternativa laboral».
Piden una mesa de diálogo
Para la cadena mar-industria de Galicia, las enmiendas políticas al proyecto legislativo de la ministra Teresa Ribera tienen potencialmente un valor «trascendental», aunque la última palabra será de la mayoría del Congreso. Frente a la «redacción confusa del artículo 18», reivindican un «texto final que ofrezca tranquilidad y seguridad jurídica a los operadores». De ahí que, una vez más, insistan en exigir la «reformulación» del proyecto, así como en solicitar la «creación de una mesa de diálogo para acordar cualquiera modificación futura de la Ley de Costas».
Llaman al Gobierno español a ponderar las repercusiones, «con el fin de mantener los puestos de trabajo que genera el complejo mar-industria». Y ponen el acento al señalar como «necesario que la modificación de aspectos vitales como la duración de la concesiones cuente con el consenso del propio sector, de los representantes institucionales y de los agentes sociales».
