Las empresas del mar, de nuevo ante la amenaza de desahucio de la «Ribera»

La primera vez se la encontraron por casualidad, navegando por la página web del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco). Y ahora han vuelto a topársela en mitad de los párrafos que resumían el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La industria del mar ha montado en cólera de nuevo ante el que considera que un segundo intento de modificar a espaldas del sector la Ley de Costas, alterando con ello la vigencia de las concesiones administrativas y poniendo en peligro la continuidad de decenas de empresas asentadas en la ribera del mar.

La indignación del colectivo alcanza ahora niveles supinos, toda vez que antes de la irrupción del coronavirus los empresarios se habían quedado relativamente tranquilos al escuchar a la propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, decir que se habían aparcado los cambios tanto de la Ley de Costas como los del reglamento que la desarrolla. Y sobre todo después de oír cómo ella misma se comprometía a consensuar la nueva regulación con los sectores afectados.

Frente a las promesas, en el tiempo de silencio de la pandemia se fueron larvando cambios. Los que han encontrado en el artículo 18 de una ley contra el cambio climático de la que ha trascendido que no prohibirá (de momento) los coches de combustión, que restringirá al máximo los permisos para buscar petróleo o que incentivará los biocombustibles, pero no que «los plazos de duración de los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre se computarán en todo caso desde su otorgamiento e incluirán todas sus prórrogas, de ser estas posibles». Esto es, que se aprovecha la Ley de Cambio Climático para tratar de apuntalar el plazo de 75 años como máximo -50 en caso de los cultivos marinos- para las concesiones a la orilla del mar

Interpretación restrictiva

Consagra, por tanto, la «interpretación hiperrestrictiva» que hizo la Abogacía del Estado, que en un informe redactado al efecto dio a entender que en esos 75 años se incluyen tanto la concesión inicial -que suele ser de 30 años- como las siguientes renovaciones. Tanto el sector como el Gobierno gallego entienden, sin embargo, que esos 75 años son la duración de las prórrogas extraordinarias, que se sumarían a la duración de la original.

En todo caso, la polémica está de nuevo servida. Depuradores, conserveros, bateeiros, piscicultores y otros posibles afectados ya se han citado a una reunión la próxima semana para tratar de frenar su desahucio de la costa. Porque eso es lo que supondría el recorte en la duración de las concesiones: la expulsión de decenas de empresas que operan en la ribera del mar, señala Roberto Fariña, presidente de la Asociación Galega de Depuradores.

El texto consagra que los 75 años de ocupación incluyen las prórrogas Y es que por más que desde Transición Ecológica insistan en que siempre se puede pedir una nueva concesión, se temen que pocas probabilidades de éxito tendrán cuando el punto 3 del artículo 18 recoge que las concesiones y sus prórrogas se otorgarán de acuerdo a la Ley de Costas del 88 para garantizar «una adecuada adaptación de la costa a los efectos del cambio climático».

Ahí se dice expresamente que en el borde del mar solo podrán asentarse «actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación». E interpretar qué necesita o no estar al lado del mar constituye un problema. Lo saben bien en la empresa Paquito, de Boiro, a la que Transición Ecológica supeditó la renovación de la concesión a que derribara parte de la fábrica, aquella que ocupaba dominio público como almacén y línea de procesado, actividades que, entiende el departamento de Ribera, bien pueden hacerse en otro lado y no en la ribera.

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