Galicia prepara una campaña contra la expulsión de empresas de la costa

El nuevo criterio para prorrogar concesiones mina un complejo que genera 3.705 millones


redacción

Cuando las barbas de tu vecino afeitar... Y ya han visto la tijera acechando las de Paquito, en Boiro, y Tres Mares, en Cee. Así que el resto de los posibles afectados, como minimísimo cien, a decir de la conselleira de Mar, Rosa Quintana -Transición Ecológica sigue sin responder a las reiteradas consultas ni cuantificar los virtuales perjudicados-, han decidido poner remojo las suyas y, de paso, sacar los extintores para apagar los incendios que la Dirección de Sostenibilidad de la Costa y el Mar ha provocado en la depuradora de moluscos y la piscifactoría, al supeditar su continuidad en terreno público del dominio marítimo-terrestre a que realicen reformas y derribos que comprometen la viabilidad técnica y económica de las compañías.

En septiembre pasado se constituyó una plataforma de afectados en Madrid, dado que el cambio de criterio y la reforma en proyecto del reglamento de Costas afecta a los cerca de 8.000 kilómetros del litoral de España. Ahora, los perjudicados asentados en los 1.700 que conforman la ribera del mar gallega y que aportan el 2,8 % del PIB de la comunidad preparan una acción con la que remover conciencias, sensibilizar de la importancia de la cadena mar industria para asentar población en las zonas costeras y lograr apoyos a su causa. El objetivo es continuar desarrollando su actividad y creando riqueza y empleo sin moverse de los emplazamientos en los que llevan en algunos casos medio siglo, como Paquito, 51, o Tres Mares, 40 el año próximo en el que vencerá la concesión.

Tres Mares, además, está situada en un municipio que ya ha recibido un mazazo al estar también en el aire una de las fuentes más importantes de empleo: Ferroatlántica, en crisis por el problema de las industrias electrointensivas.

Fijar población

La acción conjunta, que preparan piscifactorías, depuradores y cocederos, incidirá en la capacidad del sector pesquero y la industria vinculada a este de fijar población en municipios que, de otra forma, se irían quedando vacíos. El presidente de los depuradores de Agade, Roberto Fariña, pone como ejemplo el Concello de Camariñas, donde el 23 % de la población está empleada en la pesca, porcentaje que se eleva al 46 % en A Illa de Arousa. Pero no es menos importante el ocupado en Xove, también con empresas afectadas (10 %) o en Boiro, el 12,4 %. En Galicia, ese porcentaje es del 1,8 %

Peso del sector

La conselleira de Mar, Rosa Quintana, señaló que se trata de un ataque directo «á línea de flotación do noso sector», a la parte intermedia del engranaje de una cadena, la del mar-industria, que en el 2011 alcanzó una cifra de producción de 3.705 millones de euros, según las tablas input-output elaboradas por el grupo de Economía de la Universidade de Santiago de Compostela. De esa facturación, 2.437 millones correspondieron a la industria conservera y de alimentos del mar y 1.271 al conjunto de los sectores marisquero, pesquero, mitícola y la piscicultura marina, «derivándose de ellos los impactos directos e indirectos, fundamentalmente sobre la economía gallega, pero también sobre la economía española y mundial. Además, a ese impacto hay que sumar el monto de las importaciones de productos para las factorías gallegas, que alcanzaron ese año 1.677 millones de euros.

Transición Ecológica continúa sin informar sobre cuántas empresas deben desalojar sus líneas de negocio que no necesitan estar en la ribera para poder seguir disfrutando de la concesión, como tampoco aclaró el punto en el que se encuentra la tramitación de la modificación del reglamento de la Ley de Costas que, según denunciaron los afectados, pretende reducir a 15 años, o a 3 en el peor de los casos el período de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

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