¿Soportarían los políticos la vigilancia con cámaras que le imponen a la pesca?

Autonomías, Estados, Unión Europea (UE) la organizan con «más de mil normas y reglamentos demasiado complejos y contradictorios» que, para más inri, cambian continuamente. Flotas gallegas, del resto de España y de la UE se las ven y se las desean para respetarlas. Cualquiera puede saber desde un móvil o desde un ordenador dónde están y qué hacen. Por satélite, desde aeronaves, desde buques, desde coches o a pie, a la pesca la controlan en el mar, cuando descarga sus capturas en puerto, cuando las transporta y cuando las vende. Aunque «menos de un 3 % de las inspecciones resultan sancionadoras», el Parlamento Europeo pretende rizar el rizo y montar cámaras, el Gran Hermano, en todos los barcos comunitarios para vigilarlos aún más. ¿Soportarían los políticos y los gestores públicos semejante control?

Dirigentes de 24 cofradías y organizaciones de armadores gallegas, españolas y de otros 11 países europeos intentan hacerlos reflexionar. Apelan a la empatía de los representantes electos en la UE para gobernar por el pueblo, pero contando con él, poniéndose en su piel. Reunidos por videoconferencia en el Encontro Empresarial de Organizacións Pesqueiras Expomar, tratan de hacerles ver cómo se sentirían si les impusiesen a ellos el reglamento de vigilancia que preparan para la pesca.

Ante la «obsesión por el control electrónico, en reciprocidad exigimos que todas las actividades públicas sean monitorizadas», especialmente donde pergeñan el Gran Hermano de la pesca europea: DG Mare, Parlamento Europeo, ministerios de los Estados de la UE... Lo proclaman desde la cumbre que en los veinte años anteriores, antes de la pandemia, reunía en Burela, en A Mariña lucense, a todos los segmentos del sector pesquero.

«Aparcar ideologías»

Quienes reivindican el futuro de la pesca, intentan seguir viviendo del mar y, por tanto, cuidándolo, recuerdan que durante la crisis sanitaria, «sin especular en nuestras expectativas económicas, hemos garantizado el suministro de pescado a toda la población, a pesar del mal comportamiento de los precios en el mercado». Como al resto del mundo, la pandemia los ha embestido económica y socialmente. Por eso llaman a los políticos a «aparcar ideologías, improvisación y autobombo», remando junto a las empresas «con humildad, responsabilidad y un rumbo seguro». Consideran «necesario bajar los impuestos» en general, y, en particular, reducir del 10 al 4 % el IVA del pescado, como alimento básico, cuyo consumo debe promoverse por salud pública.

Dinero para seguir a flote

También reclaman fondos ya, para evitar el naufragio de empresas; de poco vale que la UE las haya aprobado si el Ministerio de Pesca y las comunidades autónomas no las agilizan para que lleguen al sector «cuanto antes».

Zarandeados por la crisis del covid-19, los pescadores, «una especie en peligro de extinción» habituada a capear todo tipo de temporales, sienten «pánico» por las dos últimas estrategias verdes de la UE, la Biodiversidad 2030 y De la Granja a la Mesa. Igual que otros sectores de la economía nacional, afean el «apoyo» del Ministerio para la Transición Ecológica porque, en su opinión, en línea con la UE, prioriza aspectos medioambientales relegando los daños sociales y económicos.

Advierten que esa «política de escaparate, cuyo objetivo parece solo el de limpiar las conciencias de algunos europeos, provocará la destrucción de empresas y empleos en la pesca y la costa».

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