El sector gallego exige una mesa para negociar los cambios en la Ley de Costas
SOMOS MAR
La cadena mar-industria espera aún una explicación oficial sobre el reglamento
21 feb 2020 . Actualizado a las 05:00 h.No quieren ser un «arma arrojadiza», un bumerán que utilicen los partidos políticos a su antojo ahora que entramos en una nueva precampaña electoral. Los colectivos y empresas que representan a la cadena mar-industria de Galicia comparecieron ayer en rueda de prensa para dejar claro que no quieren ser utilizados por una u otra fuerza política, básicamente «porque as necesitamos a todas» para garantizar el futuro. El suyo y el de toda la costa gallega, cuya economía pivota, de forma evidente, sobre los distintos subsectores que nacen del mar. Ese futuro depende de lograr la seguridad jurídica necesaria para garantizar la continuidad e incluso el crecimiento de las empresas asentadas en la costa, desde viveros de marisco hasta conserveras, amenazadas ahora tanto por la interpretación excesivamente restrictiva de la actual normativa, como por una pretendida modificación del reglamento que pondría en solfa a muchas empresas.
Roberto Fariña, presidente de Agade y portavoz de la cadena mar-industria -integrada por cofradías, mejilloneros, Anfaco o el Clúster de Acuicultura-, explicaba ayer que no estamos ante una cuestión baladí, ante un problema que afecte «a catro, a vintenove ou a cen. Somos moitos máis os afectados», ya que la desaparición de empresas de depuración o transformación de pescados y mariscos entraña un serio riesgo, también para quienes se dedican a su extracción o cultivo. Y sigamos bajando, porque en la economía de la Galicia costera todo está íntimamente ligado. Así lo señaló Javier Blanco, portavoz de la asociación bateeira Ventos da Ría. «A nós, como bateeiros, podería parecer que todo isto non nos afecta. Pero non é certo. Porque cantas menos depuradoras, cocedoiros e conserveiras existan, peor nos vai ir», razonaba.
Esta realidad, tan particular de Galicia, debe ser tenida en cuenta, dicen desde la cadena mar-industria, cuando desde el Gobierno central se adopten medidas que afecten a la costa. Roberto Fariña explicaba que se ha reclamado al Ministerio de Transición Ecológica que elabore un estudio sobre el peso socioeconómico y de afectación que los cambios de la normativa tendrían en Galicia. «A partir de aí, podemos empezar a falar da modificación do regulamento xeral de Costas», explicaba. Una modificación a la que el sector, de entrada, no se opone, todo lo contrario: consideran que sería una oportunidad para modular el texto y evitar que se hagan interpretaciones hiperrestrictivas que acaben condenando al cierre a empresas que están en funcionamiento. O que obliguen a otras, dispuestas a crecer, a replantearse las inversiones previstas en Galicia. Pero los cambios, señalan, deben realizarse de forma consensuada, y por ello reclaman que se constituya una «mesa de análise» de la que deberían formar parte tanto los integrantes de la cadena mar-industria, como los sindicatos y el gobierno gallego. Ese órgano garantizaría que en «calquera reforma lexislativa en materia de Costas se recoñeza o peso indiscutible que estes sectores teñen na vida económica de Galicia».
Las empresas del conglomerado mar-industria llevan meses de trabajo incansable, desde que llegó a sus manos una propuesta de modificación del reglamento de la Ley de Costas que pondría en jaque, dicen, a la mayoría de las empresas dedicadas a la depuración y transformación de productos del mar. Ese documento ha sido descartado según han manifestado diversos responsables del PSOE gallego, incluido el delegado del Gobierno, que ha pedido tranquilidad al sector. Pero las buenas palabras no son suficientes. «Necesitamos unha aclaración inmediata do Ministerio, que nos indiquen como está a situación», señalaba Roberto Fariña.
A la espera de esas explicaciones oficiales, los afectados por toda esta situación esperan mantener una reunión con los grupos con representación en el Congreso para exponer sus argumentos. En Galicia han conseguido el apoyo de todos los partidos políticos.
