«Non queremos levar as empresas a outro país»

Industrias del mar exigen que sea el Gobierno, y no un alcalde o un concejal, el que confirme que se ha paralizado el proyecto de reforma del reglamento de Costas


redacción / la voz

Lo aseguró el alcalde de Muxía en un pleno. Lo dejó caer un concejal de Vilanova en la sesión de la corporación municipal. Lo difundió a los cuatro vientos el secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero. Y la alcaldesa de Camariñas, también del PSOE, lo plasmó en el texto de una moción de apoyo a las empresas de la cadena mar-industria asentadas en la ribera del mar. «En este momento, no está en trámite ninguna modificación del Reglamento de Costas».

Pero lo cierto es que más allá de esas voces del partido socialista, el colectivo afectado, los empresarios con industrias o actividades afectadas por el dominio público marítimo-terrestre, no han recibido una confirmación oficial de que se ha retirado el proyecto de reforma de la normativa de Costas. Puede que la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, así se lo haya comunicado al Gobierno gallego, pero los directamente afectados en caso de que se alteren las reglas que rigen la ocupación de la ribera del mar no han sido informados de la situación. Y todo a pesar de que las del sector afectado se encontraban entre esas más de mil alegaciones que se presentaron a un proyecto de reforma del reglamento que un día descubrieron por casualidad colgado en la página web del Ministerio de Transición Ecológica.

«Non nos comunicaron si as aceptaron, si as rexeitaron, si as recibiron, si as tiveron en conta... Nada. Si realmente retiraron o proxecto e se paralizou a tramitación deberían comunicárnolo aos interesados», apunta Tito Fariña, uno de los portavoces de la plataforma de organizaciones del sector marítimo-alimentario afectadas por la reforma del Reglamento General de la Ley de Costas. «Nós alegamos a un proxecto do Executivo e ten que ser este o que nos informe de si está paralizado ou non, non o alcalde de Muxía ou un concelleiro de Vilanova; voces do Goberno, non do partido».

Así las cosas, los afectados no pararán hasta tener garantías de que se ha paralizado el proyecto. Y no solo eso, exigen que, en cuanto se retome la tramitación para modificar la normativa, se les tenga en cuenta y se sondee la opinión del tejido productivo directamente afectado como se ha hecho, supuestamente de manera informal, con la de los conservacionistas y con la patronal española. Por supuesto, dicen, tampoco puede faltar el parecer del Gobierno gallego, que algo tendrá que decir.

Peso socioeconómico

A juicio de los afectados, cualquier modificación de la Ley de Costas tiene que tener en cuenta la realidad histórica de Galicia, de siempre vinculada al mar, así como el peso socioeconómico de la cadena mar-industria, que conforma el cuarto sector con mayor presencia en la economía gallega, de acuerdo con el Análise da Pesca Galega del Instituto Galego de Estatística (IGE), y una cifra de producción que rebasa los 3.700 millones de euros.

«Non queremos levar as empresas a outro país», protesta Tito Fariña. No desean ni deslocalizar, ni que Galicia pierda una industria «puntera a nivel mundial», que, desde luego, es lo que ocurrirá si se la destierra del borde del mar.

Búsqueda de apoyos

Los afectados han iniciado una ronda de consultas con los distintos partidos políticos en un intento de conseguir una postura unánime a su favor en el Parlamento de Galicia. Por el momento no saben si cuajará en una proposición no de ley, pero regresan satisfechos porque todos coinciden en que la pretensión de recortar el plazo de las concesiones y de expulsar a las empresas de la costa «es un absurdo total y absoluto».

Luz Arregui: «El ministerio nos está robando 40 años de concesión»

 

e. a.

Todavía no ha salido de su asombro tras ver reflejado en titulares el nombre de su empresa citado por Transición Ecológica para responsabilizar a la Xunta de que solo se le haya otorgado apenas doce meses más de concesión sobre el suelo en el que viene desarrollando la actividad desde los años setenta. «El ministerio es el único que tiene competencias en materia de dominio público marítimo-terrestre y es el que está poniendo trabas a la viabilidad de nuestra empresa», sentencia Luz Arregui, gerente de la piscifactoría que Tres Mares tiene en la parroquia de Lires (Cee). A su juicio, el caso de su empresa es «la constatación de la línea en la que está trabajando Transición Ecológica, una línea dura que nos pone en la picota con una comunicación vinculante de Costas, a través de la Xunta, en la que se nos recorta nuestra prórroga a un único año, abocando a la empresa al cierre si esto se materializa». Y sin motivar esa minoración de plazo.

Arregui es tajante: «Nos están robando 40 años de concesión». Argumenta que la Ley 2/2013, la que crea la figura de las prórrogas extraordinarias es bien clara y en su artículo 2 recoge que «el plazo se computará desde la fecha de la solicitud [de ampliación], con independencia del plazo que reste para la extinción de la concesión que se prorroga».

La empresaria es consciente de que no le corresponden 75 años, pues por tratarse de cultivos marinos y estar en la ribera del mar, la concesión ordinaria es de un máximo de 40 años, pero cree que faltan otros tantos de la extraordinaria que no le autorizan.

«Nos dicen que tranquilos, que podemos pedir una nueva concesión. ¡Cómo vamos a estar tranquilos si con los nuevos criterios que aplican te piden como a Paquito que derribes naves, así sin despeinarse! No veo motivo de tranquilidad por ninguna parte».

Insiste en reclamar seguridad jurídica: «Yo no puedo estar a expensas de lo que vaya a pasar dentro de año y medio». Y, sobre todo, mesura, pues «no hay justificación ambiental o visual para el impacto socioeconómico que se va a generar en la zona». «El sector mar-industria se la juega si el criterio no cambia. Somos ejemplo de ello. Nosotros somos los primeros, pero no parece que vayamos a ser los únicos.

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