La industria pide que se retire la alusión al litoral en la Ley del Cambio Climático

El delegado del Gobierno reitera que contará con el sector en la reforma de Costas


redacción / la voz

Un día después de que la directora general de la Costa y la subdirectora general de Dominio Público Marítimo Terrestre -Ana Oroño y Ainhoa Pérez, respectivamente- tratasen de despejar los temores de la industria alimentaria gallega del mar sobre lo que el proyecto de Ley de Cambio Climático puede suponer para sus empresas, el delegado del Gobierno, Javier Losada, insistió ayer a los miembros de la plataforma de afectados en lo mismo: que no hay motivo para resquemores, que el Ejecutivo va a contar con el sector cuando llegue el momento de reformar la Ley de Costas, y que lo único que hace el documento es incorporar la variante climática a la reforma de la normativa de gestión del dominio público marítimo-terrestre.

En línea con lo dicho el miércoles por Oroño y Pérez, Losada incidió ayer en «la relevancia estratégica de este sector para la economía del litoral de Galicia». Un peso que «obliga, más que nunca, a dotar de seguridad jurídica a estas actividades, permitiendo que se desarrollen en el espacio físico actual en condiciones de seguridad ambiental y respetando la naturaleza donde se llevan a cabo, expuesta a los efectos del cambio climático», trasladó en un comunicado al término de la videoconferencia que mantuvo con representantes de la cadena mar-industria.

Asimismo, explicó que «el sector no tiene que tener motivos de preocupación» y ha reiterado el apoyo del Gobierno de España para conseguir que su actividad se desarrolle «con plenas garantías jurídicas y ambientales».

Retirada

Sí, muy buenas palabras por parte de Losada y del jefe de la demarcación de Costas en Galicia, Rafael Eimil, que «entenden a realidade de Galicia e que queren contar co sector cando sexa o momento de reformar a lei», señala Roberto Fariña, presidente de la Asociación Galega de Depuradores (Agade). Pero si realmente no altera nada, puesto que «el proyecto no hace mención a ningún plazo concreto, ni a ningún uso concreto, tampoco a los propios del sector marítimo alimentario», como recalca la nota de resumen del encuentro, el artículo 18 de la Ley de Cambio Climático sobra, a juicio de los afectados. Por eso piden que se elimine esa disposición y todo lo relativo al uso del litoral y las concesiones se reúna en la Ley de Costas y no quede disperso en varias normativas. Eso despejaría temores y suspicacias.

La inquietud se sustancia en la insistencia del Gobierno en recoger en una disposición con rango de ley que el plazo de 75 años de duración de las concesiones es el máximo y no cabe prórroga. Desde el Ejecutivo central insisten en que la disposición que figura en el polémico artículo 18 «respeta la legislación básica», aparte de que ese período máximo «no afecta económicamente al sector marítimo alimentario por la sencilla razón de que la normativa sectorial vigente fija plazos inferiores a los 75 años para estas actividades».

El sector lo sabe. Sus concesiones se regulan en la Ley de Cultivos Marinos y tienen un máximo de 50 años. Otra cosa es desde cuándo comienzan a contar. Ahí reside la discrepancia. No ayuda tampoco que esta sea la segunda vez que se da de bruces con un intento, cuando menos silencioso, de introducir en una ley la interpretación restrictiva que hace el Gobierno.

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