La pesca española se alía con la de Argentina para poner coto a la pesca ilegal en la milla 201

En el área, FAO 41, operan alrededor de 25 barcos de la flota española que capturan merluza y pota


Redacción

La Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza (Anamer) y Cepesca han firmado un acuerdo marco de colaboración con la asociación argentina OPRAS (Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros del Atlántico Sur) para potenciar una gestión sostenible y proteger los recursos marinos de las aguas internacionales de la zona FAO 41 de este océano. Esta área, conocida como la milla 201, que recorre toda la costa argentina y es adyacente a la zona exclusiva económica (ZEE) del país andino, está sometida actualmente a una enorme presión pesquera y concentra una gran actividad ilegal por parte de flotas asiáticas, básicamente chinas, coreanas y taiwanesas, al no existir en ella ningún tipo de regulación ni Organización Regional de Pesca (ORP) que la gestione.

Con la firma de ese pacto, Anamer y Cepesca se suman al colectivo de organizaciones no gubernamentales, empresas y productores del sector pesquero que se integran en OPRAS y que buscan mantener el equilibrio ambiental y la salud de los ecosistemas marinos del área como única fórmula para garantizar el futuro del caladero.

OPRAS, que nació en el 2018, suscribió un acuerdo similar al ahora rubricado con ANAMER y Cepesca con la Cámara de Armadores e das industrias da Pesca de Itajai e Regiao de Brasil (SINDIPI), país también ribereño del área FAO 41. Posteriormente, ambos organismos presentaron ante la ONU y la FAO su plan para establecer mecanismos de ordenamiento para aguas internacionales.

El proyecto de OPRAS tiene como objetivo asumir un mayor protagonismo y promover ante organismos y gobiernos la necesidad de empujar la aplicación en esta zona de los ordenamientos esenciales de gestión y conservación de las pesquerías en alta mar como fórmula para erradicar de ella tanto las prácticas abusivas como la actividad de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada  (IUU).

En las aguas internacionales del área FAO 41, ricas en merluza y pota, vienen operando entre 22 y 26 buques de la flota española desde hace 37 años, desde el 2008 sujetos a una normativa específica de la Unión Europea que establece, entre otras medidas, la necesidad de obtener un permiso especial de pesca, llevar observadores a bordo o la prohibición de pesca en las zonas declaradas como ecosistemas marinos vulnerables, tras un exhaustivo cartografiado del fondo marino realizado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO) antes de la entrada en vigor del reglamento.

El acuerdo firmado entre ambas organizaciones implica, entre otros objetivos, la creación de una comisión técnica para la conservación y sostenibilidad de los recursos de la alta mar en el Atlántico Sudoccidental, así como promover un régimen de explotación sostenible en ella, fomentando conductas de explotación que respeten la pesca responsable, la sostenibilidad de los recursos, la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y el equilibrio ambiental.

Disputas sobre Malvinas, al margen

Igualmente, el pacto suscrito también apunta la implantación y reconocimiento internacional de un área de pesca regulada y delimitado como ecosistema marino en el Atlántico Sudoccidental, sin que su extensión afecte a aquellos espacios marítimos susceptibles de disputas o controversias relativas a cuestiones pendientes de jurisdicción o de soberanía o que se encuentren en el ámbito de tratados u organizaciones regionales de pesca ya existentes.

Por último, la alianza alienta a otras organizaciones de la industria pesquera mundial a que se adhieran a los principios de este acuerdo y a comprometerse con sus objetivos.

A pie de página del documento figurará la firma de Juan Manuel Liria, presidente de Anamer y de Cepesca -ha asumido el cargo tras el fallecimiento del anterior responsable, Amador Suárez- y la de Alan Mackern, presidente de OPRAS. En la videoconferencia donde se ha formalizado el acuerdo, han participado por Edelmiro Ulloa, director gerente de Anamer, Javier Garat, secretario general de Cepesca, y otros representantes del sector. Por parte de OPRAS han participado Juan Redini, Celestino Negueruela, Eduardo Pucci y Gustavo Rachid, vicepresidente, secretario, director ejecutivo y responsable de comunicación, respectivamente.

Según Juan Manuel Liria, «para el sector pesquero español y por extensión para la Unión Europea, es vital formar parte y empujar iniciativas como esta, ya que tenemos el convencimiento de que sólo una actividad pesquera sostenible puede asegurar su futuro y ello pasa, inexorablemente, por erradicar las prácticas abusivas y cualquier tipo de pesca ilegal. Liria quiso, además, rendir tributo a Amador Suárez , «impulsor de la alianza que hoy rubricamos y firme defensor de esta visión de la actividad pesquera».

Alan Mackern, por su parte, subrayó la importancia del pacto suscrito, que ratifica «el compromiso de nuestras organizaciones para alcanzar un ordenamiento y necesaria gobernanza en la explotación de los recursos de alta mar en el Atlántico Sudoccidental. Sosteniendo principios de legalidad, racionalidad y sostenibilidad para el desarrollo de la pesca legítima de la industria, de sus empresas y miembros asociados; trazando el camino que se debe seguir en una región de alta mar que carece de regulaciones y que presenta riesgos ciertos de depredación por el irracional abuso de supuestas libertades que exceden las normas internacionales».

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