Transición Ecológica responsabiliza a la Xunta de dar solo un año más a Tres Mares
SOMOS MAR
Mar reprocha al Estado que le atribuya competencias de las que carece
30 ene 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La polémica por la modificación del reglamento general de Costas -que el Gobierno asegura que está paralizada en tanto realiza consultas informales a la sociedad civil- ha abierto un nuevo frente entre el Ejecutivo central y el autonómico, que se cruzan reproches sobre responsabilidades e interpretaciones poco inocentes de un texto que, dice el Ministerio de Transición Ecológica, no se está tramitando. Esa guerra política ha saltado a los ayuntamientos, donde se ha roto el consenso que hasta ahora habían demostrado las corporaciones locales a las que había llegado la moción de apoyo a las empresas de la cadena mar-industria, que se sienten amenazadas por una interpretación -entienden que restrictiva en extremo- de la actual normativa de Costas para conceder las prórrogas extraordinarias para seguir ocupando las concesiones en las que están asentadas.
En esa disputa que se libra en el plano epistolar y en los medios de comunicación, Transición Ecológica ha revelado que fue la Xunta la que en noviembre otorgó la prórroga a las granjas de cultivo marino Tres Mares, decisión «informada favorablemente por el ministerio». La autorización, que amplía su licencia hasta marzo del 2021 «está vigente y no se prevé su revisión», apuntan desde el departamento de Ribera. Que solo se le asegure la continuidad por un año más tiene que ver con el hecho de que esta prórroga «se rige por la Ley de Cultivos Marinos, que solo da ampliaciones por un máximo de 50 años, que además se rebajan en diez, o sea, 40 años cuando se trata de instalaciones en la ribera del mar», tal y como establece el reglamento de Costas. De todos modos, apunta Transición Ecológica, a Tres Mares siempre le quedará solicitar una concesión nueva el año que viene, cuando venza su prórroga.
Dos resoluciones en una
Y ahí suelta la Xunta el segundo «¡qué jeta!» al Gobierno central en una semana. Porque es cierto que es la Consellería do Mar la que resuelve la solicitud, pero porque se tramita como un expediente único -para evitar al administrado un peregrinaje por varias ventanillas- en el que la Xunta se pronuncia sobre el título habilitante mientras que el Estado es el que decide sobre la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y la duración de la prórroga, pues es la Administración competente. Así, desde Mar aclaran que, aunque lleva letra y sello de San Caetano, la que marca que «el plazo por el que se otorga la prórroga prevista en el artículo 2 de la Ley 2/2013 finalizará el 15 de abril del 2021» es Costas.
La Administración gallega ha reaccionado airada a una misiva de la que, asegura, tuvo conocimiento por este medio de comunicación antes de que le llegase, a mediodía, a la Consellería de Medio Ambiente por correo ordinario. Reprocha que en ella se atribuya incorrectamente competencias estatales al Gobierno gallego y, sobre todo, que no se ofrezca esa seguridad jurídica que reclaman las empresas de la cadena mar-industria que operan en la ribera. Y es que, por más que Transición Ecológica asegure que la modificación del reglamento está paralizada y que la propuesta de redacción sobre las concesiones y su duración se circunscriba a una mera consulta informal a la sociedad, lo cierto es que, recalca Mar, «mantén abertamente a intención de reformar a lexislación sen desbotar en absoluto a idea de retomar a súa tramitación en calquera momento».
Inquietud en San Caetano
Eso no puede hacer más que inquietar al Ejecutivo gallego, toda vez que «o Estado está a aplicar xa de xeito hiperrestrictivo o regulamento en vigor, malia que non se ten producido aínda a modificación na que veu traballando polo menos ata outubro de 2019», fecha en la que se trasladó la propuesta al grupo de trabajo del litoral (GT-GIL).
Aunque Ribera insiste en que su departamento ya les ha explicado varias veces que el reglamento no se ha modificado y los cambios que sugiere la Abogacía del Estado, la Xunta insiste en que llevaba casi dos meses esperando las aclaraciones de la ministra sobre la resolución que compromete la viabilidad de una empresa con más de 130 trabajadores en Boiro, refiriéndose a Paquito.
Paquito pelea por una concesión, no por una renovación
En las aclaraciones que la vicepresidenta Teresa Ribera envía a los conselleiros de Mar, Medio Ambiente y Economía (Rosa Quintana, Ángeles Vázquez y Francisco Conde, respectivamente) detalla la situación de la empresa Paquito, a la que la Costas condiciona su continuidad al borde del mar a que derribe parte de sus instalaciones, aquellas que, por su naturaleza, no tendrían justificación para estar en terrenos de dominio público marítimo-terrestre.
Según explica, Paquito contaba con una concesión del 2002 para 4.370 metros cuadrados para legalizar la fábrica existente y realizar nuevas instalaciones en Boiro. Tenía por delante 10 años prorrogables hasta 30. Llegó el 2012 y Paquito solicitó la ampliación y la demarcación de Costas del Estado en Galicia la tramitó, pero, como se presentó fuera de plazo, «la concesión se extinguió» y, por tanto, tuvo que pedir una nueva.
Eso es lo que se está tramitando. La licencia se solicitó en el 2017 y en el 2019 Transición Ecológica pidió a la empresa boirense que justificase la ocupación de alrededor de 600 metros cuadrados con cámaras frigoríficas, cocedero de mejillón y planta de elaboración, pues a juicio de Transición Ecológica no tendrían que estar en terrenos de Costas y, por su naturaleza, podrían estar en otra parte. Pero en las alegaciones de la firma «no se justifica ese extremo», de ahí que se supeditase la concesión de 3.650,43 metros cuadrados a que repare el muelle, asfalte la zona, retire escombro y en menos de 6 meses derribe la parte de las naves que invaden el dominio público (644,06 metros cuadrados).
Desde Paquito, su gerente, Alberto Horillos, señala que eso de que «no se ha justificado» lo dice Madrid, porque desde luego la compañía, que lleva más de medio siglo en ese lugar, lo ha explicado convenientemente: «Trabajamos con mejillón y tenemos tubos de captación de agua porque la usamos y necesitamos estar al lado del mar». Como también «necesitamos congelar, almacenar y procesar el producto, y esos túneles de congelación están en la fábrica», por lo que parece absurdo que se ponga en tela de juicio que tenga que estar en la ribera.
Y más absurda parece la sugerencia de tener que derribar una esquina de la factoría y partes de las naves en una operación que comprometería incluso «la solvencia estructural» del edificio para una mejora paisajística pírrica, por no hablar del impacto económico y la viabilidad. En eso está Paquito, que ha pedido tiempo para que una empresa externa valore lo que supondría lo que reclama Costas. Con todo, la firma sigue peleando y Horillos confía en «reconducir» el problema.